Las recientes declaraciones del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, publicadas por el diario El Mercurio a partir de una entrevista con Radio Universo, desnudaron una verdad incómoda que trasciende la política local de Magallanes: la pretensión abierta de captar el derrame económico que genera la ocupación británica en las Islas Malvinas y la flagrante asimetría con la que la República Argentina ha fiscalizado a los puertos vecinos.

Al defender Radonich la puesta en marcha de la ruta marítima privada hacia Puerto Argentino y calificar de "discriminación" las trabas a su ciudad, el jefe comunal puso sobre la mesa un dato fáctico indiscutible: el rol de enclave logístico que la República Oriental del Uruguay viene desempeñando sin consecuencias efectivas.

Radonich no oculta el móvil de su reclamo. Su queja no nace de un debate soberano ni de una preocupación por el derecho internacional, sino de una descarnada disputa comercial: quiere que Punta Arenas participe del flujo millonario que genera la expoliación de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur.

La certeza sobre Montevideo: La inacción argentina que expuso Radonich

En su argumentación, el alcalde magallánico apuntó al corazón de la política regional:

"Las municipalidades son autónomas, yo no tengo jefe, sino los vecinos de nuestra ciudad (...) Observo un tema de discriminación con nuestra ciudad respecto de lo que hace Montevideo. Yo no sé si nos ven con debilidad respecto de lo que hace Uruguay, pero en lo concreto los únicos afectados son los habitantes de nuestra ciudad y nuestro comercio", afirmó Radonich, estimando pérdidas por US$ 300 millones acumuladas desde 2012 y calculando un negocio directo de al menos US$ 20 millones anuales.

En este punto estricto, la observación del jefe comunal trasandino no es una especulación: es una realidad inocultable.

Desde hace años, el puerto de Montevideo funciona como el principal nodo de abastecimiento de bienes perecederos y no perecederos para la población implantada y las tropas británicas en Malvinas. Más grave aún: la terminal oriental es el punto de apoyo logístico, trasbordo, reparación y descanso de la flota pesquera internacional —principalmente de bandera española y de otros pabellones extranjeros— que depreda la Zona Económica Exclusiva argentina operando al amparo de las licencias ilegales otorgadas por el gobierno colonial en las islas.

Frente a este circuito sistemático, la Cancillería argentina ha mantenido una inacción crónica, esquivando sanciones efectivas y permitiendo que Montevideo usufructúe los beneficios de ese soporte sin pagar costo diplomático ni económico alguno.

La obligación jurídica: Si se sanciona a Chile, se debe sancionar a Uruguay

Esta omisión histórica del Estado argentino es la que hoy utiliza la dirigencia de Magallanes como coartada moral para abrir su propio corredor comercial:

• La doctrina del derrame: Radonich pretende que Punta Arenas se transforme en el "gran supermercado" de las islas, proveyendo alimentos congelados y frescos, bebidas, madera, repuestos y gas licuado para el archipiélago y para la infraestructura auxiliar del proyecto petrolero Sea Lion. Si Montevideo lucra con el enclave, razonan en el extremo chileno, Magallanes tiene derecho a disputar esa renta.
• La trampa de la legalidad selectiva: La República Argentina no puede sostener una vara dual en el Atlántico Sur. Si el Gobierno nacional y la Cancillería —intimada recientemente por el CECIM La Plata mediante carta documento para aplicar de inmediato la Ley 26.659 y el Decreto 868/2026— avanzan contra la naviera Easter Island y las empresas de Punta Arenas, tienen la obligación ineludible de aplicar exactamente el mismo rigor sancionatorio a todas las corporaciones, agencias marítimas y prestadoras de servicios que operan desde el puerto de Montevideo.
• El alcance del Decreto 256/2010: Ningún buque que preste servicios a la ocupación, directa o indirectamente, puede eludir la normativa que prohíbe el tránsito inconsulto en aguas de jurisdicción nacional. Tolerar el auxilio uruguayo mientras se cuestiona el chileno vacío de coherencia y autoridad moral la política de Estado contra el colonialismo.

El rol de la intendencia: De la "autonomía" a la complicidad organizada

Para intentar blindarse, Radonich argumenta que la ruta hacia las islas es un contrato "entre privados" que operará con un buque bajo otra bandera para gambetear la declaración del Mercosur de 2011. Sin embargo, su propio relato lo condena: confirmó que el municipio identificó la demanda logística y prepara para el 28 y 29 de septiembre una rueda de negocios oficial para conectar a cerca de 40 corporaciones coloniales enviadas por la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) con proveedores magallánicos, allanando el primer viaje previsto para noviembre.

Claudio Radonich con dureza el manejo de su propio país ("Nuestra Cancillería es muy ingenua con Argentina") y atribuyó el conflicto a una "estrategia permanente" de nuestro país para alterar los tratados, desconociendo que la facilitación logística a una potencia usurpadora no es un acto de libre comercio municipal, sino una violación directa a la solidaridad sudamericana y al mandato de descolonización de las Naciones Unidas.

El alcalde de Punta Arenas dejó expuesta la herida abierta de la diplomacia regional: el puerto de Montevideo ha lucrado impunemente con la usurpación británica, y ahora Magallanes exige su parte del botín. Pero el camino frente al colonialismo no puede ser la competencia entre puertos vecinos para ver quién abastece con mayor eficiencia al usurpador a cambio de unos millones de dólares.

Llamar "discriminación" a las leyes argentinas que defienden nuestros recursos naturales de la rapiña imperial es una falacia. Pero la queja de Radonich obliga a la Cancillería a terminar con la selectividad: la defensa de la soberanía exige aplicar las penalidades de la ley por igual, tanto a la naviera chilena que pretende zarpar en noviembre como a toda la red logística que desde Montevideo sigue alimentando el saqueo de nuestras Islas Malvinas.