La Comisión Especial Investigadora de la Legislatura provincial —creada bajo las Resoluciones Nº 131/26 y Nº 161/26— retomó sus sesiones de trabajo este jueves 6 de agosto tras el receso invernal. El cuerpo que preside el legislador Pablo Villegas (MPF) arrojó un hallazgo documental que cambia de manera categórica el mapa temporal del caso: la firma transnacional LeoLabs comenzó a operar formalmente con el Estado fueguino en noviembre de 2021, meses antes de haber iniciado trámite alguno de inscripción societaria en la provincia y cuando públicamente nada se sabía del proyecto.

El documento ya publicado por el sitio web www.palsur.com.ar, toma nueva relevancia en el contexto del proceso investigativo, que busca encontrar el punto cero del vínculo entre Leolabs y la gestión Melella. Y con ello, evaluar las responsabilidades políticas institucionales que permitieron la radicación de la compañía y la instalación de un radar de uso dual; civil y militar.

La prueba del "Punto Cero": Suministro a nombre de LeoLabs Inc. en 2021

Entre la vasta documentación recibida por la comisión (cuyo acceso es libre y está colgada en el sitio web de la legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), destaca el formulario oficial de la Dirección Provincial de Energía (DPE) correspondiente a la "SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO". El documento oficial —identificado en el expediente judicial y legislativo con el folio 160— expone datos de extrema trascendencia:

• Titular solicitante: LEO LABS Inc. (Cuyo correo registrado es [email protected]).
• Fecha del pedido: 12 de noviembre de 2021.
• Usuario y firmante responsable: José Luis Hormaechea (DNI 12.906.801).
• Matriculado asociado: Ing. Javier Rodríguez (Matrícula Nº 32).
• Ubicación del suministro: Ruta Nacional Nº 3 Km 2946, Sección Rural 7, Parcela 116E — Estancia "El Relincho", municipio de Tolhuin.
• Potencia solicitada: 125 kVA (Tipo de actividad: Grandes Consumos).

La fecha es absolutamente reveladora. En noviembre de 2021, LeoLabs Argentina S.R.L. ni siquiera existía formalmente en los registros de la provincia (sus tres inscripciones ante la Inspección General de Justicia se concretaron recién el 4 de marzo de 2022). La tramitación ante la DPE fue iniciada de forma directa utilizando el nombre de la firma matriz estadounidense y bajo la firma de José Luis Hormaechea, exjefe de la Estación Astronómica de Río Grande (EARG), consultor privado de la empresa multinacional y asesor desde 2023, de la propia gestión del Gobernador Gustavo Melella.

Respuestas recibidas y el bloque de los renuentes

En el informe presentado por el legislador Pablo Villegas durante la sesión de este jueves, se detallaron los organismos que cumplieron en tiempo y forma con la remisión de copias certificadas de sus expedientes, así como las pruebas remitidas por el Juez Civil y Comercial Gustavo Fernández (Juzgado Nº 1 del Distrito Judicial Sur), magistrado que el pasado 2 de julio aportó el expediente completo donde tramita el pedido de disolución societaria impulsado por la IGJ.

Organismos que cumplieron con el envío documental:

• Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).
• Inspección General de Justicia (IGJ).
• Fiscalía de Estado de la Provincia.
• Ministerio de Producción y Ambiente.
• Secretaría de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales.
• Representación Oficial del Gobierno Provincial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación.
• Municipalidad de Tolhuin.

Organismos en rebeldía administrativa:

A pesar de la gravedad institucional del tema, dependencias clave del Poder Ejecutivo provincial continúan sin enviar la documentación requerida por el Centro de Excombatientes. Entre ellas, la Dirección Provincial de Energía (DPE), el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la jefatura de Gabinete de Ministros.

Frente a esta postura renuente, la Comisión Investigadora resolvió reiterar formalmente los requerimientos bajo apercibimiento: de persistir el incumplimiento, se citará de manera obligatoria a las máximas autoridades de las áreas en rebeldía para que expliquen ante el recinto las razones de la retención documental.

Primera ronda de citaciones y peritaje técnico-científico

Para las próximas semanas, la Comisión acordó iniciar el ciclo de declaraciones testimoniales clave. Entre los primeros convocados figuran:

1.    Jorge Enrique Taiana: Exministro de Defensa de la Nación, firmante del informe final que ordenó la cancelación total del radar por razones de seguridad nacional.

2.    General Juan Manuel Paleo: Exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (2023).

3.    Daniel Harrington: Intendente del Municipio de Tolhuin.

4.    Pablo Blanco: Exsenador nacional por Tierra del Fuego.

Asimismo, la Comisión impulsará un requerimiento para que el Poder Ejecutivo Provincia disponga la realización de un inmediato peritaje técnico-científico independiente, sobre el predio de Leolabs en la Estancia "El Relincho". El objetivo es determinar si el radar se encuentra efectivamente inoperativo, si permanece en estado latente de "escucha pasiva", o si cuenta con la capacidad de ser encendido de manera remota mediante fuentes alternativas de energía ajenas a la red eléctrica provincial.

Correos e inspección de mensajería virtual

A solicitud del Centro de Excombatientes de Ushuaia, la Comisión resolvió hacer extensivo el pedido de pruebas al entorno digital. Se exigirá a todos los ministerios, secretarías y entes descentralizados la entrega de copias certificadas de todos los correos electrónicos institucionales enviados y recibidos entre sí que guarden relación con el circuito administrativo de LeoLabs.

De igual modo, se formalizó un pedido para que los funcionarios políticos, directivos, profesionales y técnicos intervinientes en el expediente aporten de manera voluntaria los registros de mensajería virtual (WhatsApp, Telegram u otras plataformas en línea) emitidos y recibidos durante la tramitación.

La Comisión Especial Investigadora confirmó que durante el próximo mes de septiembre presentará su primer informe público oficial, donde volcará las conclusiones preliminares, las responsabilidades políticas y los hallazgos de este proceso auditado por los combatientes de Malvinas.