La idílica relación entre la administración colonial británica y las empresas pesqueras transnacionales —principalmente gallegas— ha comenzado a mostrar fisuras. Un reciente debate en el seno de la "Comisión de Pesca" de la colonia revela una verdad incómoda para los saqueadores: La colonia implantada no confía en la lealtad de sus socios y busca obligarlos, por ley, a vivir en las islas para evitar que las ganancias del despojo huyan hacia el continente europeo u otras latitudes.

El estigma del "Dueño Ausente"

El conflicto gira en torno a las licencias ITQ-B, concesiones de pesca otorgadas por la friolera de 25 años. Para acceder a este botín, la legislación ilegal de la colonia británica exige que las empresas tengan un 51% de titularidad local y que sus directores sean "residentes regulares". ¿Qué significa esto en la práctica? Que deben permanecer en el archipiélago al menos 183 días al año.

Andrea Clausen, Gerente Administradora del gobierno colonial, fue tajante: "Si no se respeta el espíritu de la norma, quizá tengamos que legislar". Esta frase es una amenaza directa a los empresarios que pretenden cobrar los dividendos del calamar Loligo, de la merluza de cola o la merluza negra desde la comodidad de sus oficinas en Vigo o Madrid, sin pisar el suelo malvinense.

La rebelión de los "socios"

Los representantes de la industria pesquera han puesto el grito en el cielo. Argumentan que el negocio de la pesca es "dinámico" y que sus directivos deben pasar tiempo fuera de las islas por "viajes de negocios" o para abrir mercados. En el fondo, es una lucha por el control del dinero:

• La Colonia: Quiere que los beneficiarios del saqueo consuman, inviertan y tributen en las islas para sostener el costo de la ocupación.
• Las Empresas: Quieren extraer el recurso argentino, procesarlo y venderlo en el mundo, minimizando su estadía en un enclave remoto y políticamente incierto.

El legislador Roger Spink y la sombra del pasado ovino

Resulta revelador que el legislador colonial Roger Spink mencione el "estigma" de la época de la industria lanera, cuando los terratenientes vivían en el Reino Unido y dejaban a los isleños en la miseria. Hoy, temen que la pesca repita ese esquema. La ironía es absoluta: temen ser explotados por capitales extranjeros, mientras ellos mismos explotan, roban y saquean un recurso que no les pertenece.

Mientras los usurpadores discuten cuántos días al año deben pasar sus socios en las islas para ser considerados "residentes", la Argentina debe tomar nota de los nombres y apellidos de estos directivos que hoy piden "excepciones" por viajes de negocios. Si viajan por el mundo para vender el calamar o la merluza robada, deben saber que también son pasibles de las sanciones que las leyes argentinas prevén para quienes financian la usurpación.

El 3 de abril será una fecha clave para ver si la colonia se vuelve más rígida. Aunque la conclusión es una sola: entre ladrones no hay lealtad, solo intereses.