El trabajo periodístico encabezado por Nacho Otero, se realizó entre el miércoles 13 y el viernes 15 de este mes, tanto en Ushuaia como en Tolhuin; y 10 días después mantiene absoluta vigencia, toda vez que ni el gobierno de Tierra del Fuego, ni el gobierno nacional han hecho nada para llevar adelante la desconexión a las redes de internet y electricidad que lo alimentan, y menos aún han planificado el desarme que de manera insistente lo viene requiriendo el Ministerio de Defensa y la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete, que primero; el 15 de noviembre de 2022 autorizó a la empresa LeoLabs Argentina SA a su montaje y el 23 de agosto pasado dispuso su cancelación total.
Presentado por Nelson Castro y Dominique Metzger, el informe dura 11 minutos y 32 segundos. En el estudio y en vivo, Nacho Otero hilvanó la secuencia administrativa y las responsabilidades política de quienes permitieron la instalación de este radar de capitales británicos a tan solo 700 kilómetros de las Islas Malvinas.
Con abundante documentación aportada por Agenda Malvinas, el informe titulado por la producción de Canal 13 UN RADAR INGLES VIGILA EN LA PATAGONIA, recogió los testimonios del analista en política internacional y director del sitio web radarinternacional.com, Nicolás Promanzio; del Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary; del Senador Nacional Pablo Blanco y del propio director de Agenda Malvinas, exsoldado combatiente de la guerra de Malvinas y periodista Daniel Guzmán.
Nicolas Promanzio, quien abre la serie de entrevistas que aparecen en el informe, fue el primero en advertir lo que posteriormente oficializó el Ministerio de Defensa; el radar tiene la posibilidad de uso dual -civil y militar-, y la empresa constituida en el País, LeoLabs Argentina SA es una filial de una compañía británica. Hecho que confirmó horas después Agenda Malvinas, cuando documentó que la misma pertenece a LeoLabs Space Holdings Limited con sede en Dublín Irlanda y a Leolabs Limited domiciliada en Londres, la capital del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Por su parte, casi como ajeno a las responsabilidades que le cabe al propio gobierno, Andrés Dachary dijo estar al frente de “algo imposible de pensar en cualquier parte del país, en particular en Tierra del Fuego donde padecemos la situación de Malvinas” y que para el corte de la energía que solicita Nación, “solo se puede hacer por manda judicial”. El senador Pablo Blanco se preguntó “cómo un área de menor jerarquía (en referencia a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación) en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sin poner en conocimiento a Defensa y la Relaciones Exteriores, cuando no es más ni menos que instalar un radar en una zona de conflicto y la empresa que lo instala tiene capitales del mismo que usurpa las Islas Malvinas”.
Frente a la tranquera de ingreso a la Estancia el Relincho, en el kilómetro 2946 de la ruta nacional Nº 3, donde desde el año pasado está instalado el radar, Daniel Guzmán no solo le aseguró a Nacho Otero que “el radar está funcionando”, sino que además le confió algo que está latente en la mayoría de los soldados que efectivamente combatieron en las islas en el año 1982: “pensar en los pibes que murieron al lado nuestro, que el hecho más doloroso había sido volver siendo prisioneros luego de entregar las armas y que ahora 41 años después aparezca esto (un radar ingles en el corazón de la Tierra del Fuego). Esto que no lo hizo la dictadura, esto lo hicieron gobiernos democráticos”.
Lo cierto es que 103 días después que la peligrosidad del radar LeoLabs Argentina SA tomara estado público, que se identificara la procedencia de sus capitales, que se conociera todos los ministerios y áreas nacionales y provinciales que actuaron y también a quienes arbitrariamente no se le dio la obligatoria intervención, lo mismo que los nombres de los funcionarios y funcionarias actuantes; el radar sigue funcionando sin que nadie tome la iniciativa de cumplir con los pedidos que ellos mismos imparten: desconectar la electricidad y la conexión a internet, dar de baja la sociedad en la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego y cancelar las habilitaciones ambientales que se le otorgaron.
