En el comunicado oficial emitido ayer por el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, el Palacio San Martín erró burdamente la denominación de la ley que le da origen a la efeméride, mutiló la mención al Sector Antártico y utilizó términos ajenos al mandato constitucional.

Esto surge del documento oficial emitido por la Cancillería este 10 de junio de 2026 -conmemorando los 197 años de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y designando a Luis Vernet como el primer gobernador de las islas y las adyacentes al Cabo de Hornos-, el cual expone una verdadera política de Estado destinada a invisibilizar las consecuencias del avance colonial británico sobre las riquezas y recursos naturales de la República Argentina.

El primer y más flagrante traspié del Palacio San Martín de esta fecha patria, fue la incapacidad de denominar correctamente la efeméride que pretende conmemorar. Al titular el documento como "Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes", la burocracia estatal del Ministerio de Relaciones Exteriores, yerra burdamente contra la Ley N° 20.561; la cual instituye de manera taxativa el "Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico".

Este "olvido" oficial no es inocente: borra de un plumazo el Sector Antártico, mutilando la razón de ser, el objetivo y el alcance geopolítico de la fecha, que nació para ratificar la proyección continental e insular de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

En su lugar, metieron por la ventana el concepto de "espacios marítimos circundantes", confrontando y violando de manera directa la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece con total precisión legal, el término "correspondientes". Mientras que "circundante", es una categoría puramente geométrica de vecindad física (lo que rodea a la costa), lo "correspondiente" constituye un concepto geográfico, geológico de integración continental, biológico marítimo, histórico y político que avala el derecho internacional a través de la ONU. Modificar la letra constitucional es la primera gran cesión discursiva del reclamo soberano.

La gramática de la parálisis

Sin embargo, el núcleo de la claudicación discursiva radica en la declaración que efectúan respecto a la inminente "Decisión Final de Inversión" de las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration PLC (británica) y Navitas Petroleum (israelí) en el yacimiento Sea Lion (León Marino). Allí, la Cancillería de Milei afirma livianamente que “la Argentina actuará con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretendan avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos”.

El uso del tiempo verbal lo dice todo. Hablar en potencial y prometer que se "actuará" significa que el Gobierno manifiesta que hará algo en un futuro atemporal que hoy no hace. No hay ninguna acción diplomática, económica, penal o financiera en marcha hoy 11 de junio, ni ayer 10. Este verbo se complementa con la misma línea discursiva de la sumisión al expresar: “la Argentina actuará con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretendan avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos”. Como si todos los componentes del gran proceso evolutivo de 10 años de Sea Lion -desarrollado por Rockhopper desde su anuncio en enero de 2016 a la fecha-, fueran una simple "pretensión" y no la consecuencia directa de las decisiones unilaterales, ilegales e ilegítimas de Gran Bretaña y su Colonia, que en 2010 licitaron la exploración offshore de tres bloques (norte, este y sur) en torno a las islas.

Gran Bretaña, la colonia implantada, Rockhopper, Navitas y la elite de inversores globales revelados por la plataforma bursátil Simply Wall St no tienen “pretensiones”: están ejecutando ahora mismo, la etapa final de un robo monumental.

El escudo burocrático de la inacción

El comunicado oficial intenta ampararse en la histórica Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas como un escudo burocrático para justificar su inacción. Sin embargo, la Cancillería omite deliberadamente que dicha resolución —que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de disputa— no representa, bajo ningún punto de vista, un corsé jurídico ni un impedimento diplomático para que la República Argentina ejerza plenamente su soberanía jurisdiccional. Al contrario, la resolución resalta el carácter pacífico del reclamo argentino, lo que otorga al Estado; la legitimidad absoluta para recurrir a los tribunales internacionales y activar sanciones penales, comerciales y financieras, denunciando con nombre, apellido y balance bursátil a las empresas saqueadoras y a su red transnacional de financistas.

Lejos de existir un aislamiento o un obstáculo legal, la Argentina ha recibido reiteradamente apoyos diplomáticos de bloques multilaterales de un peso descomunal, como el Grupo de los 77 más China (G77+China) y otros foros del Sur Global. Organismos que no solo condenan sistemáticamente el colonialismo británico en el Atlántico Sur, sino que han manifestado explícitamente su disposición para acompañar al país en una contraofensiva judicial de carácter internacional contra corporaciones como la británica Rockhopper y la israelí Navitas Petroleum.

El respaldo multilateral para desbaratar el andamiaje del proyecto Sea Lion está disponible en el escritorio de la Cancillería; lo que falta no son herramientas del derecho internacional, sino la voluntad política de un Gobierno nacional subordinado a los intereses de las potencias y los mercados globales que digitan el despojo.

Diez años de condescendencia y sumisión ideológica

Lo que estamos viviendo es la continuidad de diez años de gobiernos nacionales y provinciales totalmente condescendientes con el invasor: Mauricio Macri, Rosana Bertone, Alberto Fernández, Gustavo Melella, Javier Milei y otra vez Gustavo Melella.

Lo que dijo Javier Milei en el acto del 2 de abril, ahora se repite en el comunicado. Pero nada de lo que se dijo y dice, tienen correlato con una acción directa que contrarreste el robo en banda que Gran Bretaña puso en marcha.

¿Cómo podría creerse que un jefe de Estado como Javier Milei, que se autodefine públicamente como “el presidente más sionista del mundo", podría ir en contra de los intereses de los inversores israelíes de Navitas Petroleum, Noked Capital, Exodus Management o el Banco Leumi, que financian y controlan más del 21% de Rockhopper?

¿Cómo va a actuar contra Gran Bretaña, con quien su canciller Pablo Quirno; acaba de firmar el acuerdo de integración al Tratado Transpacífico, donde Reino Unido opera como uno de los países supremacistas? 

¿Cómo va a confrontar Milei o la Cancillería con el usurpador; siendo Gran Bretaña uno de los principales países de origen, de los capitales que este gobierno busca desesperadamente atraer en materia energética, petrolera y minera bajo el amparo del RIGI?