DestacadoMALVINASNACIONALESRECURSOS NATURALES

Aguda crítica del Observatorio de la Energía OETEC al fallo de la jueza Mariel Borruto rechazando la acción de amparo y las cautelares contra la licitación nacional que habilitó la participación de las petroleras británicas

Bajo el título “Adjudicación offshore: Jueza Borruto y un fallo que debilita el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas”, el Observatorio de la Energía Tecnología, e Infraestructura para el Desarrollo OETEC, realizó una pormenorizada crítica a la sentencia de la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto; quien ayer rechazó la acción de amparo y las medidas cautelares promovidas por el intendente de Río Grande Gustavo Melella, con el objeto de frenar la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL COSTA AFUERA N° 1, que el 2 de octubre del año pasado, el Gobierno Nacional puso en marcha y que el 16 de mayo último adjudicó áreas petroleras a empresas británicas en la Cuenca Malvinas Oeste.

En el día de la fecha (4 de mayo de 2019), la Señora Mariel Borruto, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de la Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, dictó un fallo cuyas consideraciones a continuación exponemos.

En primer lugar, advertir que las concesiones son de explotación y que cuando hablamos de exploración, la ley habla de permisos. Es por ello que, si hubiera tenido la cautela de leer los informes enviados desde este Observatorio, allí se cita la Ley de Hidrocarburos, la cual hace honor a esa importante diferenciación. No obstante, incluso de la propia letra del Decreto cuya inconstitucionalidad solicitaba las autoridades de la intendencia de aquella ciudad, también hace esa sutil pero importante diferenciación.

En segundo lugar, de los considerandos surge que se plantea que la Secretaria de Gobierno de Energía «…desoye las directrices de las leyes ambientales nro. 25.675, 26.915, 26.659…». Advertimos también que las leyes 26.915 y 26.659 no son leyes ambientales, sino que son normativa que establece la sanción administrativa de inhabilitación, e incluso sanciones penales, para las empresas que operan en la Argentina y que asimismo lo hicieran bajo el régimen colonial kelper. Es decir, el objetivo es desalentar a las empresas a ser jugadores en el territorio nacional, incluyendo por supuesto aquel que está sujeto a la disputa de soberanía, conforme reconoce Naciones Unidas. A propósito, consideramos hubiera sido interesante que vuestra señoría se tome el trabajo de leer la normativa y legislación que nuestros informes indicaban.

En tercer lugar, la mencionada jueza estableció que «…con mas el alerta que supone la invocación de un supuesto avance foráneo sobre la jurisdicción de la parte…». Hubiera sido importante llevar a cabo la lectura del Decreto 872/2018 que estableció la prorroga de jurisdicción, ya que el «supuesto avance» no es supuesto, sino concreto. Sin quererlo, la magistrada está permitiendo que las cuestiones jurídicas vinculadas a territorios tan sensibles para nuestro país sean definidas en tribunales extranjeros.

En cuarto lugar, entristece leer que «…tome distancia de elección de dar estado público al presente asunto…». Sobre el particular, queremos informar que las cuestiones judiciales, salvo que las mismas estén bajo secreto de sumario por tratamiento procesal, tienen carácter público. Y que si a lo que se refiere con «…dar estado público…», es a que la cuestión tome relevancia mediática, qué cuestión sino las Islas Malvinas deben ser comunes a todos los argentinos y las argentinas, pregonando por la ratificación de la soberanía en todo ámbito social, político y mediático habido y por haber. Estimada Jueza: la cuestión es efectivamente «de estado público» porque es una temática que abraza al pueblo más allá de toda bandera política o ideología.

En quinto y último, Borruto señala que el amparo «…procederá cuando se logre acreditar un daño cierto, concreto, actual (o inminente) …». Al respecto, preguntamos: si no es este el momento procesal para interponer la cautelar y analizar el fondo de la cuestión, ¿cuándo es entonces? ¿Acaso cuando las empresas ya estén en actividad exploratoria en la zona y se constaten derrames o la afectación de flora y fauna local como ya ha ocurrido en el archipiélago precisamente por la avanzada petrolera británica?

Para terminar, y tal vez adelantándonos a una crítica que se nos pudiera formular sobre ser supuestos generadores de «inseguridad jurídica», afirmamos sin temor a equivocarnos que la decisión de la Secretaría de Energía de adjudicar las 18 áreas en Mar Argentino, así como de la Jueza Borruto de rechazar la acción de amparo colectivo de la Municipalidad de Río Grande, significa lisa y llanamente otorgar legitimidad a la falta de legitimidad natural de esos títulos exploratorios por violación a la normativa hidrocarburífera. Las empresas serán titulares de un derecho del cual no pueden ser titulares, generando a partir de este acto la inseguridad jurídica base de la defensa de ellas mismas.

En fin, se esperaba un fallo, aunque contrario, más contundente y preciso sobre la normativa, así como más profundo en cuanto al análisis de las cuestiones planteadas. En apenas cuatro hojas, escritas según parece a las apuradas y con imperdonables errores, Mariel Borruto se constituyó como parte en la estrategia de debilitar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

 

Fuente: Diario The Times (Reino Unido), abril de 2012. La nota extrapola el desastre medioambiental offshore en el golfo de México, de la británica BP (que ganó licencias en la Cuenca Argentina, frente a la provincia de Buenos Aires), a eventuales desastres por parte de las petroleras alrededor de las Malvinas. Se lee en el primer párrafo: «An oil spill in the Falkland Islands could be almost three times the size of BP’s Deepwater Horizon disaster and could reach Argentinian waters within a fortnight, according to a company that will drill its first deepwater well there in June». Traducimos a la Jueza Borruto: «Un derrame en las Islas Malvinas puede ser hasta tres veces peor en tamaño que el desastre de BP… y puede alcanzar aguas argentinas en una noche, de acuerdo a una compañía que perforará allí su primer pozo en aguas profundas en junio». Como este artículo de The Times, innumerables ejemplos más. No obstante, para la magistrada no hay amenaza medioambiental hasta que no ocurra el daño. En cuanto a la disputa de soberanía, de su escrito parece ser una cuestión sin importancia o improcedente.

FUENTE: oetec.org