Este vaciamiento no es un error de cálculo, ni un mero descuido. Tampoco se explica desde el simple eslogan de “aplicar motosierra”. Es parte de una arquitectura pensada para facilitar la consolidación de dinámicas coloniales, como advirtió César Lerena, ex Secretario de Estado, en un artículo reciente. Mientras el Reino Unido avanza en su consolidación en el Atlántico Sur y su consecuente influencia regional, Argentina parece retroceder en todo lo concerniente a la defensa de sus derechos soberanos. La combinación letal de ajuste económico y claudicación diplomática desarma, piedra por piedra, las bases de una política de Estado que durante décadas sostuvo nuestra presencia en el sur.

Pretendieron derogar la Ley de Tierras mediante el DNU 70/23: un misil contra la soberanía

El gobierno nacional, poco después de asumir, intentó aniquilar la Ley de Tierras, al pretender derogarla mediante el Decreto 70/23. De este modo, podemos ver cuáles son los vectores que van marcando el pulso de la consolidación del neocolonialismo en Argentina, de la mano de Milei.

La Ley de Tierras, es un instrumento de política pública orientado a impedir la extranjerización masiva de nuestros suelos, incluidas zonas estratégicas, cuerpos de agua y áreas de frontera. Esta ley fue votada por el Congreso en 2011 con abrumadora mayoría, y establece límites claros a la adquisición y posesión de tierras por parte de extranjeros, protegiendo recursos vitales y la soberanía alimentaria y acuífera.

Javier Milei intentó, como señalamos, derogarla mediante decreto. Es importante remarcar que el colonialismo Siglo XXI ya no requiere de tripulaciones desembarcando de carabelas. La apertura a venta de cientos de miles de hectáreas a grupos económicos, la posibilidad de adquirir la totalidad de tierras adyacentes a un lago (como el caso de Lewis), entre otras dinámicas, son las prácticas que van marcando el pulso de una ocupación pacífica y silenciosa que, al final del camino, termina por condicionar la soberanía nacional.

En este punto específico, la justicia federal de La Plata, a instancias de una acción amparo que presentamos desde el CECIM, impidió la derogación de la Ley de Tierras y declaró inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23. El tema está en la Corte Suprema, y sabemos que la batalla está lejos de terminar. El caso de Tierra del Fuego es una muestra de cómo el Presidente apunta a dinamitar el principio de integridad territorial.

Malvinas: el voto con los pies, una tragedia para la Argentina, una afrenta a la memoria de los excombatientes

El presidente sugirió, el pasado 2 de abril, que anhelaba que los “malvinenses” eligieran “ser argentinos”. Esa frase no es una muestra de ignorancia. Milei le habló a sus financistas, a sus mandantes. Les dijo e hizo saber que el plan sistemático de entrega de la soberanía sigue en marcha. Quebrar el principio de integridad territorial, diseñar la arquitectura jurídica e institucional del colonialismo y hacer que la República Argentina entre de rodillas a la transición hacia la cuarta revolución industrial.

Esta declaración, además, no ocurre en el vacío. Llega en un momento en que Gran Bretaña fortalece su presencia en las islas, impulsa acuerdos pesqueros y energéticos, y profundiza su alianza con otros países de la región. La entrega del Atlántico Sur y de la Antártida ya no es un riesgo remoto: es un escenario en construcción en el que los hermanos Milei están desplegando un programa deliberado de debilitamiento de las capacidades argentinas.

Desde el CECIM hemos solicitado el juicio político al presidente, y esperamos que el Congreso de la Nación actúe en consecuencia. No hacerlo, implicará convalidar esta tragedia nacional, mientras se pisotea, desde el Poder Ejecutivo, la memoria de nuestros excombatientes.

Tierra del Fuego: una pieza clave en el tablero geopolítico

El avance del Reino Unido en el Atlántico Sur, las tensiones por los recursos pesqueros, hidrocarburíferos y estratégicos, y la presencia creciente de potencias extranjeras, colocan a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en el centro de la disputa. La instalación de bases militares, los acuerdos con Estados Unidos y la omisión sistemática de políticas para fortalecer la provincia no son hechos aislados. Se trata, pues, de movimientos en un tablero de ajedrez.

Frente a esta ofensiva, el Estado argentino debería redoblar su presencia, a partir de modernizar los puertos, impulsar la industria, promover una política pesquera soberana, reconectar la Isla Grande con el continente y fortalecer el vínculo con la Antártida. Sin embargo, lo que vemos es lo contrario: abandono y vaciamiento. Todo ello con el telón de fondo de un relato que intenta reducir la soberanía a un concepto anacrónico, sin comprender que, en el siglo XXI, el control de los recursos naturales, el territorio y las rutas estratégicas es más crucial que nunca.

La resistencia es colectiva

Frente a esta avanzada colonial, las respuestas no pueden ser aisladas ni tibias. Desde el CECIM lo hemos comprendido y hemos activado todos los resortes legales y políticos para frenar esta embestida: denuncias penales, amparos, solicitud de juicio político. Muchos exponentes de la comunidad académica, organizaciones de derechos humanos y sectores productivos han asumido también esta batalla.

Necesitamos que parte de la dirigencia esté a la altura de la historia, y genere los resortes institucionales para poner freno a este proyecto de entrega deliberada. Lo que está en juego es nuestro presente, cimiento fundamental de cualquier diseño de futuro.

Nadie se salva solo

Cada hectárea vendida, cada base permitida, cada silencio cómplice nos lastima a todos. Solo con conciencia colectiva, con un proyecto de país que ponga en el centro la soberanía, la justicia social y el respeto por los derechos humanos, podremos detener este nuevo pacto colonial. La historia nos convoca. El futuro nos lo exige.

Recordar es resistir. Resistir no es solo un gesto heroico. Es una obligación ética, política y humana. Es el nuevo imperativo categórico.

La Patria no se vende. Nadie se salva solo. Las Malvinas son argentinas".

Por Jerónimo Guerrero Iraola | Abogado

FUENTE:

EL EDITOR PLATENSE