El gobierno de Javier Milei vuelve a ponerle cartel de venta a cuatro centrales hidroeléctricas clave en la generación y distribución de energía en todo el país.
A través de un Decreto 718/2024, puso el plazo de 180 días para la privatización para esos complejos ubicados en la región del Comahue, entre Neuquén y Río Negro, y renovó de facto por distintos períodos el paquete accionario de varias centrales más cuya concesión estaban vencidas.
Las centrales que quedaron afectadas por la decisión publicada esta mañana en la norma firmada por el Presidente, el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, son: Alicurá, el Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
El decreto 718/2024 indica que en seis meses la Secretaría de Energía “llamará a concurso público nacional e internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante” de cada una de esas sociedades.
La mayoría de las concesiones de esas plantas se otorgaron el año pasado, durante la gestión Fernández-Fernández. Lo que hace la media publicada en el Boletín Oficial es ratificar los plazos de explotación, darles continuidad a las operaciones y generar las condiciones para un nuevo concurso público.
En la actualidad, los complejos hidroeléctricos están en manos de las siguientes empresas: Orazul Energy administra Cerro Colorados, ENEL Generación hace lo mismo con El Chocón-Arroyito; AES SA explota la central de Alicurá, y Central Puerto SA concesiona Piedra del Águila.
Piedra del Águila
El decreto aclara que esas centrales -claves en la conversión de energía eléctrica para luego ser distribuida en la red que llega a hogares, industrias y otros sectores- fueron transferidas al sector privado y que en la actualidad se encuentran vencidos y en período de transición.
El proceso de concesión durante los últimos años estuvo a cargo de Enarsa (Energía Argentina NA) como de NASA (Nucleoelétrica Argentina SA) y en esta oportunidad volverán a estarlo. La diferencia es que esta vez, esas dos compañías estatales entraron en el paquete de la Ley Bases como empresas a privatizar. Con lo cual, ya no habrá organismo del Estado especializado en el tema que vigile los criterios de la nueva privatización.
Los criterios quedarán determinados por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, que oficiarán como autoridades de aplicación, según indica el decreto publicado esta mañana.
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