Tanto la exministra de Producción y Ambiente y actual ministra de Trabajo, Sonia Castiglione, como el actual titular de la cartera productiva, Francisco Devita, pegaron el faltazo al recinto parlamentario amparándose en razones de agenda funcional: Devita notificó que se encontraba fuera de la provincia, mientras que Castiglione argumentó compromisos institucionales asumidos con anterioridad.

La inasistencia de Castiglione causó profunda indignación en los legisladores integrantes de la Comisión y en la representación del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia (CEMU). Como alternativa a su presencia física, la actual ministra de Trabajo propuso enviar sus respuestas por escrito; un mecanismo que fue rechazado de plano y de forma unánime por el cuerpo investigativo y los veteranos de guerra, quienes ratificaron la obligatoriedad de su comparecencia presencial y resolvieron reiterar formalmente la citación.

La funcionaria clave del andamiaje provincial

El faltazo de Sonia Castiglione no constituye un desplante burocrático más: se trata de la principal actora ministerial en el circuito que facilitó la radicación del radar de capitales británicos e irlandeses en Tolhuin.

Durante su gestión al frente del Ministerio de Producción y Ambiente a lo largo de 2022, se gestaron resortes decisivos que posibilitaron la consolidación del proyecto en el territorio insular:

• Facilitación aduanera: Fue el área bajo su mando la que gestionó gestiones y excepciones ante organismos federales —entre ellos la Dirección General de Aduanas— alegando supuestos beneficios y desarrollo económico para Tierra del Fuego a fin de acelerar el ingreso y liberación de los componentes tecnológicos importados por la compañía extranjera.
• Habilitaciones ambientales a ciegas: A través de la Secretaría de Ambiente dependiente de su ministerio, se emitieron las autorizaciones de impacto ambiental y la Guía de Aviso de Proyecto sin haber ordenado ni ejecutado peritajes técnico-científicos independientes de rigor. Se otorgaron los avales oficiales sin constatar si las potencias de emisión de las antenas en Banda S y el campo electromagnético eran compatibles con la vida humana, los pobladores cercanos o el ecosistema y la fauna autóctona del corazón de la isla.

Un silencio corporativo que busca ganar tiempo

A más de tres años de haberse concretado la instalación del instrumental con probada capacidad dual —civil y militar—, la negativa de la exministra a comparecer en el recinto parlamentario agrava las sospechas sobre la cadena de decisiones adoptadas en 2022.

El intento de eludir el interrogatorio cara a cara no solo multiplica los interrogantes sobre la conducta administrativa de Castiglione, sino que arrastra y condena por su propio silencio a la totalidad de la gestión del gobernador Gustavo Melella.

Lejos de colaborar con el esclarecimiento exigido por la sociedad y tras los contundentes informes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la comunidad científico-espacial —que tipificaron al radar como una amenaza flagrante a la seguridad nacional y una vulneración directa a la soberanía en el Atlántico Sur—, el Ejecutivo fueguino parece optar por una estrategia de repliegue y dilación sistemática.

El cuadro que exhibe la Legislatura evidencia la decisión política de la administración provincial de estirar la controversia hasta el final del mandato gubernamental, asumiendo el costo del desgaste institucional antes que someter a sus funcionarios al escrutinio público por haber cobijado en territorio fueguino una infraestructura calificada por la propia Justicia provincial como incompatible con el interés nacional.