La confrontación diplomática y jurídica entre la República Argentina y el Reino Unido escaló este lunes hacia los estrados internacionales. Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X y acompañado por un formal Comunicado Oficial de la Oficina del Presidente, Javier Milei anunció el inicio de un arbitraje internacional contra la administración británica bajo el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) e impuso un plazo perentorio de 14 días para frenar materialmente el proyecto petrolero Sea Lion.

“Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras”, sentenció el jefe de Estado en sus redes sociales.

El documento emitido por la Presidencia detalla que la vía jurídica elegida corresponde al procedimiento arbitral reglado en el Anexo VII de la CONVEMAR para dirimir controversias sobre la interpretación o aplicación del tratado marítimo.

El ultimátum de dos semanas y la vía de Hamburgo

De acuerdo con los términos de la notificación oficial, el Estado argentino intimó a Downing Street para que, en un plazo perentorio de dos semanas, “adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina”.

El apercibimiento fijado por la Casa Rosada estipula que, de no mediar una suspensión efectiva de los trabajos adjudicados ilegítimamente al consorcio de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, la República Argentina solicitará de forma directa al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) —con sede en Hamburgo, Alemania— el dictado de medidas provisionales urgentes para resguardar los derechos soberanos sobre su plataforma marítima e insular frente al daño “irreversible e irreparable” que genera el avance extractivo.

Rechazo a la réplica colonial y nuevo frente contra Thales UK

El comunicado presidencial descalifica en duros términos la respuesta oficial que la delegación británica asentó en las actas de la Asamblea General de la ONU. La Casa Rosada remarcó que las alegaciones de Westminster —que pretendió escudarse en el referéndum de 2013 y calificar a las islas de mero territorio de ultramar— son inaplicables: “La pretendida denominación de las Islas Malvinas como ‘Territorio Británico de Ultramar’ y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas”.

Asimismo, el documento presidencial abrió un nuevo capítulo de conflicto en el plano de la soberanía aerocomercial y logística:

• Denuncias penales contra Thales UK: El Gobierno confirmó que detectó operaciones aéreas clandestinas realizadas por la corporación británica Thales UK Limited en la ruta entre las Islas Malvinas y Punta Arenas (Chile), utilizando una aeronave con matrícula del Reino Unido sin contar con la preceptiva autorización de las autoridades aeronáuticas argentinas.
• Instrucción judicial: Milei ordenó a los equipos técnicos y legales de la administración pública “dar inicio de forma urgente a los procedimientos sancionatorios y las denuncias penales correspondientes, así como también a las gestiones diplomáticas pertinentes” contra la empresa y los responsables de los vuelos.

La decisión de recurrir al arbitraje de la CONVEMAR y al Tribunal de Hamburgo busca trasladar la controversia al máximo nivel jurisdiccional internacional. Tras la reciente prórroga colonial de licencias por cinco años y los exhortos emitidos por los tribunales federales de Comodoro Py contra los directivos petroleros, la Casa Rosada formaliza una pinza jurídica internacional, que tiene por objeto elevar el costo financiero del proyecto Sea Lion frente al mercado asegurador y crediticio global y pone a prueba los mecanismos multilaterales de resolución pacífica de controversias sobre el Atlántico Sur.