La decisión del Gobierno Nacional de quitar aranceles a las importaciones de celulares y productos electrónicos generó una profunda reacción en diversos sectores de Tierra del Fuego, principalmente en la industria y los actores políticos y sindicales.
Ante la muestra de preocupación generalizada por lo que representa un golpe directo a la economía local, gremios y autoridades provinciales y municipales emitieron contundentes rechazos.
Advierten sobre el impacto negativo que esta medida podría tener en la sustentabilidad del modelo productivo fueguino.
Paro y movilización de metalúrgicos en Río Grande
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Río Grande, la respuesta fue inmediata. El gremio decidió iniciar un paro por tiempo indeterminado desde el mediodía de este miércoles, acompañado de una movilización que recorrió el Parque Industrial hasta el centro de la ciudad.
Oscar Martínez, representante de los trabajadores, expresó que la medida se tomó en defensa de los derechos laborales y contra un proceso que, según denuncian, busca favorecer a las empresas importadoras en detrimento de la industria nacional.
“Estamos enfrentando una campaña donde se están ajustando derechos y soberanía de quienes hemos decidido habitar esta provincia”, afirmó Martínez, y agregó que “se están sacrificando puestos de trabajo en pos de intereses electorales y económicos externos”.
Desde la historia reciente, el gremio recuerda la pérdida de casi una decena de fábricas metalúrgicas entre 2015 y 2019, y alerta que la actual medida nacional puede provocar una corrida aún mayor contra la producción local.
Rechazo político y social
Los intendentes y autoridades provinciales también manifestaron su rechazo. Martín Pérez, de Río Grande, indicó públicamente que “desde nuestra comunidad vamos a defender cada puesto de trabajo” y calificó la medida como una decisión política que atenta contra más de 50 años de industria en Tierra del Fuego.
Su denuncia además señala que “esta política responde a las exigencias del FMI, que busca reducir beneficios fiscales y desmantelar lo que consideran un modelo de desarrollo industrial único en Argentina”.
Ushuaia no se quedó atrás: el intendente Walter Vuoto afirmó en redes sociales que Tierra del Fuego “representa un modelo de desarrollo industrial, empleo y soberanía tecnológica” y advirtió del impacto en la producción, el empleo y la seguridad energética y tecnológica de la provincia.
Por su parte, el intendente de Tolhuín, Daniel Harrington, agregó que “la amenaza sobre el régimen de exenciones tributarias y aduaneras, como la Ley 19.640, pone en riesgo la estabilidad y soberanía de toda la región”, e instó al Congreso a intervenir y a tomar acciones que protejan la industria local.
"Hablar de la industria fueguina y defender la Ley 19.640 no es un mero capricho, es entender que detrás del régimen de promoción industrial hay 14 mil puestos de trabajo directo y más de 220 mil fueguinos beneficiados. De esta manera también defendemos la soberanía, la producción y el trabajo genuino", indicó el intendente del corazón de la isla.
Por su parte, el gobernador Gustavo Mellela, reiteró su voluntad de rechazar el decreto y anunció que llevará adelante acciones judiciales para frenar su aplicación. “La industria, la producción y el empleo no son ideológicos; son derechos conquistados y deben ser respetados”, afirmó.
El decreto nacional puede abrir la puerta a un proceso aún más dañino para la economía fueguina, que ya enfrenta una fuerte crisis industrial y social. La oposición de gremios, intendentes y del gobernador plantea un escenario de máxima tensión política contra la gestión presidencial de Javier Milei.
Esto puede desembocar en nuevas movilizaciones y acciones judiciales en defensa de un modelo basado en la Ley 19.640, que se considera “fundamental para la soberanía y el desarrollo regional”.
La comunidad fueguina se prepara para enfrentar un escenario donde los intereses nacionales e internacionales parecen chocar frontalmente.
