La diplomacia chilena acaba de blanquear su fractura moral y estratégica respecto al Atlántico Sur. Tras el tembladeral político que desataron las declaraciones del ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal —quien calificó a Gran Bretaña de "país amigo", reconoció su "soberanía de hecho" y condicionó cualquier solución a la "voluntad" de los ocupantes—, el gobierno del presidente José Antonio Kast ensayó un torpe control de daños que terminó ratificando lo peor: La Moneda sostiene una política exterior esquizofrénica que respalda formalmente los derechos argentinos en los foros internacionales, pero avala, protege y promueve el auxilio logístico y comercial a la usurpación británica desde los muelles de Punta Arenas.

La postura oficial fue fijada esta mañana por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y ratificada en el Congreso por el canciller Francisco Pérez Mackenna. Lejos de frenar la avanzada mercantil en Magallanes, el Ejecutivo trasandino resolvió separar de manera artificial la política de Estado de los negocios portuarios: mientras en los micrófonos se recita el apoyo a la soberanía argentina conforme al derecho internacional, en los muelles se le da luz verde a la consolidación económica del enclave colonial británico.

La doctrina de la separación: "Apoyo diplomático, negocios aparte"

La línea argumental expuesta por Pavez desnudó la comodidad con la que Santiago pretende eludir sus compromisos bilaterales y regionales:

"Desde el año 1992, Chile ha ratificado el apoyo a la reclamación argentina sobre las Malvinas y que eso tiene que perseguirse conforme al derecho internacional, pacíficamente (...) La posición del Gobierno es que nuestros ciudadanos pueden realizar cualquier actividad económica y comercial desde nuestros puertos mientras se ajusten a la legislación vigente", sostuvo el subsecretario chileno.

Esta definición consagra una falacia inaceptable para la República Argentina. No existe escisión posible entre la diplomacia y la logística en una zona bajo disputa de soberanía y militarización colonial. Abastecer de alimentos, madera, cemento, repuestos y gas licuado al archipiélago usurpado no es un acto neutro de comercio civil: es consolidar materialmente la ocupación británica y dotar de infraestructura auxiliar a la explotación petrolera offshore del proyecto Sea Lion.

Al afirmar que los privados chilenos tienen derecho a comerciar libremente con las islas, el gobierno de Kast desconoce de facto el compromiso asumido en la Declaración del Mercosur de 2011, que compromete a los Estados miembros y asociados a no brindar apoyo ni facilitación portuaria al enclave. Peor aún: pulveriza la tinta del documento conjunto firmado por el propio Kast y Javier Milei en La Moneda el pasado 3 de septiembre, donde Argentina dejó asentado que valoraría los esfuerzos de Chile para "evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales unilaterales en la zona disputada".

El coro parlamentario y el negocio magallánico

La postura de La Moneda encontró eco inmediato en el Congreso chileno, donde la defensa de la renta colonial superó cualquier consideración de hermandad regional. Durante la jornada de este martes en el Senado, el legislador por Magallanes Karim Bianchi defendió abiertamente el puente comercial con las islas, cuestionando que Buenos Aires pretenda frenar el desembarco británico en la región:

"Nosotros podemos tener una visión, una colaboración, reivindicar la causa argentina, pero eso no tiene nada que ver con que Magallanes busque hacer negocios con otros países", disparó el senador, definiendo a la ocupación colonial lisa y llanamente como "otro país".

Las palabras de Bianchi y la pasividad de La Moneda coinciden con el cierre de las dos jornadas de negocios en el Hotel Cabo de Hornos. Allí, 53 empresas magallánicas —entre las que figuran Distribuidora Tío Rico, Carnes Natales, Embotelladora Andina, Corcoran y Ferretería Bolt— mantuvieron reuniones directas con 28 corporaciones y delegados de la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) para sellar los contratos de abastecimiento del buque de la naviera chilena Easter Island, cuyo primer viaje con pabellón nacional está previsto para noviembre.

El quiebre definitivo

La declaración del gobierno de Kast termina con las sutilezas diplomáticas. Para Chile, el reclamo argentino por las Islas Malvinas es apenas un expediente declarativo de Naciones Unidas que se firma en los papeles diplomáticos, pero que no debe entorpecer los dividendos de sus empresarios ni frenar la aspiración de Punta Arenas de captar los millones de dólares que Montevideo viene usufructuando desde hace años.

Llamar a esto "política de Estado respetuosa del derecho internacional" es una burla. Asistir logísticamente al invasor es subsidiar el saqueo. Si Chile ha decidido de manera formal que sus puertos y sus buques sirvan como retaguardia económica y logística del enclave militar de Mount Pleasant, la República Argentina debe actuar en consecuencia: aplicar con todo el rigor de la ley el régimen sancionatorio a las firmas involucradas, fiscalizar con las unidades del Área Naval Austral la boca oriental del Estrecho de Magallanes y terminar con la ficción de una integración regional que se proclama en las cumbres presidenciales y se traiciona en los muelles de carga.

Fuente:

Escenario Mundial