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187 AÑOS DE USURPACIÓN: La Toma Británica de las Islas Malvinas

“Nunca ha habido una legitimización de la presencia británica en las Islas, ya sea por un tratado de cesión o por intermedio de la prescripción del título argentino a ellas, resultado: la toma del 1833 y la ocupación británica del archipiélago continúa siendo ilegal. En cuanto a la prescripción del título argentino, la Argentina nunca ha aceptado esa presencia británica en las islas y, por tanto, ha evitado la prescripción de su título”.

* Alejandro Betts

El Preludio

Pocos meses después del pillaje norteamericano del pueblo de Puerto Soledad, al gobierno de Buenos Aires nombró a Juan Esteban Mestivier como gobernador interino de las islas y lo envió con nuevos pobladores a Puerto Soledad. El gobernador Mestivier y su gente zarparon hacía las islas en el “Sarandí”, un buque de la armada argentina. El comandante del “Sarandí”, José María Pinedo, recibió instrucciones de permanecer en las islas para proteger el asentamiento.

Días después del arribo del Gobernador Mestivier a Puerto Soledad, se produjo una sublevación de los soldados de la guarnición militar que resultó en su muerte.

La escuadrilla Naval Británica acecha

En el entretanto, el 20 de diciembre de 1832, el HMS Clio, bajo el comando de John James Onslow, llegó a Puerto Egmont en la Gran Malvina (El Clio fue uno de los dos buques – el otro fue el HMS Tyne- que Gran Bretaña envió para tomar las Malvinas). Allí, en la isla Trinidad de la Gran Malvina, Onslow intentó reparar el viejo fuerte británico, abandonado en 1774, pero no tuvo éxito. En consecuencia, días después, Onslow hizo al mar con rumbo a Puerto Soledad en la Malvina oriental, Soledad. Esta isla mayor del archipiélago jamás había tenido un asentamiento británico alguno.

Tan pronto ingresó en la Bahía de la Anunciación rumbo al fondeadero de Puerto Soledad, el 2 de enero de 1833, el Comandante Onslow informó a Pinedo que había venido a tomar posesión de las islas que según él pertenecía a Gran Bretaña. Onslow demandó adicionalmente la evacuación inmediata de las tropas y pobladores argentinos y exigió que “…la bandera argentina entonces flameando en tierra, fuera arriada…”  Pinedo protestó vigorosamente ante Onslow, le remarcó que, “… dado que los dos gobiernos [de la Argentina y Gran Bretaña] estaban en paz y amistad, y que el evento era de lo más extraordinario, y, que su deber no le permitía consentir a esta injusta pretensión británica…”

Onslow respondió con una nota ratificando su intención de tomar posesión de las islas en nombre de Su Majestad Británica. Pinedo protestó nuevamente e informó a Onslow que si los británicos “… contemplaban la ejecución de su proyecto por la fuerza, él se consideraría asimismo en la obligación de resistir a ella…”

Seguidamente, Onslow presentó a Pinedo un ultimátum pidiéndole que se retirará de Puerto Soledad, advirtiéndole que “… él podía ver la fuerza de que disponía y que estaba en la espera de refuerzos (El Tyne y Rapid)…”

Ante esta situación, el comandante Pinedo se retiró de Puerto Soledad declarando que “…Gran Bretaña era responsable del insulto y de la violación de la dignidad y derecho de la República (Argentina), que fueron en esta forma irrespetuosamente pisoteados por la fuerza…” [Todas estas citadas se encuentran en British & Foreign State Papers, 1832-1833, Vol. 20, Págs. 1195/1196/1197]

Un último detalle: Al retirase de Puerto Soledad, Pinedo rehusó arrear la bandera celeste y blanca y dio orden a los pobladores que quedaban (el grupo Rivero) de no arriarlo. Por ello, la bandera argentina fue arriada por las fuerzas británicas que desembarcaron en el asentamiento e izaron el pabellón de Gran Bretaña el 3 de enero de 1833.

Las infundadas justificaciones por parte de escuela probritánica

Sobre estos hechos, la escuela probritánica enseña que este acto de expulsión de los pobladores argentinos, o de origen rioplatense, (No así los europeos que se encontraban allí) de las Islas Malvinas no debe caracterizarse como un acto de agresión porque en realidad no se usó la fuerza. Este planteo fue usado tan recientemente como el 2 de noviembre de 1982, cuando el Representante Permanente británico ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, John Thompson, lo incluyó en su discurso en el Plenario de la Asamblea. Ahora bien, si es cierto que no hubo un combate franco en la ocasión de la expulsión de las autoridades y pobladores argentinos del lugar el 3 de enero de 1833, dicha expulsión fue un acto de agresión porque fue realizada bajo la amenaza del uso de la fuerza en clara violación del derecho internacional de la época.

El supuesto título británico a las Malvinas fue desarrollado en una nota de protesta del 19 de noviembre de 1829, presentada ante el gobierno argentino por Woodbine Parish, el entonces encargado de negocios de Gran Bretaña en Buenos Aires. En aquella nota, Parish alegó que las islas le pertenecían a Gran Bretaña porque los británicos habían sido los primeros en descubrirlas y en ocuparlas, porque España había restaurado Puerto Egmont a Gran Bretaña en 1771, y porque ese mismo país había dejado símbolos y señales de posesión cuando Gran Bretaña se retiró de Puerto Egmont en 1774. Sin embargo, la revisión cuidadosa de la historia de las Malvinas demuestra que a Gran Bretaña no puedo apoyarse legítima e indiscutiblemente en ninguno de estos cuatro puntos como base inamovible para su reclamo a soberanía sobre las Islas.

Dicha revisión, señala razonablemente que la toma británica de Malvinas en 1833 fue ilegal. Gran Bretaña tomó las islas cuando ellas no eran terra nullius, sino parte integral de la República Argentina. Gran Bretaña tomó las Malvinas arrebatándoselas a un estado independiente que había heredado el título de España y que había perfeccionado dicho título tomando posesión de ellas en 1820. En el momento del despojo por parte de Gran Bretaña, Argentina se encontraba en posesión efectiva del archipiélago, y había autoridades y pobladores argentinos en él que fueron expulsados por la fuerza naval británica.

La naturaleza ilícita de la acción británica, al tomar Malvinas en 1833, ha sido reconocida por muchos observadores aun dentro de la propia British Foreign Office (Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido). Un ejemplo extraído del ensayo “Confrontación Cooperativa en la Disputa por las Islas Malvinas”, publicado en el mes de febrero de 1982: “… Tanto antes de 1914 (British Foreign Office 1911) como durante el período entre las dos guerras, resulta claro que las dudas de la British Foreign Office sobre los derechos de Gran Bretaña sobre las Islas Malvinas fueron expresadas con frecuencia. Esta inquietud dio lugar a una resistencia a llevar la disputa a una situación de conflicto o a someter el asunto a arbitraje. Como indicó en 1936, G. H Fitzmaurice, uno de los asesores legales del Foreign Office (y una autoridad en derecho internacional mundialmente reconocida, luego Juez de la CIJ) “…nuestro caso de las Malvinas tiene ciertas debilidades, principalmente debido a las dudas sobre si las islas eran res nullius – o tierra nullius – en la época de la reclamación original británica en 1833…” Otro funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores Británico expresó a mediados de los años treinta (1935) que “… no podemos estar seguros de que nuestro derecho a las Islas (Malvinas) triunfe en el caso de ser sometido a un arbitraje…”, especialmente desde que el cuerpo arbitral puede decidir, como algunos miembros del Ministerio (1911 – Memorándum de Gastón De Bernhardt), que Gran Bretaña había capturado una posesión argentina en 1833.”

No obstante, estos y muchas otras más evidencias de la ilegalidad del hecho del 3 de enero de 1833 por parte de Gran Bretaña, la escuela probritánica insiste en que no pudo (ni puede hoy en día) interpretarse como ilegal tal toma porque, de acuerdo a esta escuela, la ley internacional del principio del siglo XX no prohibía tales acciones como las que ocurrieron en Malvinas en los primeros días del año 1833. Intencionalmente, esta postura confunde una práctica común con un principio legal aceptado. Ciertamente, la usurpación territorial era una práctica tristemente común, pero no era un principio legal aceptado. En efecto, tales adquisiciones de territorio no eran reconocidas a menos que fueran legitimizadas a posteriori por un tratado de cesión a través de consentimiento del Estado cuyo integridad territorial fuera quebrantada y prescripción adquisitiva (Desistir en su reclamo de recuperación de su soberanía).

Esto no ha sucedido en el caso de las Malvinas. Nunca ha habido una legitimización de la presencia británica en las Islas, ya sea por un tratado de cesión o por intermedio de la prescripción del título argentino a ellas, resultado: la toma del 1833 y la ocupación británica del archipiélago continúa siendo ilegal. En cuanto a la prescripción del título argentino, la Argentina nunca ha aceptado esa presencia británica en las islas y, por tanto, ha evitado la prescripción de su título. La prueba más contundente en este sentido es la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965, reconociendo en contra de la opinión británica, que sí existe una disputa territorial entre la Argentina y Gran Bretaña sobre la soberanía a las islas Malvinas. Esta resolución implícitamente reconoce así que la Argentina verdaderamente mantiene viva su reclamo sobre las islas y que el planteo de la prescripción del título argentino es totalmente espurio.

* Alejandro Betts; es cuarta generación de isleños nacidos en las Islas Malvinas, es fueguino y tiene documento argentino. Es veterano de la guerra de 1982, peticionante ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en defensa de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas y asesor técnico del Observatorio Malvinas de Tierra del Fuego. Nació en Malvinas el 28 de octubre de 1947 y vive en Agua de Oro, Provincia de Córdoba.