La puesta en escena desplegada en cadena nacional el pasado jueves 3 de septiembre y la reciente visita relámpago de los ministros Carlos Presti y Pablo Quirno a Tierra del Fuego tuvieron un eje retórico recurrente: adjudicar la parálisis de la Base Naval Integrada y Polo Logístico Antártico a la desidia de la administración del Frente de Todos y erigir al actual Ejecutivo como el ejecutor que pondrá en marcha lo que “el pasado abandonó”.

No obstante, el contraste entre el discurso de ocasión y las constancias documentadas del propio Estado revela una realidad diferente. Según una reconstrucción basada en los informes oficiales remitidos por la Jefatura de Gabinete de Ministros al Congreso de la Nación (relevados y verificados por el sitio Chequeado), la administración de Javier Milei consumió 1.000 días de gestión sin mover un solo metro de tierra, congelando el proyecto en el mismo porcentaje técnico que recibió al asumir el poder el 10 de diciembre de 2023.

La génesis (2020-2023): FONDEF, piedra fundacional y el 9,13%

El proyecto de un enclave logístico y militar conjunto para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no nació con la actual administración. Sus antecedentes históricos recorren más de medio siglo, y en materia ejecutiva inmediata a septiembre de 2020 con la sanción de la Ley 27.565 del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF):

• El anuncio de Manzur y Taiana: En sus informes parlamentarios, el entonces jefe de Gabinete Juan Manzur formalizó que la Base Naval Integrada integraba los tres proyectos nodales del FONDEF para ampliar las capacidades científicas en la Antártida y prestar servicios a terceros países.
• La piedra fundamental de 2022: En marzo de 2022, el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó el inicio formal de las obras en la península de Ushuaia.

• Los primeros trabajos: Hacia 2023, la cartera castrense reportó estudios planimétricos, movimiento y nivelación de suelos para instalar dos naves industriales transportables a cargo del astillero estatal Tandanor, además de excavaciones de cimientos y tendido inicial de redes de infraestructura.
• El corte al 31 de diciembre de 2023: Al concluir el mandato de Alberto Fernández, los registros oficiales de Defensa determinaron que la obra acumulaba una ejecución financiera de $2.500 millones y un avance físico consolidado del 9,13%.

La confesión por escrito de Posse, Francos y Adorni

La documentación parlamentaria desmorona la pretensión de responsabilizar con exclusividad al gobierno anterior. En casi tres años de gestión libertaria, pasaron tres jefes de Gabinete y ninguno pudo exhibir avances:

1.   Nicolás Posse (Mayo de 2024 - Informe 139): Tras la visita de Milei a Ushuaia para reunirse con la general Laura Richardson (SOUTHCOM), Posse debió responder ante el Senado sobre los alcances del acuerdo con Estados Unidos. Informó por escrito que “no se ha participado en la redacción de un acuerdo bilateral o Memorándum con los EE. UU.”, ratificó que la base no era combinada sino “argentina” y notificó que el estado de avance se mantenía intacto en el 9,13%.

2.   Guillermo Francos (Agosto de 2025): En su última rendición de cuentas ante los legisladores nacionales, el Ministerio Jefe de Gabinete asentó exactamente los mismos parámetros: 9,13% de avance físico y la misma cifra nominal de ejecución: casi $2.500 millones. Durante los primeros 20 meses de gestión Milei, la obra estuvo paralizada de hecho por el torniquete fiscal de la “motosierra”.

3.   Manuel Adorni (Abril de 2026): Ante las consultas formales por la parálisis prolongada, el Ejecutivo debió blanquear los motivos reales del parate: Adorni admitió oficialmente que la obra se hallaba “supeditada a la programación financiera y la disponibilidad de caja, priorizando la sostenibilidad a largo plazo por sobre la celeridad inmediata”.

Incluso, mientras los expedientes dormían en los despachos porteños, el Gobierno llegó a incluir mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) fracciones de esos mismos terrenos estratégicos en los listados de inmuebles militares sujetos a venta y privatización.

El giro de 180 grados: de la motosierra al apuro de coyuntura

¿Qué modificó el escenario para que una obra postergada durante mil días se transformara repentinamente en prioridad absoluta de Estado?

La respuesta no responde a una súbita planificación territorial, sino a la urgencia política exterior. La escalada de tensiones con el Reino Unido por la explotación clandestina del proyecto petrolero Sea Lion, las sanciones aplicadas a operadoras bajo la Ley 26.659 del kirchnerismo, el frente judicial abierto en Río Grande y el desmarque público de Donald Trump forzaron a la Casa Rosada a exhibir musculatura soberana en el Atlántico Sur.

La respuesta presupuestaria tardía se materializó con la publicación del Decreto 867/2026, que reasignó $561 millones a programas de Cancillería para Malvinas e inyectó $217.954 millones en Defensa, de los cuales $206.000 millones figuran genéricamente como “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”, partida que financiaría el nuevo paquete licitatorio.

La Base Naval Integrada es una demanda histórica y una necesidad estratégica insustituible para la custodia de la plataforma continental y la proyección antártica. Sin embargo, el archivo no perdona: la parálisis no duró cuatro años por obra exclusiva de una sola fuerza política. Durante casi tres años, el gobierno de Javier Milei eligió el congelamiento presupuestario. El relanzamiento en cadena nacional y las promesas para 2027 constituyen un giro pragmático impulsado por la coyuntura geopolítica, buscando capitalizar en términos publicitarios una infraestructura que su propia administración postergó hasta que la realidad internacional le impuso actuar.