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Malvinas: La urgencia de un planteo estratégico

“Resulta fundamental reinstalar una estrategia diplomática multilateral activa y, junto con ello, identificar los intereses empresariales británicos o de cualquier otro país que hoy están presentes en las actividades económicas ilegalmente realizadas en las islas y en los frentes marítimos usurpados, a los efectos de obstruir la posibilidad que continúen en un ejercicio de ilegalidad manifiesta, a través de la denuncia y la afectación de sus intereses en materia de inversiones”.
* Gustavo Lahoud

Un nuevo 2 de abril nos encontró a todos los argentinos ante la recurrente interpelación política que la causa Malvinas genera en toda la comunidad.

A 37 años de la dolorosa experiencia de una guerra que no debió ser, pero que fue llevada adelante por la ya desfalleciente camarilla militar que gobernaba a sangre y fuego los destinos de nuestro país, es importante que pongamos sobre la mesa lo que hoy significa la causa Malvinas, las implicancias político-diplomáticas, económicas, militares y geopolíticas de la perduración de un escenario de ocupación colonial perpetrado por Gran Bretaña y que hiere profundamente las capacidades de control soberano de nuestro país en todo el espacio del Atlántico Sur.

Luego de más de tres años de administración de Cambiemos, hemos instalado nuevamente una peligrosa discontinuidad a fuerza de simbólicos golpes de efecto vacíos de contenidos pero plenos de carencia de visión estratégica ampliada en el asunto Malvinas.

En efecto, ya desde 2016, el gobierno nacional priorizó un acercamiento bilateral con Gran Bretaña, que se caracterizó por un nuevo intento- al modo de la frustrada experiencia de los ’90 durante el menemismo- de construir una agenda de “cooperación”, en cuyo marco podría orientarse un tratamiento particular del diferendo por la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias, Sándwich del Sur y espacios marítimos circundantes.

El instrumento para la concreción de esta línea de trabajo- que supuso una nueva discontinuidad con la política heredada del kirchnerismo que centró sus reclamos en la presión internacional en distintos organismos regionales y mundiales y en una política más confrontativa con la consolidación de los escenarios de hechos consumados por parte de los británicos en el Atlántico Sur- fue la denominada Declaración Foradori-Duncan, del 13 de septiembre de 2016 , en tiempos en que Susana Malcorra se desempeñaba como Canciller de la República Argentina.

En efecto, esa declaración instaba a encarar discusiones y reuniones para avanzar en los más diversos campos de la relación bilateral- desde la cuestión de los vuelos y el vínculo de las islas con el continente, pasando por la pesca, hidrocarburos, inversiones y comercio-, lo cual generó una verdadera conmoción en todo el arco político-institucional y en diversos sectores sociales, a tal punto que tanto la Canciller Malcorra como el Vicecanciller Carlos Foradori debieron comparecer ante las respectivas Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado, a fin de “aclarar” los alcances de lo firmado, más aún teniendo en cuenta el permanente reclamo por la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Debe recordarse que en aquella ocasión el gobierno nacional insistió en que era una mera declaración en la que “se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas, incluyendo el comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.

Asimismo, esta declaración abrió escenarios concretos de cooperación, en un contexto de persistencia del conflicto fundamental por la ocupación británica sobre nuestras islas y zonas marítimas y de consolidación de políticas unilaterales en materia de pesca y prospección hidrocarburífera , que han agravado la pérdida de control y acceso soberanos, como  así también han consagrado un despojo en continuado que lleva décadas de ilegales e ilegítimas concesiones pesqueras otorgadas por parte de la administración kelper a barcos de origen asiático y europeo fundamentalmente.

Esos escenario de cooperación abierto por la declaración de 2016, pese al daño patrimonial continuado que la ocupación británica implica, orientó también  el objetivo hacia la política antártica, instando a la evaluación de áreas de posible cooperación en esa materia, lo cual incluía intercambios, actividades conjuntas y acuerdos entre los programas científicos del Instituto Antártico Argentino y el British Antarctic Survey, en un contexto en que Gran Bretaña consolida una política de acercamiento con Chile y Argentina en función de sus intereses permanentes de proyección de poder e influencia en la región antártica.

Por cierto, teniendo en cuenta que la Antártida es un territorio que está bajo la protección de un Tratado que regula las actividades científicas y cooperativas que pueden realizarse entre sus miembros en un escenario en el que lo que prima es la caracterización de la región como reserva natural protegida, cualquier estratégia de cooperación es más que bienvenida, más aún cuando desde ese espacio geoestratégico se apuntala la investigación ambiental en gran escala vinculada con las problemáticas del cambio climático. Pero ello no es obstáculo para que se comprenda que los británicos, como los argentinos y chilenos han hecho reserva de soberanía previamente a la firma del Tratado y Gran Bretaña ostenta una situación permanente de ocupación colonial en el Atlántico Sur, lo cual implica que la relevancia geopolítica de sus intereses nacionales como potencia europea de la OTAN, deben ser puestos en el tablero de control de los análisis que se realicen, más allá de las declaraciones de buenas intenciones….

En este escenario, no debe perderse de vista que en marzo de 2016, la Comisión del Límite Exterior de la Plataforma Continental- que funciona en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar-, ratificó la propuesta de demarcación del límite exterior de la plataforma continental realizada formalmente por Argentina en 2009, luego de años de estudios complejos y de diversas misiones oceanográficas. Ello significó que, entre las 200 millas marinas y el límite exterior, la Argentina sumara 1.700.000 kilómetros cuadrados a su superficie, que se suman a los 4.800.000 kilómetros cuadrados comprendidos entre las líneas de base y las 200 millas marinas.

Aquí hay que tener en cuenta, además, que el Gobierno kelper ha desarrollado, desde hace casi treinta años, una “exitosa” explotación económica de las riquezas ictícolas existentes en el mar territorial y la plataforma continental de las islas Malvinas, generando un “efecto riqueza” nunca antes conocido por esta población implantada artificialmente hace ya dos siglos por los británicos. Estos extraordinarios ingresos se han sustentado en las licencias pesqueras que el Gobierno kelper ha otorgado ilegalmente, desde hace tres décadas, para consumar la explotación de uno de los principales recursos de la región.

Hoy, ante un contexto geopolítico mundial acuciante en términos de lucha por el control y el acceso a recursos naturales estratégicos como los hidrocarburos y minerales, las Malvinas y el mar circundante, son parte de un renovado interés geoestratégico de los británicos y los kelpers, asociado, esta vez, a la potencial explotación de las riquezas hidrocarburíferas existentes.

En efecto, en la última década, la potencia colonial ocupante, ha sido el garante de un avance significativo del Gobierno kelper en materia de prospección y exploración hidrocarburífera, a tal punto que, si bien estamos lejos de tener un escenario de reservas probadas que posibilitarían una explotación masiva en el corazón del Atlántico Sur, sí estamos ante la eventualidad que los kelpers comiencen a explotar, en forma acotada, algunas de las áreas que ya han sido exploradas en los últimos años.

Ello es lo que está ocurriendo, a modo de caso paradigmático, con el yacimiento Sea Lion, ubicado al norte de las islas, donde había prospectos de explotación acotada en los próximos años. Por cierto, una coyuntura de precios del petróleo oscilante y con valores significativos aunque lejanos a los super precios de los primeros años del siglo anteriores a la crisis financiera de 2008, como la que se vive actualmente, sumado a los extraordinarios costos de explotación asociados a las difíciles condiciones geológicas y climáticas de la región, junto con el exorbitante costo de las plataformas de extracción offshore, configuran obstáculos serios y persistentes a la hora de evaluar la celeridad con la que podrían avanzar estos proyectos.

Por ende, si bien esta particular situación de la coyuntura conspira contra la factibilidad de un masivo escenario de exploración y explotación hidrocarburífera, no es menos cierto que existe una planificación consciente por parte del Gobierno británico, la Administración kelper y empresas como Premier Oil, Rockhopper Exploration y Falkland Oil & Gas- todas británicas- o Noble Energy- estadounidense-, para consolidar una presencia en la región y avanzar todo lo posible en los futuros proyectos exploratorios y de explotación.

Esta decisión, debe analizarse vis a vis al objetivo británico de consolidar su presencia naval en esta región estratégica en el mundo, como así también en el contexto del declinante escenario productivo que este país afronta en el Mar del Norte, donde el petróleo de fácil extracción comienza a escasear y se necesitan explorar nuevas alternativas en materia de aprovisionamiento futuro de recursos fósiles, cuyo control y acceso es aún tan crítico como hace más de cincuenta años. A su vez, los mares comienzan a ser un escenario de creciente conflictividad, y no sólo entre grandes potencias como Gran Bretaña, China o Estados Unidos, sino entre potencias de mediana capacidad de poder, todo lo cual haría previsible que las competencias interestatales por recursos minerales e hidrocarburíferos que podrían extraerse de los mares se incrementen, generando disputas por el control y el acceso a las áreas de plataforma continental y zonas exclusivas entre países con litoral marítimo.

En este marco, resulta preocupante que el enfoque multilateral que la Argentina supo consolidar en los principales foros regionales y globales en defensa de sus intereses nacionales en el Atlántico Sur, haya sido deliberadamente debilitado en pos de encarar caminos de acercamiento bilateral con Gran Bretaña, que se ponen en marcha sobre la previa consolidación de una relación desequilibrada, sustentada en el ejercicio permanente e ilegítimo de la ocupación territorial y marítima y el consecuente aprovechamiento económico que deviene de esa situación.

Es por ello que hoy resulta fundamental reinstalar una estrategia diplomática multilateral activa y, junto con ello, identificar los intereses empresariales británicos o de cualquier otro país que hoy están presentes en las actividades económicas ilegalmente realizadas en las islas y en los frentes marítimos usurpados, a los efectos de obstruir la posibilidad que continúen en un ejercicio de ilegalidad manifiesta, a través de la denuncia y la afectación de sus intereses en materia de inversiones.

En este plano, nuestro país cuenta con un instrumento normativo vigente- la ley 26.659, sancionada en 2011- que impide que cualquier empresa, sea nacional o extranjera, pueda acceder a explotaciones de recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina, sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina.

En forma complementaria, hacia fines de 2013, esta legislación fue parcialmente modificada a través de la ley 26.915, mediante la que se establecieron multas concretas medidas en valores volumétricos de crudo, junto con penas efectivas de prisión e inhabilitación para todos aquellos agentes económicos que estuvieran realizando tareas exploratorias o de explotación de hidrocarburos en el mar territorial argentino y en la Plataforma Continental Argentina.

A su vez, no sería descabellado encarar una evaluación integral sobre determinadas medidas a adoptar con los activos británicos en sectores estratégicos de la economía nacional, como es el caso de la participación de British Petroleum asociada a Pan American Energy y a los chinos de CNOOC en Cerro Dragón, principal yacimiento hidrocarburífero del país.

Estas normativas, si bien constituyen herramientas importantes que le darían al Estado argentino la posibilidad de imponer costos y obstruir el camino de la política de hechos consumados que los británicos perpetran en el Atlántico Sur, deben ir de la mano de un replanteo estratégico integral de las distintas capacidades estatales que deben intervenir para asegurar su cumplimiento.

Es aquí donde nos encontramos en serios problemas, ya que las referidas capacidades estatales, remiten no sólo a los instrumentos efectivos que, desde lo normativo hasta lo impositivo y fiscal deben ponerse en marcha, sino a las capacidades de producción de inteligencia estratégica militar y de disuasión efectiva que todo país debe tener para asegurar la protección de sus intereses vitales y estratégicos ante una amenaza permanente, como la que comporta Gran Bretaña con la consolidación de su status colonial en el Atlántico Sur.

Este costado de la problemática no es menor, ya que resulta imprescindible contar con instrumentos y logística para la realización de inteligencia estratégica en áreas claramente vinculadas con la defensa de nuestros intereses vitales. Ante ello, lo peor que podría hacerse es convertir en “rutinarios” los ya clásicos aprestos británicos de ensayos bélicos en el Atlántico Sur, ya que, entre otras cuestiones, ponen el foco en la incapacidad estructural de nuestros sistemas de defensa en pos de proveer un entorno estratégico seguro, confiable y predecible para nuestros intereses vitales. En este punto, es importante recordar que una de las principales herramientas de detección, vigilancia y control que teníamos desplegada en nuestros mares, el submarino ARA San Juan, se hundió en noviembre de 2017 y transcurrido más de un año de ese lastimoso hecho, aún hoy no sabemos lo que realmente ocurrió con la embarcación, que se llevó la vida de 44 argentinos y argentinas, aunque sí supimos que fue encontrado luego de un año, en noviembre de 2018, en una especie de broma macrabra del destino, de la mano de la indolencia y negligencias oficiales. En cualquier caso, ese triste episodio de la historia reciente ha puesto en circulación muchas sospechas, entre ellas, las vinculadas a la obsolescencia de los medios militares disponibles para la efectiva defensa de nuestros bienes y espacios estratégicos.

Este último punto no es menor, ya que las sucesivas administraciones nacionales, en los últimos 25 años, han sido copartícipes de un deterioro institucional y operativo de todo el sistema de defensa nacional- que incluye desde el instrumento militar hasta la capacidad de generar información relevante que sea útil para comprender posibles escenarios conflictivos o amenazantes a nuestros intereses nacionales-, lo cual nos ha dejado en una posición relativa altamente vulnerable en el sistema internacional. Asimismo, no deja de ser inquietante la acumulación de serias sospechas, en los últimos años, sobre el “ilegal uso” de parte de esos recursos para la realización de tareas ligadas a “espionaje interno” que, como es de público conocimiento, están taxativamente prohibidas por nuestro marco normativo en materia de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional.

Más allá de estos claroscuros, durante los últimos años, se registraron tímidos ensayos de coordinación colectiva en el marco de la nueva institucionalidad creada, como el Consejo Sudamericano de Defensa de la UNASUR. Ello había posibilitado el margen de maniobra para comenzar a discutir regionalmente una agenda común en la materia, uno de cuyos ejes centrales, había sido la profundización de las acciones tendientes a consolidar el Atlántico Sur como zona de paz, lo cual constituía ya un activo simbólico y real de nuestro acervo político-diplomático.

Sin embargo, macrismo mediante, Argentina suspendió su membresía en la UNASUR, al igual que otros cinco países sudamericanos, abriendo la perspectiva segura de destrucción de ese instrumento de concertación regional, al tiempo que encara un nuevo tipo de vínculo estratégico con Brasil, Chile, Colombia, entre otros, con mirada a los Estados Unidos, en el contexto del agravamiento de la crisis venezolana.

Ante el preocupante cuadro internacional, regional y nacional que hemos descrito en lo que respecta al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes, estimamos fundamental que nuestra dirigencia política asuma, de manera responsable, la continuidad de activas acciones diplomáticas y político- institucionales en todos los ámbitos regionales y mundiales, promoviendo no sólo las vías adecuadas para la solución pacífica de la controversia, sino la abierta denuncia del inaceptable proceso de militarización que los británicos están consolidando con su ocupación colonial en el Atlántico Sur,  al tiempo que debemos garantizar un proceso gradual de reconstrucción de nuestras capacidades estatales nacionales que nos permitan, en el largo plazo, ejercer nuestra soberanía política y económica, de manera previsible y en un marco de consolidación de la integración regional, preservando al Atlántico Sur como zona de paz y libre de proliferación de todo tipo de armas de destrucción masiva.

* Gustavo Lahoud, es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador USAL, magister en Defensa Nacional, egresado de la Escuela de Defensa Nacional. investigador en geopolítica de la energía y de los recursos naturales. Asesor Parlamentario en política exterior y recursos energéticos.

FUENTES CITADAS:

1 – http://www.lanacion.com.ar/1937581-malvinas-avance-entre-la-argentina-y-gran-bretana-sobre-vuelos-y-petroleo

2 – http://xn--lasealmedios-dhb.com.ar/2018/06/02/antartida-y-malvinas-acuerdos-argentino-britanicos-que-perjudican-nuestra-soberania/

3 – http://xn--lasealmedios-dhb.com.ar/2018/06/02/antartida-y-malvinas-acuerdos-argentino-britanicos-que-perjudican-nuestra-soberania/

4 – http://www.lanacion.com.ar/1883979-soberania-y-recursos-ejes-del-fallo-de-la-onu-sobre-la-extension-territorial

5 – http://www.cronista.com/financialtimes/La-caida-del-crudo-no-desalento-a-las-petroleras-en-Malvinas-20150320-0071.html

6 – https://mondiplo.com/la-guerra-del-petroleo-se-desarrolla-en-el-mar