El próximo sábado 28 de noviembre a la hora 12:00 hora Alemania (09:00 de Argentina), será un momento bisagra para la soberanía nacional y la defensa de los recursos naturales en el Atlántico Sur. En ese momento, el presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS), Maurice K. Kamga, dará a conocer la resolución sobre las medidas provisionales solicitadas por la República Argentina para paralizar de manera inmediata la explotación petrolera unilateral que el Reino Unido impulsa en la Cuenca Malvinas Norte.

La definición en Hamburgo coronará más de dos meses de intensa escalada diplomática, judicial y corporativa iniciada a comienzos de septiembre, en la que se dirime si prevalece el derecho internacional o la consumación de un nuevo hecho consumado colonial sobre la plataforma continental argentina.

Cronología de una escalada: del 3 de septiembre a las audiencias en Hamburgo

Desde el inicio de septiembre, el tablero en torno al petróleo malvinense aceleró sus tiempos en todos los frentes:

• Choque diplomático y prórroga colonial (septiembre): A principios de mes, la disputa volvió al centro de la escena global con fuertes cruces entre Buenos Aires y Londres respecto a la vigencia del reclamo de soberanía. En paralelo, el gobierno ilegítimo de las islas resolvió extender por cinco años las licencias de explotación hidrocarburífera, lo que motivó una enérgica protesta formal de la Cancillería argentina el 22 de septiembre. Un día después, ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Javier Milei advirtió que la Argentina tomaría "cartas en el asunto" frente al avance unilateral británico, mientras Londres respondía el 28 de septiembre rechazando las protestas bajo el pretexto de la supuesta "autodeterminación" de los isleños.
• Ofensiva judicial, Interpol y cerco a proveedores (octubre): El 6 de octubre, el Gobierno argentino ratificó que impediría la extracción de crudo, avanzando en paralelo con procesos sancionatorios sobre 45 personas físicas y empresas vinculadas a la cadena de suministro del proyecto —lo que forzó a la operadora a reemplazar a dos contratistas que incumplieron sus contratos— y reactivando pedidos de captura internacional que Londres intentó bloquear ante Interpol el 13 de octubre. Ese mismo 13 de octubre, la Argentina formalizó ante el ITLOS su solicitud de medidas provisionales, amparándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y en la Resolución 31/49 de la ONU, que prohíbe introducir modificaciones unilaterales en el área en disputa.
• Las audiencias cara a cara (10 y 11 de noviembre): Esta semana que pasó, las delegaciones de ambos países presentaron sus alegatos orales en Hamburgo. Mientras el equipo jurídico argentino denunció que las perforaciones previstas para comienzos de 2027 provocarán una alteración física irreversible del lecho marino y violarán sus derechos soberanos, la representación británica —que sumó declaraciones de los ejecutivos de las petroleras involucradas y designó al jurista Vaughan Lowe como juez ad hoc— alegó que frenar el proyecto tendría consecuencias "devastadoras" para la economía de los isleños y los capitales invertidos.

Radiografía del saqueo: los números y las empresas detrás de Sea Lion

El proyecto Sea Lion (León Marino), ubicado a unos 220 kilómetros (107 millas náuticas) al norte de las Islas Malvinas dentro de la denominada licencia PL032, constituye el mayor intento de extracción hidrocarburífera en aguas usurpadas desde la guerra de 1982. Tras adoptar la Decisión Final de Inversión en diciembre de 2025, el consorcio busca iniciar las perforaciones a principios de 2027 para extraer el primer barril en el primer trimestre de 2028, con una proyección de explotación a 35 años.

Las empresas operadoras (ambas declaradas clandestinas por Argentina):

• Navitas Petroleum (65% de participación y operadora): Firma de capitales israelíes con sede en Herzliya y cotización en la Bolsa de Tel Aviv, que actúa a través de su subsidiaria británica Navitas Petroleum Development and Production Limited. Fue declarada clandestina e inhabilitada por 20 años por el Estado argentino en 2022.
• Rockhopper Exploration plc (35% de participación): Compañía petrolera británica que descubrió el yacimiento en 2010 y que se encuentra sancionada e inhabilitada en la Argentina desde 2012/2013 por operar ilegalmente en la plataforma continental nacional. En agosto recaudó 200 millones de dólares mediante emisiones de acciones para sostener su parte del financiamiento hasta mediados de 2028; reuniendo un fondo de inversión de unos 2.100 millones de dólares.

La magnitud física y financiera del proyecto:

• Reservas estimadas: El campo cuenta con 716 millones de barriles de petróleo equivalente en reservas probadas y probables (2P) y supera los 600 millones de barriles en recursos contingentes (2C).
• Infraestructura y pozos: El plan integral contempla la perforación de hasta 77 pozos en toda la cuenca. La Fase 1 abarca un área de 541,4 kilómetros cuadrados con 23 pozos (16 productores de crudo, 6 inyectores de agua y uno de gas) conectados a la unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) Aoka Mizu, con capacidad para procesar 55.000 barriles diarios.
• Expansión y volumen total: Con la incorporación proyectada de un segundo buque de producción (el OSX-1, por el cual ya se desembolsaron adelantos) para desarrollar el área central hacia 2030, el consorcio apunta a alcanzar una producción combinada cercana a los 180.000 barriles diarios, respaldada por una línea de deuda senior de 1.000 millones de dólares.

El fallo del 28 de noviembre determinará si la justicia internacional ordena congelar este cronograma extractivo mientras se resuelve el fondo del arbitraje, o si habilita a que las plataformas avancen sobre los recursos no renovables de todos los argentinos.