El diputado nacional Juan Marino, con el patrocinio del constitucionalista Eduardo Barcesat, radicó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti. Se los acusa de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y, de manera subsidiaria, Traición a la Patria, tras haber salteado por completo la intervención del Congreso de la Nación en los recientes ejercicios militares con los Estados Unidos.

La presentación judicial, que recayó en el Juzgado Federal  10 bajo el expediente 3303/2026, denuncia que el Poder Ejecutivo dictó de manera irregular el DNU 264/2026 para autorizar el ingreso de medios, tecnología y personal del Pentágono. El objetivo fue realizar los ejercicios "DAGA ATLÁNTICA" y las maniobras de patrullaje PASSEX en la Zona Económica Exclusiva, un mecanismo que —según la acusación— sirvió como pantalla para transferir secretos militares y realizar un mapeo de recursos estratégicos clave a espaldas del Poder Legislativo.

El bypass constitucional y el secreto militar

La Constitución Nacional es taxativa: el ingreso de tropas extranjeras al territorio de la Nación es una atribución exclusiva del Congreso (Artículo 75, inciso 28). Al forzar un DNU para habilitar el despliegue de la Cuarta Flota en nuestras aguas, el Gobierno no cometió un error administrativo; ejecutó una maniobra para ocultar la "letra chica" de los compromisos asumidos con Washington.

El texto de la denuncia penal desarma de manera quirúrgica las consecuencias de esta capitulación: “El adiestramiento de fuerzas especiales extranjeras bajo doctrina, estándares y certificación de la estructura militar estadounidense y de la OTAN en territorio nacional; la integración de oficiales argentinos a un Estado Mayor Multinacional bajo mando de la Cuarta Flota; y la habilitación de una arquitectura de vigilancia del Atlántico Sur con posible acceso extranjero a datos estratégicos son actos objetivamente idóneos para transferir parcelas de la soberanía militar argentina a una nación extranjera”.

Este párrafo de la acusación judicial confirma punto por punto lo denunciado por Agenda Malvinas: las donaciones de sensores ISR (como el sistema WESCAM MX-10) y los aviones Textron B-360ER no vienen a fortalecer la soberanía, sino a integrar a la Armada Argentina como un "sensor remoto" subordinado al procesamiento de datos e inteligencia del Pentágono.

El rompecabezas de la entrega: Del Uber al endeudamiento

La denuncia penal coincide temporalmente con un escenario de desmantelamiento estructural y asfixia presupuestaria planificada de las Fuerzas Armadas. Como advirtió el dirigente Claudio Lozano al sumarse al reclamo de un juicio político, existe un "creciente proceso de ocupación" que abarca desde el Atlántico Sur hasta la injerencia del Comando Sur en la vía troncal del Río Paraná.

Al conectar las piezas, el diseño de la indefensión nacional queda al descubierto:

1.    Asfixia y Humillación: El Ejecutivo les aplica un recorte de $59.000 millones de pesos a las fuerzas y licúa el salario militar un 80% frente a la inflación, obligando por decreto a oficiales y suboficiales altamente capacitados a trabajar como choferes de Uber o repartidores para subsistir.

2.    Desmantelamiento Institucional: Se alimentan reformas dirigidas por Federico Sturzenegger para disolver y fusionar la Armada con la Prefectura, reduciendo la capacidad de defensa militar estratégica a tareas de comisaría marítima.

3.    Endeudamiento Multidimensional: Mientras no hay combustible para patrullar el mar ni pagar la luz de los cuarteles, el Gobierno compromete $400 millones de dólares con el contratista Raytheon para comprar misiles AMRAAM condicionados y controlados por el software de Washington; el mismo misil que EE.UU. le provee al usurpador británico en las Islas Malvinas.

El cerrojo legal a favor de Gran Bretaña

Al anexar el Mar Argentino a la doctrina de seguridad nacional estadounidense bajo el rótulo de "Protección de los Bienes Comunes Globales" (Protecting Global Commons), el Gobierno nacional ha otorgado a una potencia extranjera la supervisión operativa de nuestras aguas.

La consecuencia jurídica y geopolítica de este acto es devastadora para el reclamo histórico por Malvinas. Si el Atlántico Sur pasa a ser considerado un "bien común global" administrado conjuntamente por la Cuarta Flota y una Armada Argentina degradada a fuerza auxiliar, la base militar de la OTAN en Monte Agradable y el saqueo pesquero británico dejan de ser una ocupación colonial ilegal para convertirse en un componente más de la "gestión compartida" del espacio marítimo.

La causa que hoy tramita en Comodoro Py no solo juzga la violación formal de una ley de ingreso de tropas; juzga la entrega planificada del mar, el cielo y el suelo argentino a la estrategia global de Washington, en un modelo de protectorado que amarra el futuro de la soberanía nacional.

Fuente:

El Destape