Cáritas y la Pastoral Social advierten que la ley oficial "atenta contra la soberanía de nuestra tierra".  Fue a través de una dura carta enviada al Congreso, donde las principales comisiones de la Iglesia Católica rechazaron el proyecto de "Inviolabilidad de la propiedad privada".

De esa manera, la resistencia al proyecto de desregulación y entrega del suelo argentino sumó un actor institucional de peso absoluto. Según una investigación del periodista Sebastián Premici para El Destape, la Pastoral Social de la Iglesia, junto a Cáritas y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, enviaron una carta formal a los legisladores nacionales para manifestar su "profunda preocupación" y rechazo total a la ley impulsada por el Poder Ejecutivo.

Para las organizaciones eclesiásticas, la iniciativa redactada por el Ministerio de Desregulación y estudios jurídicos de la City porteña "atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse".

El suelo no es mercancía: El freno a la lógica de mercado

El documento episcopal, titulado “La tierra: madre, hermana y bien común”, retoma los conceptos de la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV para contraponer la función social de la propiedad frente al intento oficial de mercantilización absoluta. Desde la Iglesia recordaron a los senadores que los bienes naturales como el suelo, el agua y el aire "han sido dados por Dios a toda la familia humana" y que la justicia exige anteponer el interés colectivo a la acumulación individual.

La Iglesia apuntó directamente contra los ejes más peligrosos:

• La entrega de áreas críticas: Advirtieron que el proyecto deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de campos por parte de extranjeros y desprotege los 50 kilómetros limítrofes considerados zona de seguridad de frontera.
• El control del agua: Denunciaron explícitamente la posibilidad ilimitada de que corporaciones foráneas accedan a tierras ligadas a reservas estratégicas de agua dulce.
• El desguace ambiental: Se pronunciaron en contra de las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, que buscan eliminar los plazos de protección sobre los bosques nativos incendiados para facilitar su posterior loteo.

La complicidad corporativa y la debilidad del Estado

La misiva de la Iglesia se conoce en un contexto de extrema opacidad, donde estudios jurídicos como Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen —denunciados por la fiscalía anticorrupción por armar el entramado de testaferros para la venta fraudulenta de 60.000 hectáreas al magnate chileno Ibáñez Bulnes en Santa Cruz— aparecen como los verdaderos redactores a la sombra de la normativa.

Como conclusión, las pastorales alertaron que la ley de La Libertad Avanza "debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio y proteger el interés comunitario". Al consagrar la indefensión del Estado nacional y transferir a los gobernadores la discrecionalidad para negociar excepciones en zonas fronterizas, la ley fragmenta la integridad territorial y deja a las comunidades locales y a los sectores más vulnerables a merced de los intereses privados transnacionales.

Un límite ético ante el despojo

El pronunciamiento ecuménico demuestra que el peligro del proyecto de "propiedad privada" excede las fronteras de los partidos políticos. Cuando Cáritas y la Pastoral Aborigen hablan de soberanía alimentaria y territorial, están validando la alarma que encendieron los dictámenes de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre los enclaves extranjeros en la Patagonia: la posesión de la tierra en manos de potencias o corporaciones extranjeras es, en sí misma, un daño irreversible a la Nación.

El Senado ya debió postergar el debate una vez por falta de votos; la palabra de la Iglesia ahora coloca un límite ético infranqueable para aquellos legisladores que pretendan levantar la mano para rematar el patrimonio común de los argentinos.