La decisión de la Casa Rosada y la Cancillería argentina de profundizar las sanciones contra corporaciones internacionales que asisten a la ocupación británica en Malvinas terminó por abrir un entramado industrial que este medio viene desentrañando desde casi una década. Entre los nombres que vuelven a quedar en la mira oficial asoma un gigante transnacional que resume la hipocresía estatal y las contradicciones de la política hidrocarburífera austral: Noble Corporation plc.
No se trata de una firma desconocida. La contratista de perforación marina —constituida bajo leyes de Inglaterra y Gales y con oficinas centrales en Houston— arrastra un prontuario directo en los tribunales federales de Tierra del Fuego. Sin embargo, tras beneficiarse del abandono de la causa penal durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández (de Rosana Bertone y Gustavo Melella, como gobernadores fueguinos), Noble desembarcó en la plataforma continental argentina, sin que la administración del gobernador Gustavo Melella hiciera el menor reparo, y perforó los tres pozos marinos del megaproyecto de gas Fénix para el consorcio liderado por TotalEnergies, de manera conjunta con Panamerian Energy y Harbour Energy.
El archivo de 2015 que la política intentó borrar
La presencia de Noble en el Atlántico Sur no comenzó ayer. En abril de 2015, los fiscales federales Marcelo Rapoport, Adrián García Lois y Carlos Gonella (Procelac) denunciaron penalmente ante el Juzgado Federal de Río Grande a las transnacionales que operaban bajo licencias coloniales británicas.
En aquella nómina pionera figuraban Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, a quienes la jueza Lilian Herráez de Andino les trabó en junio de 2015 un embargo internacional por más de USD 156 millones dentro de la Causa N.º 5183/15, ordenando el cese inmediato de sus tareas por violación del Código Aduanero, la Ley de Residuos Peligrosos y la soberanía argentina.
A pesar de esa orden judicial, la causa penal fue congelada durante ocho años. Ni el gobierno de Cambiemos tras el Pacto Foradori-Duncan, ni la posterior gestión del Frente de Todos reactivaron los embargos frenados hasta la fecha, en la Cancillería Argentina.
El desembarco en Fénix y la sociedad con Harbour Energy
Con la causa judicial durmiendo en los casilleros judiciales, Noble Corporation —tras fusionarse con Maersk Drilling y adquirir Pacific Drilling y Diamond Offshore— ingresó formalmente al territorio fueguino por la puerta grande.
Entre mayo de 2024 y principios de 2025, la operadora Total Austral trajo desde el Mar del Norte a la plataforma autoelvadora (jack-up) Noble Regina Allen, una estructura gigante que viajó más de 14.000 kilómetros para perforar los tres pozos horizontales del yacimiento Fénix a 60 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego. El gas que hoy fluye hacia las plantas de Río Cullen y Cañadón Alfa y representa el 8% del consumo nacional fue perforado por la misma corporación británica denunciada en 2015.
El entramado expone un cruce de intereses indivisible:
1. La socia británica en Cullen: En el consorcio Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1) que explota Fénix participan TotalEnergies (37,5%), Pan American Energy (25%) y la británica Harbour Energy (37,5%), que adquirió los activos de Wintershall Dea.
2. Plataformas compartidas: Otra de las unidades de la flota de Noble, la Noble Resilient, prestó servicios en el Mar del Norte para Harbour Energy y Wintershall Dea.
3. Dependencia operativa: TotalEnergies concentraba hacia fines de 2025 más del 12% de la cartera de contratos global de Noble Corporation en el mundo.
El anuncio formulado por el canciller Pablo Quirno —anticipando nuevas tandas de sanciones tras las primeras 45 notificaciones a los accionistas de Noble y las operadoras de Sea Lion— coloca al Estado argentino ante una seria decisión política.
Si el Gobierno nacional y la administración de Gustavo Melella aplican de forma estricta el Decreto 868/26 y la Ley 26.659, no podrán limitarse a celebrar que firmas como Halliburton o SLB firmen comunicados resguardando Vaca Muerta. Deberán resolver la paradoja de que la mayor contratista de perforación que hoy sostiene la producción de gas en la Cuenca Austral fueguina sea la misma firma que planifica alquilar sus plataformas para consumar el saqueo petrolero en las Islas Malvinas.
La soberanía no tolera filtros selectivos cuando los pozos se perforan con el mismo taladro.