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Las diez organizaciones de Derechos Humanos más importantes de la Argentina rechazaron la suspensión de indagatorias a los militares acusados de torturar soldados en Malvinas dictada por la Jueza Borruto

La organización Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la zona Norte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, la Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina y, Familiares y compañeros de las 12 de la Santa Cruz; rechazaron la resolución de la Jueza Federal de Rio Grande, Dra. Mariel Borruto, que suspendió sin fijar nueva fecha, el llamado a prestar declaración indagatoria a 18 oficiales y suboficiales imputados por la comisión de torturas y otros vejámenes a los ex soldados argentinos, combatientes en las Islas Malvinas.

“Tras 12 años de espera, desde que el entonces Subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel denunciara por primera vez estos hechos y que se sumaran nuevos casos en todo el país que dan cuenta del trato indigno e inhumano, el hambre extrema que llevo a la muerte a varios soldados y las torturas cometidas a soldados de todas las unidades militares desplazadas en las Islas y pertenecientes a las tres fuerzas armadas; son absolutamente inaceptables nuevas dilaciones, máxime cuando el argumento utilizado para suspender las audiencias fue la ausencia de instalaciones judiciales adecuadas y la necesidad de contar con más personal para hacer frente al proceso legal”, se expresa en un comunicado redactado este martes 11 al medio día.

El rechazo de las diez organizaciones de Derechos Humanos de la Argentina hace referencia a la suspensión de las indagatorias establecidas por el anterior magistrado interviniente, el Dr. Federico Calvete, dispuestas para fines de junio y julio. «La suspensión sin fecha priva a las víctimas del acceso a la justica y se constituye en una auténtica burla para quienes venimos reclamando Justicia en nuestro país”, acusan.

“Hemos escuchado en todo este tiempo los más variados argumentos políticos, jurídicos y fácticos para justificar el lento avance del proceso de verdad y justicia en nuestro país, pero nadie se atrevió a tanto. El mensaje expreso en la resolución de la magistrada refiere que no avanzará sin nuevo edificio y más empleados”, denuncian las entidades.

Así mismo, recordaron que la decisión de la jueza “además de constituirse en una afrenta para las victimas coloca a la Argentina en grave responsabilidad internacional por incumplimiento de los Tratados de Derechos Humanos que en nuestro país están incorporados a la Constitución Nacional”.

Por ello las organizaciones dejaron redactado en el documento, exigir “tomen debida y urgente intervención las instancias superiores, especialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación a fin de que se garantice de manera inmediata el servicio de Justicia”, y rechazar  las manifestaciones del Jefe del Ejército realizadas en el Colegio Militar el Día del Ejército, Claudio Pasqualini; el 29 de mayo del corriente año, “que brindan cobertura y legitimación institucional, pretendiendo asegurar impunidad a los perpetradores de estos graves crímenes de lesa humanidad, cuya investigación exigimos”.