La diplomacia de los discursos y las declaraciones de buena voluntad suscriptas en Santiago de Chile el pasado jueves 3 entre Javier Milei y José Antonio Kast ya enfrenta su colisión inevitable con los hechos. Mientras la Casa Rosada activó un paquete de medidas para sancionar administrativa y penalmente las actividades extractivas ilegales en el Atlántico Sur —con el envío formal de 45 intimaciones a personas y corporaciones ligadas al yacimiento Sea Lion—, desde la Región de Magallanes se terminó de cerrar el acuerdo que brindará oxígeno logístico directo a la ocupación colonial británica.

La Corporación de Desarrollo de las Islas Malvinas (FIDC) formalizó la contratación de la naviera chilena Easter Island para inaugurar en noviembre de 2026 una ruta marítima regular entre Punta Arenas y Puerto Argentino. La iniciativa, gestionada de forma discreta a lo largo de los últimos meses, busca acortar a la mitad el trayecto marítimo que hasta hoy ataba el aprovisionamiento de las islas al puerto de Montevideo (casi 2.000 kilómetros de navegación), garantizando el flujo de materiales de construcción, repuestos, víveres y gas licuado: insumos elementales para la vida del enclave y para la infraestructura auxiliar del desarrollo petrolero en la cuenca norte.

La maniobra de la bandera y la rueda comercial

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, admitió abiertamente que la apertura de esta ruta procura eludir la declaración del Mercosur de 2011 —respaldada históricamente por Chile— que prohíbe el ingreso a puertos de la región de embarcaciones con la bandera ilegal de las islas. La fórmula elegida es el empleo de buques con pabellón de conveniencia: según el jefe comunal, la restricción no aplicaría porque el navío operará bajo "otra bandera". Con un poder de compra proyectado por los ocupantes en US$ 20 millones anuales, la avanzada sumará un paso formal el 28 y 29 de septiembre, cuando una delegación británica encabezada por Louise Ellis (subdirectora de la FIDC) y Mike Summers (Cámara de Comercio de las islas) arribe a Punta Arenas para una ronda directa de negocios con proveedores chilenos.

La empresa involucrada, Easter Island Naviera —conocida por operar la ruta subsidiada entre Valparaíso e Isla de Pascua—, inició las gestiones en julio a través del gerente de proyectos estratégicos de la FIDC, Sam Cockwell. La carga prevista apunta al corazón del soporte técnico: repuestos mecánicos, elementos de construcción, gas licuado y alimentos, bienes indispensables para cualquier entramado industrial y logístico offshore en aguas circundantes.

La advertencia de la propia Armada chilena y el Decreto 256/10

La gravedad de la maniobra no escapa al propio estamento militar trasandino. El excomandante en jefe de la Armada de Chile, almirante (R) Julio Leiva, reconoció públicamente que esta operatoria provocará un choque directo con la Argentina: "La verdad que tiendo a pensar que es la respuesta de la ciudadanía y del alcalde Radonich (...) y, obviamente, va a haber problema", señaló, reconociendo que la Cancillería en Santiago debió prever este desenlace y aludiendo a la aplicación del Decreto PEN 256/2010, régimen que exige autorización previa del Estado argentino a todo buque que se proponga transitar entre puertos continentales y las Islas Malvinas.

Leiva intentó minimizar el alcance del control argentino catalogando su aplicación como "laxa" ante el derecho marítimo, en línea con una carta publicada en El Mercurio firmada por seis excomandantes en jefe chilenos que cuestionaron la relación de confianza bilateral tras los recientes pronunciamientos sobre la Boca Oriental de Magallanes del brigadier general Gustavo Valverde y del contraalmirante Hernán Montero.

La colisión inminente: El alcance de las sanciones argentinas

El escenario abre una confrontación legal y operativa inmediata:

• Infracción a la legislación de hidrocarburos: La reforma y endurecimiento de la Ley 26.659 (vía DNU 867/2026) anunciada por Milei castiga no solo a las petroleras operadoras (como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration), sino a toda la cadena de valor, logística y transporte que brinde apoyo o servicios a las operaciones no autorizadas.
• El estatus de Easter Island Naviera: en el mismo momento que la naviera intente transportar suministros críticos, repuestos y gas que directa o indirectamente apuntalen las tareas en los archipiélagos y sus cuencas hidrocarburíferas, quedará expuesta al régimen de inhabilitaciones, bloqueos de activos y denuncias penales impulsadas por el Gobierno argentino.
• Tensión en el Estrecho: Más allá de la soberanía que la República de Chile ostenta sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes —ratificada plenamente en la declaración de Santiago del pasado 3 de septiembre—, la salida hacia el Atlántico a través de mar argentino, la navegación del buque chileno reactivará la fiscalización del Área Naval Austral y la Prefectura Naval.

La paradoja es absoluta. En los despachos de Santiago, la administración Kast estampó su compromiso de "evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales" en materia pesquera e hidrocarburífera; en los muelles de Magallanes, sus operadores mercantiles preparan las bodegas para zarpar en noviembre. El corredor Punta Arenas–Malvinas derriba la formalidad diplomática y coloca a la relación bilateral frente a un nuevo punto de quiebre.