La disputa por la apertura del corredor marítimo entre Punta Arenas y las Islas Malvinas abandonó definitivamente el terreno de las evasivas diplomáticas para transformarse en un cruce frontal entre las máximas autoridades de Relaciones Exteriores de ambos países.

Esto sucede, en el mismo momento que la corporación británica Falkland Islands Development Corporation (FIDC) oficializó el 17 de diciembre de 2026 como fecha de partida del mercante Danstar y el canciller argentino Pablo Quirno salió públicamente a exigir que la naviera trasandina cumpla con la normativa nacional y solicite autorización previa para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas.

La respuesta de Santiago fue inmediata, cortante y cargada de simbolismo político: “Los países no piden permiso”, sentenció el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna.

El contrapunto dejó al descubierto la fragilidad de la tesis que intentó sostener Buenos Aires durante las últimas semanas: la idea de que el incidente podía encapsularse como una cuestión municipal de Magallanes o un simple trámite comercial entre privados sin respaldo estatal.

La línea roja de Buenos Aires: Autorización previa y el freno a Sea Lion

En una serie de entrevistas concedidas a A24 y Radio Rivadavia, el canciller Quirno buscó marcar los límites jurídicos de la operación. Tras conceder sin matices que el Estrecho de Magallanes es “chileno, punto”, el ministro precisó que el conflicto jurisdiccional estalla en el instante en que la embarcación abandona la boca oriental del estrecho y se interna en el Atlántico sudoccidental rumbo al archipiélago usurpado.

“Existe un marco de libre circulación, lo que sí existe es la legislación argentina que indica el pedido de autorización a buques que vayan con carga, vayan y vuelvan con carga hacia y desde las Islas Malvinas, porque obviamente consideramos que es territorio argentino”, afirmó Pablo Quirno, recordando que miles de buques de distintas banderas —incluidas embarcaciones británicas— han cumplido históricamente con ese trámite ante la autoridad marítima nacional.

El jefe del Palacio San Martín añadió un segundo condicionamiento político directo hacia La Moneda, vinculando el derrotero del Danstar con el litigio que la Argentina sostiene ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) en Hamburgo para frenar la explotación petrolera ilegítima en la Cuenca Malvinas Norte:

“Esperamos que en caso que se produzca la reactivación de esa línea marítima, sucedan dos cosas: que la compañía pida la autorización correspondiente y también que Chile cumpla con sus compromisos vigentes históricos entre Argentina y Chile, donde lo que se indica es que no se va a colaborar con la logística de explotación de recursos naturales”.

La réplica de Santiago y el blanqueo de la coalición de Kast

Lejos de acatar el reclamo argentino o de comprometer a la naviera Easter Island Logistics a tramitar el permiso exigido bajo el Decreto PEN 256/2010, el canciller Pérez Mackenna desestimó de plano la autoridad jurisdiccional de Buenos Aires. Consultado por los medios chilenos sobre la exigencia de Quirno, el ministro respondió sin concesiones: “Los países no piden permiso”, amparando nuevamente el cruce en el Tratado de Límites de 1881, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

En paralelo, mientras el gerente general de la naviera, Pablo Pacheco, intentaba desmarcarse asegurando que ya tiene comprometida más de la mitad de las 1.200 toneladas de capacidad del barco con frutas, verduras y materiales para “casas, jardines y colegios” desde el oficialismo chileno salieron a blanquear el verdadero alcance de la operación.

El diputado republicano Alejandro Riquelme, integrante de la coalición gobernante del presidente José Antonio Kast, defendió abiertamente en declaraciones a Infobae el eventual abastecimiento a las corporaciones petroleras que impulsan el yacimiento Sea Lion:

“Abastecer a las Islas Malvinas es una actividad lícita, y el eventual suministro a empresas petroleras también lo es, siempre que cumpla con las normas aplicables. El carácter petrolero de una empresa no convierte, por sí solo, ese comercio en ilegal”, sostuvo Riquelme.

En un intento por justificar lo injustificable, el legislador oficialista comparó la cuestión Malvinas con conflictos entre Estados soberanos como China-Taiwán, Rusia-Ucrania o el estrecho de Ormuz, argumentando que “un reconocimiento de soberanía no significa dejar de comerciar con los países”.

La falacia de tratar a una colonia usurpada como un "país"

El razonamiento del diputado de Kast —y el silencio cómplice del Ejecutivo chileno— encierra el núcleo de la agresión diplomática y jurídica contra la República Argentina: las Islas Malvinas no son un país ni un sujeto de derecho internacional habilitado para celebrar tratados de libre comercio. Se trata de una parte integrante del territorio nacional argentino usurpada por la fuerza en 1833 y sometida a una administración colonial ilegal por parte del Reino Unido, una situación reconocida expresamente por las Naciones Unidas mediante la Resolución 2065 (XX) y las declaraciones vinculantes del Mercosur y la Celac que Chile suscribió.

Sostener que asistir materialmente a la estructura económica y petrolera del ocupante es un “acto lícito de libre comercio” equivale a validar el despojo territorial y violar de manera flagrante la Ley 26.659 y su régimen sancionatorio contra quienes presten apoyo logístico a la explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina.

Con la carga recibiéndose en Punta Arenas desde el 4 de noviembre, el Danstar ultimando su llegada a Magallanes tras las demoras climáticas y la fecha del 17 de diciembre marcada por la FIDC como el día del zarpe, las palabras de Quirno quedan sometidas a una prueba de verdad inapelable: si Chile sostiene que “no pide permiso” y la naviera se niega a solicitar la autorización exigida por ley, la Prefectura Naval y la Armada Argentina deberán demostrar si en el Atlántico Sur rige la soberanía nacional o la prepotencia del hecho consumado.