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La Autodeterminación y las Islas Malvinas

Es curioso que Gran Bretaña, que se había opuesto tan claramente a la idea de un “derecho” de autodeterminación, considerara necesario invocar este mismo principio en el caso de su propia colonia en las Islas Malvinas. En 1983, deploró la declaración de independencia de la población turca de Chipre, poco después, en 1984 aceptó la futura soberanía China sobre todos los territorios de Hong Kong sin considerar el principio de la autodeterminación como primordial; pero el peor de los casos está en el trato dado a los 1.200 habitantes de la Isla Diego García en 1972, quienes fueron desplazados inconsultamente para permitir el establecimiento de una base aérea norteamericana.

* Alejandro Betts

La figura jurídica de la autodeterminación de los pueblos está contemplada por el derecho internacional como competencia de un estado que posee un título de soberanía plena e indiscutible a una extensión territorial de su jurisdicción, pero en el qué los pobladores de ésta, descendientes de un pueblo originario, natural de esas tierras, son sujetos a la dominación y la abolición de toda forma cultural ancestral que les proscribe de participación democrática sometiéndolos a la imposición sorda de la cultura metropolitano, y reclaman ser reconocidos como pueblo en derecho propio.

Aquí cabe una breve descripción de los métodos reconocidos por el derecho internacional para adquirir titulo legal sobre un territorio. Estos son: a) ocupación de terra nullius (sin dueño), b) usucapión o prescripción adquisitiva, c) cesión voluntaria; y d) tratados de paz.

La revisión de la historia de nuestras Malvinas nos provee suficiente evidencia para concluir que Gran Bretaña no puede reclamar soberanía sobre las islas basándose en ninguno de estos métodos.

A falta de un título incontestable, Gran Bretaña ha buscado y busca, sin embargo, invocar el principio de autodeterminación para apoyar su pretensión de soberanía sobre las islas. De esa manera, mantiene ahora que las islas deberían permanecer bajo la administración colonial británica porque los actuales habitantes de las mismas, son de ascendencia y ciudadanía británica y han manifestado su deseo de mantenerse bajo dicha administración.

Este planteo está plagado de vicios y de la hipocresía de los Estados potencias. En 1964, el gobierno de Gran Bretaña del Reino Unido e Irlanda del Norte presentó una declaración de principio ante las Naciones Unidas respecto a su posición en cuanto a este principio:

“A juicio del gobierno de Su Majestad …. el principio de la libre determinación [de los pueblos, o autodeterminación]… no puede ser  objeto de una definición suficientemente exacta en relación con las circunstancias particulares para constituirse en derecho, y no se reconoce como tal ni en la Carta de las Naciones Unidas ni en el derecho internacional consuetudinario. Además,… [la autodeterminación] también debe considerarse en contexto de otras disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas. (Registros Oficiales, sesión 19, 1964 (A/5725/Add.4)

Esta declaración demuestra claramente que Gran Bretaña se opuso a considerar la autodeterminación como un derecho legal en el año 1964, cuando todavía mantenía algunas de las posesiones de su otrora gran imperio colonial. Es apropiado mencionar aquí que es curioso que en país como Gran Bretaña, que se había opuesto tan claramente a la idea de un “derecho” de autodeterminación tan recientemente como en 1964, considerara necesario invocar este mismo principio en el caso de su propia colonia en las Islas Malvinas. Esto es particularmente intrigante cuando hasta aun después de la guerra de 1982, Gran Bretaña ha demostrado que continúa considerando la autodeterminación como un derecho limitado.

Tres ejemplos. En 1983, Gran Bretaña deploró la declaración de independencia de la población turca de Chipre (“Britain Asks Consultations en Cyprus” New York Times, noviembre 16, 1983, p. A-18). Poco después, en 1984 Gran Bretaña aceptó la futura soberanía China sobre todos los territorios de Hong Kong sin considerar el principio de la autodeterminación como primordial (“Britain, China Sign Hong Kong Pact, Washington Post, diciembre 20, 1984). Pero el peor de los casos está en el deplorable trato dado por Gran Bretaña a los 1.200 habitantes de la Isla Diego García en 1972, quienes fueron desplazados inconsultamente para permitir el establecimiento de una base aérea norteamericana en dicha isla.

Los sobrevivientes de ese pueblo aun luchan por volver a su terruño y pese a una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en sentido de que el Reino Unido y los Estados Unidos de América violaron la integridad territorial de Mauricio al separar el Reino Unido al archipiélago de Chagos del resto de su territorio, las Potencias hacen los oídos sordos a la opinión de la CIJ, negándose el regreso de los Chagoseños a su tierra.

Para la caso que nos ocupa, teniendo en cuenta la historia de Malvinas, uno puede concluir que el principio de la autodeterminación no puede aplicarse con justicia en el caso de las islas porque los actuales residentes se han beneficiado y se están beneficiándose de un usufructuo ilegal de propiedad que nunca ha sido regularizado.

Vamos por parte. En 1833 Malvinas estaban bajo la soberanía efectiva de la Argentina que las había heredado de España y, por lo tanto, no eran terra nullius o tierra vacante. Las islas no eran objeto legítimo de colonización extranjera y, por ende, Gran Bretaña no debería haberlas considerado como tal. Este es el punto de extrema importancia que hay de tener en cuenta porque es lo que hace la colonización británica de Malvinas diferente de la mayoría de los casos de colonialismo. La norma de derecho internacional de ese entonces establecía que la ocupación solamente otorga título de soberanía sobre un territorio, si al momento de ser ocupado dicho territorio no pertenecía ya a otro estado soberano.

Luego, Gran Bretaña no legalizó su ocupación de las islas firmando un tratado de cesión con la Argentina por la que ella podría haber accedido a la pérdida de su territorio a cambio de alguna compensación. Una omisión que, nuevamente, es muy importante. El hecho de que nuestro país nunca aceptó firmar un tratado cediendo las islas a Gran Bretaña hace que esta disputa sea muy diferente a la mayoría de las disputas territoriales.

El tercer aspecto a tener en cuenta es el de las repetidas reclamaciones y protestas del gobierno nacional contra la ocupación británica de Malvinas desde el inicio de estas han evitado la prescripción de los derechos argentinos a las islas.

Esta negativa de los sucesivos gobierno nacionales a aceptar mansamente la soberanía británica sobre las islas es también un hecho de vital importancia. Significa que, dentro del derecho internacional, Gran Bretaña solo puede reclamar soberanía por medio de una ocupación continua del territorio de otro estado (usucapión en términos jurídicos), si el derecho de soberanía del propietario original cesa como resultado de la prescripción. Pero, esa prescripción ocurre solamente, de acuerdo con la norma jurídica de la aquiescencia (renuncia), cuando el propietario original no protesta la usurpación de su territorio ni mantiene viva su reclamo de soberanía, aceptando el nuevo estatus quo. El correr del tiempo por sí solo no da legitimidad a un acto ilegal ante la existencia de repetidas protestas por parte perjudicada.

Además del carácter ilegal de la presencia británica en las islas, hay otra razón por la cual el principio de autodeterminación no puede aplicarse con justicia en la controversia de las Islas Malvinas. Desde el comienzo de su ocupación ilegal, Gran Bretaña ha mantenido un férreo control migratorio sobre la población para asegurar una mayoría absoluta británica en el territorio. A continuación de la toma de las islas en 1833, Gran Bretaña expulso a los pobladores argentinos de ellas reemplazándolos con sus propios ciudadanos y, desde entonces, no permita el libre ingreso de argentinos a las Islas. Desde 1982, esta política de migraciones ese mucho más rigurosa aun con un control de preselección de postulantes para vacantes en Malvinas ejecutado por la Oficina de Malvinas de Londres. Estas medidas netamente coloniales de la potencia administradora (Gran Bretaña) invalidan, así, la aplicabilidad del principio de autodeterminación.

Es por ello que, reconociendo todos estos factores, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2065 en 1965 que identificó la ocupación británica de las islas Malvinas como un caso de colonialismo, y rechazó la aplicabilidad del principio de autodeterminación a este territorio. Nada ha sucedido desde esa fecha hasta el presente que modifique esa interpretación jurídica del estatus de las Islas.

Por encima de las enérgicas protestas de Gran Bretaña y todo su artillería de artilugios intentando sentar bases de un título, este resolución reconoció y reconoce el derecho de nuestro país a reclamar las islas y convocó y sigue convocando a ambos países a negociar la descolonización de las mismas, lo que hasta esta fecha Gran Bretaña se niega a hacer.

Por lo tanto, parece necesario establecer un gobierno de transición para las islas que reconociendo la soberanía nacional argentina sobre ellas al mismo tiempo tenga en cuenta los intereses de los habitantes.

Existen muchas formas de llegar a tal acuerdo, nuestro país ha expresado con frecuencia su flexibilidad al respecto. Por lo tanto, para facilitar la búsqueda de un acuerdo que permita un gobierno de transición, Gran Bretaña debe declarar su intención de reconocer la soberanía argentina sobre las islas.

Es más, durante el debate que llevó a la aprobación de esta resolución 2065, las islas Malvinas fueron descritas como un territorio colonial, a diferencia de un pueblo o estado-nación colonial. Consecuentemente, esta resolución rechazó la aplicabilidad del principio de la autodeterminación declarando sin lugar a dudas que solamente los intereses -y no los deseos o la voluntad, como Gran Bretaña proponía – de los habitantes deberían de tenerse en cuenta en las negociaciones bilaterales anglo-argentinas.

* Alejandro Betts, es cuarta generación de isleños nacidos en las Islas Malvinas, es fueguino y tiene documento argentino. Es veterano de la guerra de 1982, peticionante ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en defensa de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas y asesor técnico del Observatorio Malvinas de Tierra del Fuego. Nació en Malvinas el 28 de octubre de 1947 y vive en Agua de Oro, Provincia de Córdoba.