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Armando Abruza*: “El establecimiento de una OROP generaría una situación jurídica y políticamente inadmisible, con resultados impredecibles para la República Argentina”

En el caso del Atlántico Sudoccidental, más allá de las implicancias negativas antes señaladas que para los Estados ribereños trae aparejada la aplicación del Acuerdo de Nueva York, otra grave razón por la cual no debe ser ratificado por el Gobierno Argentino, reside en la circunstancia de que el establecimiento de una OROP en el Atlántico Sudoccidental generaría una situación jurídica y políticamente inadmisible, con resultados impredecibles para la República Argentina con motivo de la ocupación ilegal británica de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Ello, toda vez que los Estados miembros de una organización o partes en un arreglo regional o subregional de conservación y de ordenación pesquera son llamados a serlo sólo los Estados cuyos nacionales pescan en el área de alta mar adyacente a la zona económica exclusiva y los Estados ribereños de la región o subregión, todos los cuales participan en el mecanismo de adopción de decisiones de la organización o arreglo.

La situación objetiva que de tal modo quedaría conformada en el Atlántico Sudoccidental, es decir una organización internacional con Estados miembros pesqueros a distancia y Estados ribereños, permitiría legitimar como Estado ribereño al ocupante ilegal de los archipiélagos australes en disputa, coadyuvando a su afianzamiento.

Una situación de esa naturaleza no podría ser ignorada, aún si se formularan reservas de soberanía, declaraciones u otras objeciones por parte del Gobierno argentino en relación con la presencia británica. El Reino Unido o el pretendido gobierno colonial obtendrían el reconocimiento como tal por otros Estados miembros de esa organización o partes en el arreglo subregional, dando lugar a un proceso difícilmente reversible que tendrá como consecuencia socavar la soberanía territorial y marítima de la República Argentina en el Atlántico Sur y que acarrearía otras consecuencias en tiempo y espacio.

​En atención a lo expuesto, sería deseable que el Poder Ejecutivo comunique formalmente al Depositario del Acuerdo de Nueva York que la República Argentina no tiene la intención de hacerse parte en dicho instrumento o que retira su firma. En nuestra opinión, el Poder Legislativo, por su parte, debería proceder a la derogación de la Ley 25.290, aprobatoria del Acuerdo de Nueva York.

*  Armando Daniel Abruza es Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro Titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, miembro Académico del Observatorio Parlamentario sobre la Cuestión Malvinas de la H. Cámara de Diputados de la Nación y miembro del Instituto de Derecho Internacional Público de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.