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La Jueza Federal Mariel Borruto rechazó el amparo y las medidas cautelares contra la adjudicación petrolera a empresas británicas promovida por el intendente de Río Grande Gustavo Melella

La Jueza Federal de Río Grande Mariel Borruto, rechazó la acción de amparo y las medidas cautelares promovidas por el intendente de Río Grande Gustavo Melella, con el objeto de frenar la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL COSTA AFUERA N° 1, que el 2 de octubre del año pasado, el Gobierno Nacional puso en marcha y que el 16 de mayo último adjudicó áreas petroleras a empresas británicas en la Cuenca Malvinas Oeste. La decisión judicial concentra en un enfoque exclusivamente ambiental la ley Nro. 25.675 y las 26.915 y 26.659, que ajenas a la temática, establecen sanciones administrativa de inhabilitación, e incluso sanciones penales, para las empresas que operan en la Argentina y que también lo hicieran bajo el régimen colonial británico en Malvinas.  El tribunal federal considera que dicha licitación tiene por objeto inicial el de exploración y no de explotación hidrocarburífera, por cuanto no existirá en esta primera etapa, ninguna perforación que pudiera provocar una hipotética fuga o derrame petrolero y con ello, poner en riesgo el ambiente del litoral marítimo argentino. La resolución de Burruto no coindice con dictamen del Fiscal Marcelo Rapoport que el jueves 30 de mayo entendió que se encontraban “satisfechos los requisitos de admisibilidad de la MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA”. Desde el municipio adelantaron que apelarán la medida.

 

LOS FUNDAMENTOS y LA RESOLUCIÓN DE LA JUEZA
AUTOS Y VISTO:

Este expediente nro. 8677/2019 caratulado: “Melella Gustavo Adrián c/ ESTADO NACIONAL ARGENTINO – PODER EJECUTIVO- SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA DE LA NACIÓN S/AMPARO COLECTIVO”, y

CONSIDERANDO:

Que se ha presentado ante este Tribunal el Señor Intendente de la Ciudad de Río Grande, Profesor Gustavo Adrián Melella, invoca los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, entendiendo le legitima para sostener acción de amparo contra el Estado Nacional, por conducto del Ministerio de Hacienda, Secretaría de Gobierno de Energía, pues su accionar en el marco de la concesión de áreas para exploración de petróleo, desoye las directrices de las leyes ambientales nro. 25.675, 26.915, 26.659 y las que condicionan la legitimación de determinadas empresas para ser adjudicatarias de las zonas a explorar.

Como cuestión preliminar y sin perjuicio de las ponderaciones que se me impone recorrer para el estudio de la presente acción, este Tribunal ha actuado con cerrado apego a las directrices de la normativa de la Ley de Amparo y de tratamiento de las cautelares, con más el alerta que supone la invocación de un supuesto avance foráneo sobre la jurisdicción de la parte, sin dudas, más sensible de nuestra Provincia y nuestro país, cual es la jurisdicción de nuestras Islas Malvinas. Conceptualmente debo tomar distancia de la elección de dar estado público al presente asunto –en el estado larval del proceso- por propia elección y decisión de los accionantes, cuando la naturaleza de su planteo y pedidos conceptualmente imponen: (1)  su reserva e inaudición a la contraria y (2) procurar  se evite que la información fluya distorsiva en el ámbito de la comunidad, generando desconcierto y falsas expectativas.

Ahora bien, a un día de ingresada la presentación, este Tribunal corre la vista al Sr. Agente Fiscal en orden a que se pronuncie a la luz del libelo del pretensor sobre la competencia, la legitimación de la presentación en el marco de los intereses colectivos que se irroga, y sobre la admisibilidad de las cautelares solicitadas.

Así las cosas, a fojas 101/105 el Ministerio Público solicitó pruebas para volver a pronunciarse, una de ellas ya propuestas por el propio Intendente, además se ofició al ente señalado por la pretensora Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), obran en autos sendas piezas oficiarias que a petición de la pretensora, se diligenciaron con habilitación de días y horas inhábiles.

Con fecha 27 de mayo se recibe la respuesta proveniente del área de energía que, agregado, luce a fojas 112/189 y arroja esta información:

  1. a) Corrobora que se halla en trámite el proceso de concesión de las áreas a explorar en áreas costa afuera de la Plataforma Continental Argentina, aprobado por la Resolución Nro. 65 del 4 de noviembre de 2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía. En este marco, remite copia del pedido de informe a la institución competente, cual es la Dirección General de Coordinación Legal Hidrocarburífera dependiente de la Subsecretaría Legal de la Secretaría de Gobierno de Energía, para que se sirva informar sobre la legitimación de las empresas postulantes a acceder a las áreas a explorar para la posterior explotación de hidrocarburos; ella, a tenor de la normativa de cita, debe informar y documentar sobre las circunstancias o elementos impedientes de la o las empresas postulantes para explorar en las zonas marítimas ofrecidas; acompaña los informes respectivos y documentados;
  2. b) Respecto de los informes sobre impacto ambiental, informa que han de realizarse en el plazo de veinte (20) o treinta (30) días previos a iniciar cualquier tipo de trabajo que implique una perforación de los pozos exploratorios, prospección sísmica o construcción de instalaciones nuevas a tenor de las prescripciones de la Resolución N° 25/2004 de la Secretaria de Energía, en orden a que guarden proximidad temporal con el inicio de las obras. En tanto el informe del Ente dice que en art. 14 del Pliego de Bases y Condiciones para seleccionar a las empresas que tendrán a su cargo la exploración y eventual explotación y Desarrollo de Hidrocarburos en áreas costa afuera de la Plataforma Continental Argentina se establecen las condiciones de los permisionarios y/o concesionarios respecto al medio ambiente siendo aplicable en la especie la resolución anteriormente citada.

Ahora bien, a tenor de las observaciones apuntadas por el accionante, en cuanto refiere  que a su juicio importarían una omisión a la normativa que debe recorrer el Estado Nacional Argentino a través del  Ministerio de Hacienda para la concesión de las áreas a explorar, claramente se desprende que confrontadas con los informes de las áreas dependientes del Estado Nacional Argentino, surge que se encuentran encaminadas, en trámite y actuando los agentes de control que la legislación señala han de intervenir, no sólo como se ha señalado en los puntos a) y b), sino también como se expone en el informe de OEPEC, obrante en autos.

Así las cosas se impone este confronte, en orden a decidir sobre la admisión del trámite pretendido por el Señor Intendente, toda vez que la Ley 16.986 de Amparo, vía elegida por el Sr. Intendente,  impone al director del proceso la concurrencia de requisitos que habiliten la instancia, cito: “La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o  inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional…” Nuestra Corte Suprema de Justicia, sostiene: “…Quedan fuera del radio de cobertura  de la acción de daños futuros, hipotéticos y conjeturales.”      

Claramente pues, emerge de la lectura de la Ley de Amparo 16.986, se requiere para habilitar la vía de la excepción que se acredite al menos verosímilmente, un acto arbitrario que avance o se avizore pueda llegar a alterar un derecho, en el caso el ambiental y aún el del ejercicio de la soberanía.

Así, oído al accionante respecto de las omisiones del Estado Nacional, respecto del estudio ambiental requerido, ha contestado la Secretaría de Gobierno, manifestando que forma parte del procedimiento, de conformidad a lo que se describe en la reglamentación contenida en las Normas para la Presentación de los estudios Ambientales correspondientes a los Permisos de Exploración y concesiones de Explotación de Hidrocarburos Resolución Pública 25/2004,  que determina que se encuentra a cargo las empresas adjudicatarias, y se reglamenta específicamente su realización:  veinte (20) o treinta (30) días previos a iniciar cualquier tipo de trabajo que implique una perforación de los pozos exploratorios, prospección sísmica o construcción de instalaciones. Y, tomando en cuenta la fecha en que las empresas adquieren los permisos – julio de 2019 conforme surge del gráfico de fs. 173-la obligación de presentar los informes de impacto ambiental aún no son exigibles.

En otro orden, y respecto de las empresas a quienes eventualmente se les adjudicará las zonas a explorar, manifiesta la Secretaría de Energía que, conforme a la reglamentaria se ha requerido informe sobre la legitimación y condiciones para acceder a la adjudicación de los permisos de exploración de las empresas, a la Dirección Nacional de Malvinas e Islas del Atlántico Sur dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y explica el informe de OEPEC la jurisdicción provincial y nacional y su consecuente autoridad de aplicación.

Consecuentemente, a la luz de las consideraciones expuestas no advierte esta Magistratura que el accionante, conforme le imponen el artículo 1, 2 y concordantes de la Ley 16.986, haya cumplido en arrimar, siquiera verosímilmente, el acto arbitrario e ilegal que invoca, debiendo además, cuando lo hubiera, exhibir su actualidad, no consignada y tampoco puede evidenciarse de los elementos colectados en este estado del proceso.

Nuestra Corte ha sostenido respecto a la actualidad del daño, que “el juicio de amparo constituye un remedio excepcional cuyo objeto se agota en ordenar el cese inmediato de la conducta estatal manifiestamente ilegítima”, en esta inteligencia, al no emerger el comportamiento tachado de lesivo resulta inoficioso un pronunciamiento al respecto: el daño no sólo deber ser actual sino también debe ser cierto. En suma, el amparo procederá cuando se logre acreditar un daño cierto, concreto, actual (o inminente) a un derecho del cual es titular el amparista. No procede, en cambio, cuando el agravio sea conjetural o hipotético, no inminente (es decir, situado en un futuro no inmediato).

Interesa subrayar que la alegación y demostración del peligro inminente de daño corre por cuenta del promotor del amparo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que la acción de amparo constituye una vía excepcional que, cuando se alega la inminencia de un daño, sólo procede si dicha inminencia es tal que autorice a considerar ilusoria una reparación ulterior, circunstancia que, como es obvio debe acreditar fehacientemente quien demanda.

Conteste con lo expuesto,

RESUELVO:         

             1.- Rechazar, por los fundamentos expuestos y en los términos del artículo 2 de la ley 16.986, la acción de amparo, como así también las medidas cautelares – por resultar accesorias de aquella- promovida por el Intendente de la ciudad de Río Grande, Profesor Gustavo Melella.                 

2.- Regístrese. Notifíquese en la forma de rigor al accionante y al Ministerio Público Fiscal.

 

MARIEL E. BORRUTO

JUEZA FEDERAL