Sin sonrojarse y con una plasticidad discursiva que desafía cualquier memoria documental, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se subió al atril de la cadena nacional del presidente Javier Milei. Mediante una publicación en sus redes sociales oficiales, el mandatario fueguino celebró el «cambio de posición del Gobierno nacional», pidió conformar «un frente político e institucional unido» y reclamó que los anuncios se traduzcan en «decisiones, presupuesto y plazos» con la participación obligada de la Provincia.

La proclama de ocasión busca presentarlo como custodio de la causa austral: «No puede existir una política nacional sobre Malvinas que se construya sin Tierra del Fuego (...) Las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Y fueron, son y serán fueguinas», declamó Melella.

Como Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, destaco el cambio de posición del Gobierno nacional respecto de la causa de nuestras Islas Malvinas.

Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política. Malvinas es una de ellas. Por eso…

— Gustavo Melella (@gustavomelella) September 4, 2026

Sin embargo, el relato choca de frente con los antecedentes de su propia administración. El fervor patriótico exhibido en las redes contrasta con una conducta sostenida de pasividad procesal, complicidad administrativa e integración comercial con los mismos intereses británicos que hoy simula repudiar.

La deserción procesal en la causa de 2015

Cuando Melella reclama ahora «profundizar la estrategia jurídica internacional» y «fortalecer las herramientas para impedir la explotación ilegítima», omite un dato central que avergüenza a la historia institucional fueguina:

• Durante toda su gestión, el Gobierno provincial se negó a constituirse como parte querellante en la causa judicial que desde 2015 tramita en el Juzgado Federal de Río Grande.
• Aquel expediente, promovido en su momento por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mediante los ministerios nacionales y en el que la jueza Lilian Herraez ordenó embargos internacionales contra las compañías que operaban en Malvinas, nunca tuvo el impulso formal de la Fiscalía de Estado ni del Ejecutivo fueguino como querellante.
• Tampoco fue la Provincia la que frenó el avance extractivo actual: tuvieron que viajar a Río Grande los miembros del CECIM La Plata y la Asociación de Abogados Ambientalistas para interponer la Acción Preventiva de Daño Colectivo (Expediente FCR 13706/2026) contra Rockhopper y Navitas. La administración Melella no figuró en el escrito judicial.

La alfombra roja a Harbour Energy en la Cuenca Marina Austral

El punto de mayor incoherencia política radica en la política hidrocarburífera doméstica. Mientras el gobernador declama en los medios la defensa irrestricta de los recursos soberanos, en el terreno concreto de las concesiones hidrocarburíferas provinciales su gobierno habilitó y convalidó la incorporación de la británica Harbour Energy como socia estratégica en el Consorcio Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1).

Como lo reconoce públicamente la propia operadora TotalEnergies en su portal oficial para el megaproyecto Fénix, la corporación con base en Londres detenta nada menos que el 37,5% de las concesiones de gas y petróleo que operan en los yacimientos Hidra, Kaus, Carina, Aries, Vega Pléyade y Fénix, procesando el gas en las plantas terrestres de Río Cullen y Cañadón Alfa.

El vínculo corporativo torna la posición del Ejecutivo fueguino insostenible:

• Harbour Energy (nacida de la fusión de Premier Oil y Chrysaor) no solo perforó y exploró ilegalmente en la Cuenca Malvinas Norte durante años, sino que fue la compañía británica que le transfirió a la israelí Navitas Petroleum el paquete accionario del 65% del yacimiento Sea Lion que hoy Milei promete sancionar.
• En lugar de aplicar la Ley Solanas Nº 26.659 para expulsar o vetar a una compañía ligada de manera directa al saqueo en las islas, el gobierno de Melella extendió los plazos de las concesiones hidrocarburíferas, se sienta mensualmente a liquidar regalías con dicha firma y asegura la continuidad de sus operaciones en la plataforma costera de la provincia.