La advertencia formulada por el presidente Javier Milei durante su mensaje en cadena nacional —«tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano»— encontró su primera respuesta concreta en el corazón operativo de la industria hidrocarburífera internacional. En una seguidilla de comunicados oficiales emitidos durante el fin de semana, SLB (antigua Schlumberger), Baker Hughes y Halliburton, las tres compañías de servicios, ingeniería de pozos y tecnología petrolera más grandes del planeta, anunciaron públicamente que no participarán de ninguna licitación ni prestarán servicios para proyectos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes, clausurando cualquier colaboración con el proyecto Sea Lion.

El pronunciamiento en bloque de los gigantes con base operativa en Houston y cotización en Wall Street se produjo tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 868/26, la norma reglamentaria anunciada por Javier Milei que endurece los procedimientos sancionatorios de la Ley N.º 26.659 ("Ley Solanas").

Comunicados formales: desmarque inmediato del Decreto 868/26

La primera en mover las fichas en la madrugada del sábado fue SLB, la mayor prestadora de servicios petroleros del mundo con presencia en más de un centenar de países y operaciones históricas en el país a través de Schlumberger Argentina S.A.:

«SLB informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes. En atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes».

Pocas horas después, se sumó Baker Hughes, firma con más de 70 años ininterrumpidos de actividad en el subsuelo argentino:

«Baker Hughes no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes, ratificando su compromiso con la normativa argentina».

Finalmente, Halliburton completó el desmarque corporativo apelando a una explícita invocación de orden institucional:

«Halliburton respeta la soberanía argentina y reafirma su compromiso con su pueblo y el desarrollo responsable del sector energético del país. Halliburton Argentina S.A. no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas. Desarrolla sus operaciones en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina».

La llave de la asfixia: el cerco a través del RIGI y las concesiones

La pronta alineación de las contratistas globales responde a una lógica económica y regulatoria directa introducida por el Decreto 868/26:

1.    Declaración jurada obligatoria: La norma incorporó como requisito excluyente para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) la presentación de una declaración jurada donde las empresas certifiquen que ni ellas, ni sus matrices, filiales o accionistas prestan asistencia a proyectos clandestinos en Malvinas.

2.    Inhabilitación comercial y caducidad: Quienes infrinjan el régimen quedan inhabilitados por plazos de hasta 20 años para contratar con el Estado o con el sector privado argentino, perdiendo además el acceso a concesiones y permisos exploratorios.

3.    El peso de Vaca Muerta: Para las tres prestadoras, la cuenca no convencional argentina representa un volumen de negocios multimillonario e incomparable frente a Malvinas. SLB, Baker Hughes y Halliburton monopolizan la provisión de equipos de fractura hidráulica (fracking), cabezales de pozo, tecnología de perforación direccional y telemetría para operadoras de primera línea como YPF, Vista Energy, Tecpetrol, Pluspetrol y Pan American Energy. Arriesgar ese mercado en plena expansión por una licitación offshore en una zona en disputa con el riesgo de caer bajo sanciones penales resultaba un sinsentido corporativo.

El aislamiento operativo de Rockhopper y Navitas

La retirada formal de SLB, Baker Hughes y Halliburton asesta un revés estructural a los planes de Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.

Para llevar adelante la perforación de los 23 pozos de la Fase 1 del Área Norte y el posterior programa de 38 pozos en el Área Central (CDA), el consorcio usurpador necesita de contratistas especializadas capaces de suministrar herramientas de fondo de pozo, cementación de alta presión, ensayos de producción submarina y servicios geofísicos de precisión.

Al quedar vedadas las tres firmas que concentran la mayor parte de la capacidad tecnológica mundial, las alternativas de las operadoras en Londres y Tel Aviv se reducen drásticamente, encareciendo los costos de seguro, limitando la oferta de contratistas y acentuando las contingencias financieras del proyecto en vísperas de la apertura bursátil de este lunes.