La condición geográfica de Tierra del Fuego la hace única en Argentina: una provincia marítima, donde su población se congrega mayoritariamente en la Isla Grande de Tierra del Fuego y cuyo único acceso terrestre, depende de Chile. Por eso, la amenaza del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de imponer un tributo provincial a los camiones chilenos que circulan por la Ruta 40 -una vía nacional que su provincia no controla- ha generado sorpresa y alarma.
Más allá del choque diplomático, la medida, de implementarse, tendría un impacto directo en el flujo de mercaderías hacia y desde el territorio fueguino, cuyo abastecimiento ya enfrenta costos elevados por su aislamiento natural.
La Unión de Transportistas Magallanes (UTRAMAG A.G.) emitió un comunicado señalando que las declaraciones del mandatario "carecen de conocimiento técnico y están faltando a la verdad", recordando que todos los vehículos chilenos son fiscalizados en su peso por Vialidad Nacional Argentina.
El conflicto tiene especial gravedad para Tierra del Fuego, provincia marítima e insular cuyo único acceso terrestre depende del tránsito por Chile. UTRAMAG advirtió que "varios camiones argentinos circulan a Río Grande y Ushuaia con 50, 60 y hasta 70 toneladas" sin ser penalizados, mientras que los transportistas chilenos cumplen con todas las revisiones. Además, subrayó que el artículo 21 del convenio Chile-Argentina de transporte terrestre establece la exención de gravámenes para vehículos que vinculen dos puntos de un mismo país.
La situación se complica por la naturaleza jurídica de la Ruta 40, una vía nacional sobre la que Chubut pretende aplicar un tributo provincial. "Si Argentina rompe los acuerdos de libre tránsito firmados entre ambos países, responderemos con medidas recíprocas", habían advertido fuentes chilenas a medios de Santa Cruz, en una clara alusión a la posibilidad de restringir el paso por Magallanes.
Para Tierra del Fuego, las consecuencias podrían ser severas. Más del 90% de sus productos no perecederos ingresan por vía terrestre a través de Chile, según estimaciones sectoriales. Un eventual bloqueo del corredor magallánico obligaría a depender exclusivamente del transporte marítimo, con el consiguiente riesgo de desabastecimiento.
El gobernador Torres mantiene su postura: "Los camiones chilenos que ingresan a nuestras rutas tienen que pagar por su mantenimiento", señala en su retórica más populista que posible. De hecho, no explica cómo aplicaría un cobro provincial sobre una ruta nacional, ni cómo evitaría la violación de tratados internacionales.
Mientras tanto, en Tierra del Fuego crece la preocupación por convertirse en víctima colateral de una disputa absurda que amenaza su frágil conectividad.
