El repliegue forzado del oficialismo en el capítulo de tierras no detuvo la ingeniería del despojo; apenas obligó a mutar sus instrumentos jurídicos hacia formas de colonización corporativa y tecnológica. Según reveló una investigación del periodista Sebastián Premici en El Destape, La Libertad Avanza; avanza en el Senado de la Nación con dos proyectos complementarios que configuran una nueva arquitectura de opacidad: la reforma a la Ley General de Sociedades y el denominado "Súper RIGI".

Ambas iniciativas funcionan como un dispositivo de dos fases diseñado para complacer las demandas de las corporaciones de Silicon Valley y los intereses estratégicos de Washington: crear entidades comerciales sin control humano directo, blindadas fiscalmente por tres décadas y sustraídas de la soberanía judicial argentina.

Las piezas del engranaje legislativo

• Sociedades Automatizadas (DAO): La reforma societaria introduce la figura de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), personerías jurídicas operadas exclusivamente por algoritmos e inteligencia artificial, sin exigencia de vocación empresarial ni arraigo productivo local.
• Caparazón jurídico por 30 años: El "Súper RIGI" otorga estabilidad fiscal, regulatoria y cambiaria absoluta por 30 años a los Vehículos de Proyecto Único (VPU), permitiendo que corporaciones algorítmicas queden fuera de cualquier intento futuro de regulación estatal.
• Prórroga de jurisdicción y derecho extranjero: El proyecto habilita a las sociedades, a someter sus controversias y estatutos a leyes y tribunales internacionales, eliminando el control de los jueces argentinos.
• Avasallamiento de las autonomías provinciales: Se quita a las provincias la facultad de exigir balances, estados contables o datos adicionales en los registros públicos de comercio, desmantelando los organismos locales de fiscalización.
• Ocultamiento de beneficiarios finales: Se legaliza el uso de estructuras offshore y patrimonios de afectación sin fines de desarrollo comunitario, facilitando la compra encubierta de tierras, energía y recursos estratégicos.

El peligro de las empresas invisibles

Juristas y especialistas en derecho comercial advirtieron sobre las consecuencias institucionales del proyecto. Enrique Hidalgo, exsecretario parlamentario, señaló que el proyecto autoriza la limitación de responsabilidad patrimonial para el mero encubrimiento de bienes, transformando a la sociedad comercial en un vehículo de beneficio individual exclusivo y desprovisto de función social.

Respecto a las DAO, Hidalgo alertó sobre la imprudencia de que un país periférico permita que tecnologías que no produce ni domina operen libremente en su territorio con efectos potencialmente depredadores.

Por su parte, María Eugenia Marano, especialista en transparencia e integrante del proyecto Futuros Mejores, advirtió que la norma destruye la protección estatal sobre terceros, usuarios de servicios públicos y socios minoritarios. A su vez, Rafael Manóvil, presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, cuestionó la entrega de soberanía jurídica al advertir que el artículo 141 permite aplicar derecho extranjero en las relaciones internas de sociedades que no cotizan en bolsa.

La advertencia de las organizaciones sociales

Una coalición de organizaciones civiles —entre las que destacan el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM La Plata), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y la Asociación Gremial de Computación (AGC)— denunció que la falta de mención explícita a la inteligencia artificial dentro del Súper RIGI forma parte de una estrategia deliberada.

El Súper RIGI construye el blindaje procesal (arbitraje internacional excluyente y condición de inversión protegida) que las sociedades automatizadas utilizarán para operar de forma irreversible en la extracción de minerales críticos, el uso de agua dulce y la explotación energética vinculada a los data centers de la Pax Silica.

Mientras la Comisión de Legislación General pasó a cuarto intermedio y el oficialismo negocia modificaciones técnicas a puertas cerradas para emitir dictamen, el debate desnuda el fondo del modelo: consagrar una soberanía condicionada donde los algoritmos transnacionales mandan, los tribunales locales pierden jurisdicción y el patrimonio común queda atado de pies y manos hasta mediados de siglo.