— La pretendida alineación ideológica irrestricta entre la administración de Javier Milei y el gobierno de Donald Trump exhibió en las últimas horas sus límites materiales más ásperos. En una conferencia de prensa ofrecida en el Palacio San Martín tras una prolongada reunión bilateral, el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, reconocieron formalmente que la Casa Blanca monitorea «con interés» el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (Mensaje 0010-PE-2026) y admitieron su preocupación por el impacto que su régimen de penalidades extraterritoriales pueda acarrear sobre corporaciones y bancos norteamericanos.

La visita de los emisarios del Departamento de Estado blanqueó un paquete de concesiones y presiones cruzadas. Mientras Washington puso sobre la mesa financiamiento para seguridad, ciberdefensa y la promesa de hasta USD 7.000 millones a través del Exim Bank para el estratégico Corredor Andes-Atlántico, exigió dos prendas de alto costo soberano: revisar el alcance del régimen sancionatorio sobre sus empresas asociadas al enclave en Malvinas y convalidar la disolución del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (C-24), el órgano multilateral donde la Argentina ratifica anualmente sus derechos territoriales desde 1965.

La advertencia de Landau: «Viendo los intereses de nuestras empresas»

El eje de la incomodidad estadounidense radica en el efecto en cascada del proyecto 0010-PE-2026, que no solo apunta a petroleras como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, sino que penaliza a contratistas, intermediarios financieros, tenedores de bonos y fondos de Wall Street. El temor empresarial se disparó tras la decisión de Halliburton de retirarse de las islas para no perder contratos en Vaca Muerta.

Ante las preguntas de los medios, Landau admitió la gestión de lobby corporativo:

«Nosotros estamos, obviamente, viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina», afirmó el funcionario republicano, suavizando el tono tras haber planteado en privado la necesidad de podar el texto normativo.

A su turno, el canciller Pablo Quirno intentó defender la iniciativa argumentando que el régimen actual (Ley 26.659) «no le da al país las herramientas necesarias» frente a la fase de explotación. Negó que la norma apunte contra corporaciones específicas y ensayó una justificación de mercado:

«Esta ley no va en contra de nadie en particular. Esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas de las Islas Malvinas», sostuvo Quirno, planteando que las firmas deben decidir entre el volumen de inversión continental o el negocio clandestino insular.

El desguace del C-24: la diplomacia argentina en retroceso

El capítulo más alarmante del diálogo bilateral giró en torno a la propuesta estadounidense de eliminar el Comité Especial de Descolonización de la ONU. Landau justificó la embestida como parte de una «reforma administrativa» de Naciones Unidas para suprimir comités que «a través de los años no han hecho casi nada», aunque deslizó el encono directo de Washington: cuestionó que el cuerpo haya tomado «posiciones bastante radicales contra Estados Unidos en cuestión de Puerto Rico y otros temas».

Pese a que el C-24 es la piedra basal donde la diplomacia nacional sostiene año a año la denuncia contra la ocupación británica, Quirno relativizó su importancia para evitar fricciones con la delegación norteamericana:

«Si el comité deja de existir, eso no tiene ningún tipo de mella en la posición argentina. Nuestro reclamo es a nivel mundial y las resoluciones son generales de la Asamblea General, no de un comité en especial», aseguró el canciller.

Sin embargo, el apuro por complacer a la Casa Blanca ya generó hechos concretos: la semana pasada, la representación argentina se abstuvo en dos resoluciones de la Cuarta Comisión de la ONU vinculadas a la descolonización, una ruptura histórica de la tradición diplomática nacional que el oficialismo intentó justificar por «razones técnicas», pero que en el Congreso y en la Cancillería fue leída como una capitulación ante los mandatos de la administración Trump. Paralelamente, el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió días atrás que la posición ante el reclamo norteamericano «está bajo análisis» y no descartó introducir modificaciones al proyecto de ley en el recinto.

Fondos para ciberseguridad, injerencia en ARSAT y el «quitavisas»

Para apuntalar el alineamiento en momentos en que la Casa Rosada busca asegurar la continuidad económica y política hacia 2027, la misión estadounidense formalizó un paquete de desembolsos específicos:

• USD 13 millones para combate al narcotráfico (USD 7,5 millones para aplicación local directa).
• USD 10 millones mediante el Pacto para la Protección de la Infancia contra la trata, firmado con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
• USD 15 millones como aporte no reembolsable para un Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Dicho convenio incluye una cláusula de alto impacto estratégico: la auditoría y evaluación de la seguridad de la red troncal de fibra óptica de la empresa estatal ARSAT.

La agenda tecnológica incluyó además la presión directa para expulsar proveedores chinos (como Huawei) de los tendidos de infraestructura nacional y el litio norteño. Ante la consulta sobre directivos que sufrieron sanciones migratorias en la cuenca neuquina, Landau fue tajante: «Por algo me llaman el quitavisas. Es una herramienta de la política exterior y no invitamos a personas que amenazan la seguridad de nuestro país».

La soberanía en la mesa de saldos

El paso de Landau y Segura por Buenos Aires expuso la fragilidad del relato oficial frente a la Causa Malvinas. Mientras el Estado argentino formalizó una presentación de 49 páginas y 65 anexos probatorios ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo para frenar el inicio de perforaciones de Sea Lion en 2027, el Ejecutivo titubea en el frente interno cuando las sanciones rozan a corporaciones de capitales norteamericanos.

Con la confirmación de la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance para noviembre y las negociaciones por el programa de Visa Waiver, la Casa Rosada enfrenta su mayor dilema ético y político: decidir si la defensa de la plataforma continental se sostiene como política de Estado indivisible o si el cerco legal contra la ocupación británica se convertirá en moneda de cambio para garantizar el auxilio financiero de Washington.