En una sesión maratónica que culminó a las 3:50 de este 1° de mayo, la Legislatura derogó la Ley 1529. Con una mayoría transversal de 11 votos, el cuerpo legislativo frenó el intento del Ejecutivo de avanzar con una reforma constitucional que, bajo el maquillaje de la Cuestión Malvinas, buscaba garantizar la perpetuidad de un gobierno cercado por la crisis y los escándalos.

El calendario marcó una coincidencia simbólica. Hoy, 1° de mayo de 2026, mientras la Constitución de Tierra del Fuego celebra 34 años, 10 meses y 30 días de vigencia, la Legislatura provincial decidió protegerla de lo que muchos consideraban un asalto a la institucionalidad. La derogación de la Ley Provincial N° 1529 no es solo un revés legislativo para el gobernador Gustavo Melella; es el colapso de una estrategia política que intentó utilizar la causa Malvinas como pantalla para ambiciones personales de reelección.

La sesión del "Basta"

A pedido del legislador Jorge Lechman (Somos Fueguinos), quien solicitó adelantar el tratamiento del proyecto, el recinto se convirtió en el escenario de un debate de fondo sobre el futuro de la provincia. Con 11 votos a favor y solo 4 en contra —pertenecientes a los bloques FORJA y Sumemos Tolhuin—, se logró revocar la norma que habilitaba el proceso reformista.

Lechman, protagonista central de la jornada, fue contundente al alzar el texto constitucional: “Este librito es la herramienta fundamental de esta provincia. Todos los que estamos sentados acá juramos respetarla, cumplirla y hacerla cumplir”. La amplitud del consenso, que incluyó a legisladores de diversos espacios como Pablo Villegas, Juan Carlos Pino, Laura Colazo y Natalia Gracianía, dejó en claro que la aventura de Melella ya no contaba con sustento político ni social.

El costo de la "Distracción Soberana"

Desde Agenda Malvinas hemos denunciado sistemáticamente que este proceso reformista fue, en realidad, una "operación política calculada". Mientras el gobierno gastaba energías y recursos en intentar modificar 70 artículos de la Carta Magna, la realidad de la provincia muestra una desidia alarmante en temas de soberanía real:

• Inacción Geopolítica: El silencio ante la existencia del radar británico en Tolhuin y la presencia de capitales del Reino Unido en el yacimiento Fénix.
• Entrega Logística: La falta de una estrategia concreta para la Base Naval Integrada y el posicionamiento de Tierra del Fuego como puerta real a la Antártida, más allá de la retórica.
• Vulnerabilidad Económica: Una industria bajo ataque y una dependencia asfixiante de adelantos de coparticipación que rondan los 20.000 millones de pesos mensuales.

Un gobierno cercado por su propia realidad

La reforma pretendía ser un salvoconducto para un tercer mandato en medio de un clima de destrucción de la industria promocionada, despido de trabajadores, caída de la inversión pública y escándalos sexuales que han minado la credibilidad de Gustavo Melella. La pretensión de "blindar" la Ley 19.640 o "incorporar" Malvinas al nombre de la provincia resultó ser, para la mayoría de los legisladores, una "mención formal sin mecanismos concretos" que solo buscaba distraer del ajuste y la crisis en salud y educación.

El camino de la reconstrucción

La derogación de esta madrugada pone fin a una amenaza de gasto innecesario en una provincia donde la caja de jubilaciones no presta servicios, la obra social dejó que proteger la salud de los trabajadores del Estado, los salarios estatales están pulverizados y el puerto de Ushuaia está intervenido. Como señaló Lechman al cierre de la sesión, la política fueguina debe entender que son "contrincantes circunstanciales, no enemigos", y que la realidad ordena que los responsables políticos deben avocarse a resolver la profunda crisis estructural de la Tierra del Fuego.

Hoy la provincia tiene una oportunidad: dejar de mirar las "ambiciones de cabotaje" de sus gobernantes y empezar a legislar con herramientas reales para defender el mar que nos rodea y la dignidad de quienes habitan la Isla Grande, la Antártida y nuestras Islas del Atlántico Sur. La Constitución de 1991 sigue en pie; ahora resta que el Gobierno comience, finalmente, a cumplirla.