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Solo la intransigencia británica sostiene la Pesca Ilegal en Malvinas dentro de aguas jurisdiccionales de la República Argentina

* Alejandro Betts

El día 8 de enero, Agenda Malvinas puso el dedo en la llaga de un tema del cual nadie habla, pero que todos conocen, respecto a que los armadores españoles construyen los buques pesqueros de gran porte que tienen destino en el Caladero del Atlántico Sur.

A esa nota, hay que leerla y relacionarla con tres notas anteriores; 1) Robar a lo Grande: Los colonos británicos que usurpan las Islas Malvinas, extenderán 10 años las licencias de pesqueras; 2) Los colonos británicos que usurpan Malvinas incrementaron los aranceles de pesca en un 50 por ciento; y 3) En cinco años los británicos que usurpan Malvinas extrajeron calamar y merluza por 9000 millones de dólares.

En ese conjunto de cuatro notas, se encuentran los detalles de la fuerza motriz que impulsa la actividad ilegal de la industria pesquera de ultramar administrada desde Malvinas por los nuevos colonos británicos que llegaron a ellas luego de 1984, cuando se comenzó a desarrollar la planificación y puesto en marcha de dicha industria.

Ahora bien, ¿por qué se refiere a ella como ilegal?; porque, sencillamente, tanto las Malvinas, como las Georgias del Sur y Sándwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes, son objetos de una disputa de soberanía entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y nuestro país. Consecuentemente, ni al Reino Unido, ni a sus ciudadanos ocupantes de las Islas, se les otorga derecho legítimo alguno; ni al territorio, ni a los recursos naturales que se encuentran en dichos espacios marítimos.

Tanto la Corte Internacional de Justicia ha recordado, como las resoluciones de la Asamblea General de la ONU establecen con absoluta claridad que: en un conflicto de soberanía, debe resolverse esa cuestión antes de implementar medidas unilaterales respecto a otros aspectos de la controversia, y recién luego de definir cuál es el Estado Soberano, es este que tiene el derecho de la explotación de los recursos naturales pertinentes.

Vemos lo que dice dos resoluciones de las Naciones Unidas: Una sobre los Recursos Naturales: Resolución 1803(XVII)-, y la otra con respecto a los Deberes y Derechos Económicos de los Estados: Resolución 3281(XXIX).

La Resolución 1803(XVII) de 1962, trata la “Soberanía permanente sobre los recursos naturales”, motivada por “el deseo de los estados miembros [de la ONU] de asegurar la protección de sus derechos soberanos” reconoce que el ejercicio de esta soberanía dispone entre otras cosas que “el ejercicio libre y provechoso de la soberanía de los pueblos y las naciones sobre sus recursos naturales debe fomentarse mediante el mutuo respeto basado en la igualdad soberna”. Además, en su artículo operativo 7 expresa: “La violación de los derechos soberanos de los pueblos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al espíritu y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la preservación de la paz”.

Esta resolución tiene una fuerte interrelación con otra que versa sobre los deberes y derechos económicos de los Estados: la Resolución 3281 (XXIX), de 1974.

La Carta de Deberes y Derechos Económicos de los EstadosResolución 3281(XXIX), puntualiza en la materia que nos ocupa varios aspectos, a saber: el régimen de la neo colonización de las Islas, por el artículo 16, inc. I, dicha resolución establece lo siguiente:

1) Es derecho y deber de todos los Estados, individual y colectivamente, eliminar el colonialismo, el apartheid, la discriminación racial, el neocolonialismo y todas las formas de agresión, ocupación y dominación extranjeras, así como las consecuencias económicas y sociales de éstas como condición previa para el desarrollo. Los Estados que practican esas políticas coercitivas son económicamente responsables ante los países, territorios y pueblos afectados, en lo que respecta a la restitución y la plena compensación por la explotación y el agotamiento de los recursos naturales y de toda índole de esos países, territorios y pueblos, así como por los daños causados a esos recursos.

2) Ningún Estado tiene derecho de promover o fomentar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza”.

Complementaria a la resolución anterior, está la 62/113 del 17 de diciembre de 2007, que exhorta a que estas actividades no tengan consecuencias perjudiciales, se refiere a que “la explotación de los recursos marinos y demás recursos naturales […]  no contravengan las disposiciones pertinentes de las Naciones Unidas”.

El conflicto regional y sudamericano vinculado a la administración de los recursos naturales alrededor de las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, emergió cuando el Reino Unido autorizó a la administración colonial británica en Malvinas, a otorgar las licencias de exploración de petróleo en las aguas que ellos controlan, a partir de la Declaración Conjunta de septiembre de 1995 sobre las actividades costa fuera en el Atlántico Sudoccidental.

Por consiguiente, no es un conflicto “potencial”, si no, un conflicto que existe y se mantiene latente desde 1995.

La cita del texto de la Resolución 62/113, impone la obligación de que hay una limitación para el aprovechamiento de los recursos naturales. Y en el régimen específico para la descolonización de los territorios que están comprendidos en la Cuestión Malvinas, el Reino Unido es responsable temporariamente de la administración de ellas, según la Carta de las Naciones Unidas – art. 73 in fine. Por lo tanto, algún día se le ha de exigir cuentas de cómo las administran y cómo las van a descolonizar.

Para concluir, es válido recordar en este contexto que la Resolución 35/119 sobre la aplicación de la Declaración contenida en la Resolución 1514(XV) “condena la continuación de las actividades de los intereses extranjeros, económicos y de otra índole, que constituyen un obstáculo para la aplicación de la Declaración con respecto a los territorios coloniales…”.

La intransigencia británica que obstaculiza la aplicación plena de la Resolución 1514(XV) se ha profundizado en los últimos 40 años por los motivos expresados en esta y en anteriores notas relativas a la explotación ilegítima de los recursos naturales en los espacios marítimos sujetos a la disputa de soberanía. Comprendiendo a la pesca, el petróleo, los nódulos polimetálicos sobre el lecho submarino, o cualquier otro recurso vivo o mineral.

* Alejandro Betts; es cuarta generación de isleños nacidos en las Islas Malvinas, es fueguino y tiene documento argentino. Es veterano de la guerra de 1982 y peticionante ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas en defensa de los derechos soberanos de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Es asesor técnico del Observatorio Malvinas de Tierra del Fuego. Nació en Malvinas el 28 de octubre de 1947 y vive en Agua de Oro, Provincia de Córdoba.