La impunidad que el gobierno de Javier Milei pretendió otorgar a Joe Lewis ha comenzado a resquebrajarse en los tribunales. La legisladora rionegrina María Magdalena Odarda formalizó una denuncia ante el Procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, exigiendo que se investigue a los funcionarios del Ministerio del Interior que, el pasado 14 de enero, firmaron la rendición del Estado ante la empresa Hidden Lake.

El escándalo reside en que el gobierno desistió de la acción de lesividad que buscaba declarar nulas las autorizaciones de compra de 1996. Aquella operación durante el gobierno de Carlos Menem, permitió que Lewis se quedara con 12.000 hectáreas en zona de frontera mediante testaferros, un acto que el propio Estado Nacional había calificado en 2023 como un fraude de nulidad absoluta.

Maniobras de Verano: El Juez de Feria y el Expediente Oculto

La denuncia de Odarda pone el foco en la metodología de la entrega:

• Habilitación de Feria: El acuerdo se selló y homologó el 28 de enero por el juez Walter Lara Correa, aprovechando el receso judicial para evitar el control de las partes y la opinión pública.
• Censura Informativa: Tras la sentencia, la causa fue caratulada como "reservada", desapareciendo de la intranet del Poder Judicial. Odarda denunció que este ocultamiento impide el "adecuado control de legalidad y transparencia" sobre un acto que compromete el interés general. 

La contradicción del Estado: De la soberanía al despojo

La legisladora recordó que existen dictámenes previos de la AGN, la Defensoría del Pueblo y la IGJ que confirman que la propiedad de Lewis viola las normas de Defensa Nacional. Al firmar la conciliación, los funcionarios de Milei (representados por el Dr. Alejandro Patricio Amaro) ignoraron deliberadamente el estándar estricto de legalidad que exige la protección de zonas de frontera. Para la denunciante, se ha "alterado de hecho la calificación jurídica" sin fundamentos, lo que podría configurar delitos de relevancia penal.

Un búnker militar en plena Patagonia

Mientras el litigio se cerraba, la situación en el terreno empeoraba. Recientes informes publicados por este y otros medios -y citados en la denuncia-, mencionan la construcción por parte de Lewis de un búnker de 4.000 metros cuadrados en la zona de Lago Escondido, una obra de características militares realizada sin autorización estatal. Este hecho, sumado a la restricción del acceso público al lago, refuerza la tesis de que el área se ha convertido en un Estado paralelo bajo control británico, con el aval explícito de la Casa Rosada.

El llamado a la nulidad

El acuerdo homologado por el juez Lara Correa no es solo un papel judicial; es la claudicación de la soberanía territorial ante un ciudadano extranjero que ha demostrado un desprecio sistemático por las leyes argentinas.

¿Es admisible y legal, permitir que el patrimonio de todos los argentinos se negocie en despachos cerrados y bajo reserva? La nulidad del acuerdo Lewis-Milei es un imperativo para cualquier gobierno que se precie de respetar la Constitución y defender la integridad nacional.