El 24 de septiembre, los cancilleres Mondino y Lammy emitieron simultáneamente un comunicado en Buenos Aires y Londres, acogido con beneplácito por la Asamblea Legislativa de las islas Malvinas, que manifestó haber estado involucrada a todo lo largo de su negociación.

Contiene tres elementos: uno relativo a la finalización de la identificación de los soldados argentinos y a la visita de familiares de los caídos al Cementerio Argentino de Darwin, otro acordando la reanudación de los vuelos semanales de San Pablo a las islas con una escala mensual en Córdoba y el último sobre “medidas concretas en materia de pesquerías”.

El objetivo de la élite económico-política de las islas es el de profundizar los vínculos comerciales, culturales y políticos con terceros países sudamericanos, excluyendo a la Argentina. El Acuerdo Mondino-Lammy plasma en los hechos la exclusión de vuelos directos por compañías argentinas entre el territorio continental argentino y las islas.

Al vuelo semanal a Chile, ahora se suma el vuelo a Brasil, que había sido cancelado desde la pandemia. La Argentina tenía una posibilidad de utilizar una de las pocas herramientas de presión con que cuenta: sin autorización argentina, no hay vuelos a ningún país sudamericano. Nuevamente el Reino Unido obtuvo algo sin nada a cambio.

La identificación de los caídos y las visitas familiares son una pura cuestión humanitaria que ni siquiera debiera considerarse como un punto de la controversia. Solo caben discusiones formales en cuanto a su implementación.

Es muy preocupante que también se vuelva a hablar de la cooperación en materia de pesquerías en el Atlántico Sur, cuando en la práctica la información que brinde la Argentina a los responsables isleños de la pesca solo puede ayudar -como ocurrió en el pasado- a la explotación de la pesca controlada por los británicos en una vastísima región del Atlántico Sur, principal recurso económico de las islas.

El Reino Unido continúa su avance en el terreno fáctico al mismo tiempo que incumple su obligación que le impone el Derecho Internacional de descolonizar el territorio y de negociar la controversia de soberanía con la Argentina.

Todo ello se da en el marco de un debilitamiento generalizado de la posición internacional de la Argentina ante el alejamiento drástico de tradicionales posiciones que mantuvieron gobiernos de los más variados tintes políticos.

La agresividad llega hasta la descalificación de las Naciones Unidas, la organización que precisamente permitió romper 132 años de negativa británica a negociar la cuestión de soberanía y estableció la doctrina particular para la descolonización del territorio en su Resolución 2065(XX) de 1965.

Si Malvinas es una “política de Estado”, los ámbitos apropiados existentes deben ser utilizados antes de tomar decisiones de capital importancia que afectan al presente y al futuro de la cuestión.

* Nota de opinión de Marcelo Kohen; Profesor Emérito de Derecho Internacional, Ginebra; publicada en el diario Clarín el miercoles 25 de septiembre.