publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei autorizó la salida del territorio nacional de 56 efectivos militares para participar en el ejercicio multinacional "PANAMAX 2026", una operación bajo el mando operativo del Comando Sur de los Estados Unidos.

La medida replica el mismo mecanismo de excepción utilizado en los ejercicios "DAGA ATLÁNTICA" y PASSEX en el Atlántico Sur —que motivaron la reciente denuncia penal por abuso de autoridad y presunta Traición a la Patria radicada en el Juzgado Federal Nº 10—. Nuevamente, la Casa Rosada justificó el uso del DNU alegando la "urgencia" por la falta de tratamiento legislativo del proyecto de ejercitaciones. Sin embargo, la propia documentación del Ministerio de Defensa desmiente esa versión: la invitación formal de la Embajada de EE. UU. ingresó el 15 de agosto de 2025, casi un año antes del despliegue, lo que demuestra que existió tiempo suficiente para solicitar la autorización constitucional al Congreso (Art. 75, inc. 28).

De las fuerzas de élite al adiestramiento extranjero

El despliegue, cuyo costo asciende a $51 millones de pesos extraídos de las partidas de Defensa, enviará a Panamá a 37 integrantes del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (pertenecientes al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea), junto a 19 especialistas en planificación y ciberdefensa.

El ejercicio —que se desarrollará entre el 27 de julio y el 15 de agosto de 2026— simula la neutralización de una "fuerza hostil" que amenaza la seguridad del Canal de Panamá. Bajo la premisa oficial de "mejorar la interoperabilidad" y "estandarizar procedimientos", el personal de élite argentino operará bajo la cadena de mando de la estructura militar estadounidense, adoptando sus doctrinas, tácticas y sistemas de comunicación.

Dólares para el Pentágono, Uber para las tropas argentinas

Esta nueva movilización al extranjero expone la perversa asimetría de la política de Defensa del Gobierno nacional:

• Asfixia y deterioro interno: Mientras el Ministerio de Defensa destina partidas para financiar viajes y adiestramientos diseñados en Washington, mantiene a las Fuerzas Armadas locales bajo un recorte presupuestario de más de $59.000 millones de pesos. Una crisis que provocó la licuación del 80% del salario real frente a la inflación y llevó a la cartera conducida por Carlos Presti a autorizar formalmente a soldados y oficiales a trabajar como choferes de Uber o en seguridad privada en sus horas libres para cubrir la canasta básica.
• Endeudamiento condicionado: En simultáneo con el despliegue en Panamá, el Estado nacional compromete $400 millones de dólares para la adquisición de misiles AIM-120 AMRAAM al contratista estadounidense Raytheon para los cazas F-16; el mismo proveedor y modelo de armamento que utiliza el Reino Unido en la base militar de la OTAN en las Islas Malvinas.
• Bypass constitucional recurrente: Se consolida una doctrina de hecho según la cual el Poder Ejecutivo considera prescindible la ratificación del Poder Legislativo para el movimiento de tropas y la cesión de inteligencia de defensa.

La cesión sistemática de la soberanía

La participación en "PANAMAX 2026" no es un hecho aislado. Se suma a la entrega de la inteligencia marítima en las 200 millas mediante el Programa 333, la aceptación del concepto de "Bienes Comunes Globales" (Protecting Global Commons) para definir al Atlántico Sur y los proyectos de reforma del ministro Federico Sturzenegger dirigidos a disolver la Flota de Mar de la Armada para fusionarla con la Prefectura.

Mientras se alinea a los cuadros militares argentinos con las hipótesis de conflicto de los Estados Unidos en Centroamérica, el Atlántico Sur y la proyección antártica quedan desprovistos de un sistema de defensa autónomo, consolidando un esquema donde la Argentina renuncia a su soberanía y actúa como personal auxiliar de los intereses geoestratégicos de Washington.