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Con la complicidad de Bertone el gobierno de Macri formalizará en 10 días la entrega de los contratos definitivos de áreas petroleras costa afuera en la Cuenca Malvinas Oeste a empresas británicas

Sin ningún impedimento jurídico legal, el 3 de agosto el gobierno del presidente Mauricio Macri cumplimentará con el último paso administrativo para dar cierre al escandaloso proceso licitatorio costa afuera abierto en octubre de 2018, para entregar a las empresas británicas Shell, British Petroleum  y Tullow Oil, 7 áreas de las 18 licitadas. A pesar de las críticas y promesas periodísticas de la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone, nunca efectuó acción judicial alguna con el propósito de impedir que se legalice la transferencia de los recursos de los argentinos bajo su jurisdicción de gobierno.

Conforme a establecido en los pliegos, el próximo 3 de agosto la Secretaría de Energía de la Nación entregará a las petroleras británicas, los contratos definitivos para dar inicio al proceso de exploración y posterior explotación, en aguas jurisdiccionales argentinas del atlántico sur y en las proximidades de las Islas Malvinas. Se tratan de las compañías Shell, British Petroleum y Tullow Oil, que el 16 de abril de este año presentaron las mejores ofertas de la licitación internacional lanzada por la Secretaría de Energía de la Nación, el 2 de octubre de 2018.

Luego de 9 meses de publicado el Decreto 872 de bases y condiciones, y amparado por el silencio cómplice del gobierno de Tierra del Fuego que hasta diciembre de este año encabezará Rosana Bertone, el escandaloso proceso licitatorio avanza a paso decidido con el propósito de entregar de los recursos naturales de todos los argentinos a empresas británicas. Teniendo como epicentro -nada más ni nada menos- que el archipiélago malvinero usurpado por el Reino Unido desde 1833.

Como se recordará, días después de publicado el decreto, el Observatorio de la Energía OETEC que dirige el bioquímico y biotecnólogo Federico Bernal, realizaba tres advertencias medulares: en primer término, sobre la “prórroga de jurisdicción a favor de tribunales internacionales (CIADI, entre otros) para las 38 áreas” incluidas en la licitación; en segundo término, que la Cuenca Malvinas Oeste -una de las tres cuencas incluidas en el concurso-, al estar muy próxima al archipiélago malvinero, “se constituía automáticamente en una zona de alta trascendencia geopolítica y de seguridad nacional”, asunto que el Decreto no hace el más mínimo reparo; y, en tercer término, que la licitación respondía “a la urgente necesidad de recaudar dólares frescos para financiar el blindaje” que le otorgó a la gestión presidencial de Mauricio Macri el FMI. Denuncias que fueron ampliadas durante los meses de abril, mayo y junio de este año y que solo lograron en el contexto de la campaña electoral, empujar a la no reelecta gobernadora fueguina a efectuar amenazas mediáticas, pero ninguna acción judicial concreta que significara impedir la entrega soberana de los recursos hidrocarburífero del País al enemigo histórico de la Nación.