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Empujada por la denuncia del Observatorio de la Energía sobre la participación británica en la licitación petrolera macrista en Malvinas Bertone amaga con ir a la Justicia pero solo para obtener información

Los 16 meses que transcurrieron desde el anuncio hasta la apertura de la licitación petrolera que puso en marcha el gobierno del presidente Mauricio Macri en el Atlántico Sur y en las proximidades de Malvinas, permiten establecer un seguimiento continuo respecto a todas las posibilidades que tuvo la gobernadora Bertone y que desechó para no involucrarse, ni informarse, ni denunciar y menos impedir que se concrete la primera fase de la transferencia de recursos naturales a Gran Bretaña a través de sus empresas y asociadas; ratificando por si misma a través de los hechos consumados, el acompañamiento continuo a la política probritánica que el macrismo puso en marcha en 2016. Imposibilitada de continuar en esa actitud frente a la contundencia de las denuncias documentadas en tres informes publicados por el Observatorio de la Energía OETEC, el Secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas Jorge Argüello amenazó que “ante la negativa de Nación de brindar información sobre las empresas que realizaron ofertas (…), no se descarta recurrir a la Justicia Federal para obtener tal información” y no para impedir el saqueo que se consumará el próximo jueves 16.

Con el asesoramiento profesional del Secretario de Estado Jorge Argüello, la gobernadora Rosana Bertone ha demostrado haberse encargado personalmente de ocultar la monumental entrega de recursos que el gobierno de Mauricio Macri ejecuta a través de la licitación petrolera en las proximidades de Malvinas, y que habilitó la participación y adjudicación a la empresa británica Tullow Oil y a una segunda noruega Equinor, cuyo directorio está integrado por una ex funcionaria que fue miembro del gobierno ilegal ingles que usurpan las islas desde 1883.

Veamos la secuencia. En 13 de diciembre de 2017, fecha en que se conmemoró el 110 aniversario del Petróleo en la Argentina, el primer ministro de Energía de la Nación de la era Macri, Juan José Aranguren; anunciaba oficialmente estar elaborando una licitación internacional para explorar áreas costa afuera en aguas del Atlántico Sur y en las proximidades de Malvina. «Tenemos una de las áreas del mundo menos exploradas del mundo que es nuestra plataforma continental, por lo tanto hoy estamos informando que nosotros lanzaremos la Ronda 1 del Plan de Exploración offshore para julio del año próximo. Esta primera ronda va a incluir una vasta región de la Plataforma Austral Norte (5.000 km2); la Cuenca Malvinas Oeste (90.000km2) y la Cuenca Argentina Norte (130.000 km2)», detallaba Aranguren en el almuerzo anual del Instituto Argentino de Petróleo y Gas IAPG.

En agosto de 2018 desde la agencia inglesa de noticias Reuter la información tuvo alcance mundial. Y en septiembre desde Houston (EEUU), el segundo ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, formalizaba el anuncio de su antecesor.

Los detalles de la licitación se conocieron el 2 de octubre cuando el Gobierno Nacional publicó el Decreto 872, que estableció las bases y condiciones de los pliegos.

Días después de publicado el decreto, el Observatorio de la Energía OETEC que dirige el bioquímico y biotecnólogo Federico Bernal, realizaba tres advertencias medulares: en primer término, sobre la “prórroga de jurisdicción a favor de tribunales internacionales (CIADI, entre otros) para las 38 áreas” incluidas en la licitación; en segundo término, que la Cuenca Malvinas Oeste -una de las tres cuencas incluidas en el concurso-, al estar muy próxima al archipiélago malvinero, “se constituía automáticamente en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional”, asunto que el Decreto no hace el más mínimo reparo; y, en tercer término, que la licitación respondía “a la urgente necesidad de recaudar dólares frescos para financiar el blindaje” que le otorgó a la gestión presidencial de Mauricio Macri el FMI.

Hasta la apertura de los sobre que se realizó este 16 de abril (2019), Bertone tuvo -desde el anuncio de Aranguren– más de 16 meses para recabar información y oponerse; y otros 22 días hasta ayer, en que recién salió a pronunciarse. No porque posea un interés genuino, sino empujada por la información elaborada por el Observatorio de la Energía, debido a que pese a los millones de pesos que reparte a los medios, no pudo impedir que la noticia se difundiera: el gobierno de Macri le está entregando 3 áreas petroleras de la Cuenca Malvinas Oeste a la británica Tullow Oil y otras 7 a la noruega Equinor, cuyo directorio está integrado por la ex asesora de Tullow y del gobierno colonial británico que usurpa las islas en materia petrolera;  Anne Drinkwater.

En un comunicado de prensa que se distribuyó ayer, el Secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas Jorge Arguello, el hombre que compartió boleta con Mauricio Macri en 2003, el que reporta directamente a Fulvio Pompeo y a Marcos Peña, el que se incorporó al gobierno de Bertone con acuerdo del Canciller Jorge Faurie para ayudarla a ocultar la faraónica entrega de la soberanía nacional que se está ejecutando dentro de la jurisdicción fueguina; salió a expresar que “ante la negativa de Nación de brindar información sobre las empresas que realizaron ofertas para la exploración de tres cuencas en la Cuenca Malvinas, no se descarta recurrir a la Justicia Federal para obtener tal información” y no para impedir el saqueo que está anunciado se concretará el próximo jueves 16.

Aún así y pese a lo perentorio de los plazos, a los anuncios dados por la Secretaría de Energía y las propias petroleras oferentes, Argüello justificó la inacción y falta de compromiso patriótico del gobierno de Bertone para no ocuparse de defender los recursos naturales de los argentinos bajo jurisdicción provincial, alegando que “aún no se ha adjudicado ningún área a ninguna empresa”, que la licitación se encuentra en “aguas de estricta jurisdicción nacional” y “fuera de las 12 millas marinas que se les otorgan a las jurisdicciones provinciales de conformidad a la ley 26.197”.

Navegando en un mar de contradicciones y espoleado por la necesidad de salir a dar alguna declaración protocolar a la prensa, el mismo Argüello que dice que la licitación se encuentra fuera de la jurisdicción provincial, dando a entender que la defensa de Malvinas no es de competencia fueguina, aseguró que están llevando a cabo “todos los pasos administrativos y legales que la ley establece”, y a la espera de la respuesta del Ejecutivo nacional “a efectos de avanzar en la adopción de las medidas administrativas y/o judiciales correspondientes a efectos de salvaguardar nuestros legítimos derechos sobre nuestras Islas Malvinas y sobre nuestros recursos no renovables”.

De no mediar alguna acción contundente en el ámbito de la justicia federal, el próximo jueves 17 el gobierno de Macri habrá concretado la adjudicación a este grupo de empresas petroleras británicas y a sus socias, la primera fase del proceso de transferencia soberana entorno a Malvinas, otorgándole a Gran Bretaña a pesar de lo que contrariamente establece la Constitución Nacional y las Leyes, una nueva jurisdicción más allá de lo que ya ocupan por la fuerza, en su rol de potencia colonial usurpadora.