— La etapa oral de la histórica controversia entre la República Argentina y el Reino Unido por la explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas concluyó este miércoles en la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo. Con un alegato final marcado por la urgencia procesal y la contundencia jurídica, la delegación argentina reclamó a los 22 magistrados el dictado inmediato de una medida cautelar que paralice el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte antes de que comiencen las perforaciones físicas.

La advertencia central quedó sintetizada en las palabras del jurista internacional Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International, quien alertó al estrado sobre la inminencia de una extracción masiva: «Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo. If not now, it will be never: es ahora o nunca».

El quiebre operativo de Sea Lion y el daño irreversible

Durante la sesión matutina, la defensa argentina —encabezada institucionalmente por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy, junto al agente diplomático Mario Oyarzábal y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca— desnudó la magnitud del saqueo proyectado por el consorcio que integran la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

Schrijver precisó ante los jueces que el estatus de la cuenca cambió drásticamente el 10 de diciembre de 2025, fecha en la que el emprendimiento abandonó la etapa de exploración para ingresar en un programa ejecutivo de explotación comercial. El plan contempla:

• La perforación de hasta 26 pozos submarinos y el montaje de infraestructura fija en el lecho marino.
• La extracción proyectada de 310,5 millones de barriles de petróleo pertenecientes a la plataforma continental argentina.
• La imposibilidad material de restitución: una vez perforado el primer pozo y bombeado el crudo, ningún laudo arbitral futuro podrá devolver al suelo patrio un recurso natural no renovable.

Kohen y la huella de 1976: de Shackleton a la Resolución 31/49

En su exposición en idioma francés, el jurista Marcelo Kohen demolió la estrategia británica de confundir la cuestión de fondo de la soberanía territorial con la obligación legal de no innovar en áreas marítimas disputadas. «La disputa por la soberanía no transforma las áreas marítimas alrededor de las Malvinas en una especie de mar británico donde el Reino Unido sería libre de explotar recursos como le plazca», fustigó Kohen.

El especialista recordó que la prohibición de explotar unilateralmente los hidrocarburos del Atlántico Sur posee un respaldo directo en el derecho multilateral desde hace medio siglo. Puntualmente, invocó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 1.º de diciembre de 1976.

Aquel histórico pronunciamiento de la ONU no fue un exhorto genérico: fue dictado meses después de que el Reino Unido enviara a las islas la misión económica encabezada por Lord Edward Shackleton (el célebre Informe Shackleton de 1976), cuyo objetivo explícito era evaluar la viabilidad de la explotación petrolera offshore y pesquera en la plataforma de Malvinas. Frente a ese primer intento de Londres por apropiarse de la renta energética, la Asamblea General instó categóricamente a las dos partes a «que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las islas están atravesando por el proceso recomendado» de descolonización.

El cierre de Oyarzábal y la cuenta regresiva hacia el fallo

El alegato de clausura de la posición nacional estuvo a cargo del consejero legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, quien desmontó la maniobra de la procuradora británica Ellie Reeves de negar la competencia del TIDM.

Oyarzábal puntualizó que la Argentina acreditó fehacientemente los cuatro presupuestos exigidos por el artículo 290 de la CONVEMAR: competencia prima facie del tribunal arbitral, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo real e inminente de perjuicio irreparable y urgencia extrema. Subrayó que el tribunal de Hamburgo no necesita pronunciarse sobre la titularidad territorial de las islas para ordenar que Gran Bretaña detenga la extracción de hidrocarburos mientras se conforma el Tribunal Arbitral del Anexo VII.

Tras la réplica vespertina de cierre de la delegación británica, el presidente del tribunal, el magistrado camerunés Maurice Kamga, dio por clausuradas las audiencias públicas. El cuerpo integrado por 22 jueces —incluidos el argentino ad hoc Raúl Vinuesa, la chilena María Teresa Infante Caffi y el británico ad hoc Vaughan Lowe— ingresó ahora en sesión reservada de deliberación.

Aunque el Estatuto del Tribunal no fija un plazo perentorio, la delegación argentina toma como referencia el precedente de la Fragata ARA Libertad en 2012, cuya orden provisional se dictó exactamente quince días después de concluida la fase oral. De repetirse esa cadencia, el veredicto provisorio que definirá si se congela o avanza el saqueo petrolero en Malvinas se conocerá entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre.