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Bertone no denuncia la licitación petrolera donde Macri entregó áreas a empresas británicas porque Nación le ha dado participación y conocía de antemano todas las irregularidades que critica por los medios

El artículo 4° del decreto 872/2018 que oficializó el 1 de octubre del año pasado, el lanzamiento de la licitación petrolera offshore puesta en marcha por el Gobierno Nacional, establece la invitación “a las provincias con jurisdicción sobre áreas costa afuera (…) a coordinar con la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA la convocatoria a concursos públicos internacionales”. Por consiguiente, no solo que la gestión de Rosana Bertone ha sido debidamente invitada e informada desde el inicio de este proceso que entregó áreas para la exploración y explotación hidrocarburíferas a empresas británicas, sino que además de “coordinar”, podría haber visado y hasta aprobado los aspectos centrales que critica mediáticamente de la convocatoria.

Forzada por la denuncia del Observatorio de la Energía, Tecnología e infraestructura para el Desarrollo, OETEC, que dirige el bioquímico y biotecnólogo Federico Bernal; sobre la participación británica en la licitación petrolera de la Secretaría de Energía de la Nación del 1 de octubre 2018, el pasado 7 de mayo respondiendo en términos de su campaña electoral por la reelección, la gobernadora Rosana Bertone amagó con ir a la Justicia cuando su secretario de Representación Oficial sobre la Cuestión Malvinas Jorge Arguello, declaró: “ante la negativa de Nación de brindar información sobre las empresas que realizaron ofertas para la exploración de tres cuencas en la Cuenca Malvinas, no se descarta recurrir a la Justicia Federal para obtener tal información”.

Sin embargo, como se desprende de la sola lectura del decreto 872/2018 que lleva la firma de Mauricio Macri, Marcos Peña y Nicolas Dujovne; el artículo 4° ordena: “Invítase a las provincias con jurisdicción sobre áreas costa afuera conforme con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley N° 17.319 y sus modificatorias, a coordinar con la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE ENERGÍA dependiente del MINISTERIO DE HACIENDA la convocatoria a concursos públicos internacionales en términos similares a los que dicha autoridad determine de conformidad con el artículo 1° del presente”. Por lo que, no quedan dudas que Nación a través de la Secretaría de Energía, hizo partícipes a las autoridades de Tierra del Fuego -como a las otras con litoral marítimo que alcanzan a esta licitación-, y las invitó “a coordinar (…) la convocatoria”, poniéndolas en un lugar privilegiado al momento de conocerse los términos del pliego. Al menos para analizar (de no haberse dado cuenta antes), las graves advertencias sobre las condiciones de dicha convocatoria formuladas por el Observatorio de la Energía OETEC, sobre la “prórroga de jurisdicción a favor de tribunales internacionales (CIADI, entre otros) para las 38 áreas”, que la Cuenca Malvinas Oeste -una de las tres cuencas incluidas en el concurso-, al estar muy próxima al archipiélago malvinero, “se constituía automáticamente en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional”; y que la licitación respondía “a la urgente necesidad de recaudar dólares frescos para financiar el blindaje” que le otorgó el FMI.

¿En condición de qué, podría ir Bertone a la Justicia sin caer en la admisión de corresponsabilidad de lo que hasta el momento, solo criticó mediáticamente sobre el plan petrolero costa afuera del macrismo?;  luego de haber dejado transcurrir 16 meses desde el anuncio oficial (13/12/2017) hasta la apertura de los sobres licitatorios (16/04/2019), y otros 30 días hasta la oficialización de las adjudicaciones (16/05/2019).

El 13 de diciembre de 2017, fecha en que se conmemoró el 110 aniversario del Petróleo en la Argentina, el primer ministro de Energía de la Nación de la era Macri, Juan José Aranguren; anunciaba oficialmente estar elaborando una licitación internacional para explorar áreas costa afuera en aguas del Atlántico Sur y en las proximidades de Malvinas. «Esta primera ronda va a incluir una vasta región de la Plataforma Austral Norte (5.000 km2); la Cuenca Malvinas Oeste (90.000km2) y la Cuenca Argentina Norte (130.000 km2)», detallaba Aranguren en el almuerzo anual del Instituto Argentino de Petróleo y Gas IAPG.

En agosto de 2018 la información fue publicada por la agencia inglesa de noticias Reuter. Y en septiembre desde Houston (EEUU), el segundo ministro de Energía de la Nación, Javier Iguacel, formalizaba el anuncio de su antecesor.

Los detalles de la licitación se conocieron el 2 de octubre cuando el Gobierno Nacional publicó el Decreto 872, que estableció las bases y condiciones de los pliegos.

Días después de publicado el decreto, el Observatorio de la Energía OETEC que dirige el bioquímico y biotecnólogo Federico Bernal, realizaba las tres advertencias antes señaladas.

Hasta la apertura de los sobre que se realizó este 16 de abril (2019), Bertone tuvo -desde el anuncio de Aranguren- más de 16 meses para recabar información y oponerse, 30 días más para analizar -ante de las adjudicaciones-; las condiciones de las empresas que habían presentado las mejores ofertas; y otros 27 días para efectivizar su compromiso de denunciar ante la justicia federal, luego de la publicación en el Boletín Oficial de la Nación oficializando la adjudicación de 3 áreas petroleras de la Cuenca Malvinas Oeste a la británica Tullow Oil y otras 7 a la noruega Equinor, cuyo directorio está integrado por la ex asesora de Tullow y del gobierno colonial británico que usurpa las islas en materia petrolera;  Anne Drinkwater.

El miércoles 15 de mayo pasado, un día antes de la adjudicación definitiva, el intendente Municipal de Río Grande Gustavo Melella presentó ante el juzgado Federal de esa ciudad, una medida cautelar que pretendía dejar sin efecto la adjudicación de áreas petroleras a empresas británicas, mediante el planteo de inconstitucionalidad del decreto de convocatoria a concurso público internacional. En consonancia, el 17 de mayo, posterior a la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA), donde se confirmaron las adjudicaciones petroleras, la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone, también se comprometía públicamente a presentar una acción de amparo, que hasta el momento no efectivizó.