Para refrescarnos un poco la memoria, a mediados de marzo de este año, los argentinos nos desayunamos por intermedio del Embajador de los EEUU en Argentina, Marc Stanley, de la instalación de un radar en la ciudad de Tolhuin. Se lo presentó como un radar que serviría para rastrear y monitorear la basura espacial en la órbita baja. También se dijo que el radar era instalado por la empresa norteamericana Leolabs.

Un día antes, el CEO de Leolabs, Dan Ceperley, había realizado el anuncio: “Esta ubicación mejorará en gran medida nuestra capacidad para rastrear objetos y supervisar eventos de alto riesgo en la órbita terrestre baja”. Por lo que, “cuando se complete a finales de 2023, el Radar Espacial Argentino ampliará la red global de LeoLabs para incluir siete centros operativos con planes para expandirse aún más en el próximo año”.[1]

El anuncio de Leolabs, festejado por el embajador gringo Marc Stanley también fue celebrado por la Embajada Argentina en EEUU, al punto que a Ceperley se le consintió que grabara un anuncio desde la propia residencia diplomática, con la bandera nacional de fondo y sin que apareciera en ningún momento el embajador argentino Jorge Arguello.

Desde el gobierno de Tierra del Fuego no hubo declaraciones al respecto, pese a la trascendencia que tuvo en ambas sedes diplomáticas. Ni siquiera cuando el embajador Stanley había estado días antes en Ushuaia, reunido con el Gobernador Gustavo Melella.

Por aquel entonces suponíamos que “gran parte de la instalación ya se haya completado o que se encuentre en avanzada etapa de obras. Así lo estiman habitantes de muchos años de Tolhuin, quienes confiaron a Agenda Malvinas que, desde hace varios meses, vienen escuchando que, al norte de la localidad, en el km 2946 de la Ruta Nacional Nº 3, se estaban montando unas antenas o un radar. Que la Dirección Provincial de Energía hizo una extensión de la red eléctrica hasta ese sector y que la Policía de Tierra del Fuego, brinda seguridad de manera permanente, destinando un patrullero todas las noches, en el acceso de ingreso de la estancia El Relincho, donde dicen, podrían encontrarse emplazados “esos aparatos”. “Metieron máquinas retroexcavadoras, hicieron un zanjeo para el cableado subterráneo que llega hasta la primera línea del monte; y atrás del monte está la construcción”, relataron este sábado, en un recorrido por el sector.”[2]

Con el correr de la investigación, los compañeros de Agenda Malvinas pudieron corroborar que la aprobación del trámite registral en la Inspección General de Justicia de Tierra del Fuego fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, el 4 de marzo de 2022 bajo dos denominaciones: LEOLABS SPACE HOLDINGS LIMITED y LEOLABS LIMITED; esta última coincidente con su denominación en el Reino Unido.

Esta confirmación disipó toda duda al respecto y abrió los ojos. Porque permitió constatar que al menos un año antes se había comenzado con el registro de las firmas que darían base y sustento a la empresa Leolabs Argentina SRL, la que fue registrada como la filial argentina de este grupo.

El murmullo que la noticia comenzó a provocar fue en aumento. A tal punto que, a pedido del  propio Ministro de Defensa, Jorge Taiana, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad de la Nación, suspendió la autorización precaria que en su momento otorgara a la empresa LEOLABS ARGENTINA S.R.L, “que permitía a través de sus filiales británicas radicadas en Ushuaia, operar un sistema de radares terrestres con los cuales podían rastrear objetos y supervisar las actividades en órbita terrestre baja, como chatarra espacial; pero también proveer información de carácter militar a los EEUU, al Reino Unido y por ende a la OTAN.”[3]

Pero el ruido mayor se produciría el 09/07/23, justo cuando argentinos y argentinas conmemoramos el aniversario de nuestra Independencia. Ese día, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la las Fuerzas Armadas de la República Argentina, el Teniente General Juan Martín Paleo; expuso -por medio de una nota de opinión publicada en medios nacionales- sobre la gravedad que posee la existencia de un radar de empresas británicas en el corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego, al punto de no esconder que el artículo tiene como “propósito” el de “alertar desde el nivel Estratégico Militar, la seria amenaza a la seguridad nacional que supone la puesta en operaciones de la instalación de antenas de radar para el seguimiento de satélites de órbita baja, por parte de la empresa de capitales británicos LEOLABS en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”. Afirma que, en la decisión tomada desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, “no hubo intervención por parte de los ministerios competentes para tal efecto (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto y el Ministerio de Defensa)”, y que su opinión o denuncia pública, tiene por objetivo poner de “manifiesto la necesidad de disponer de una alerta temprana que permita adoptar a tiempo contramedidas que eviten la afectación de nuestros intereses soberanos”.[4]

A partir de aquí, la denuncia tomó un volumen difícil de disimular. Pues era el propio Tte. Gral. Juan Martín Paleo el que nos advertía, entre tantas otras cosas que: “Tal es el perfil dual de la empresa (es decir civil y militar) que en la composición del directorio de LEOLABS hay ex miembros del Departamento de Defensa de los EE.UU y de la comunidad de inteligencia de dicho país así como también de la Real Fuerza Aérea Australiana. En efecto las 6 estaciones de radar de LEOLABS están situadas en Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Portugal y Costa Rica. Los tres primeros países pertenecen al famoso acuerdo de “Five Eyes” que dichos Estados poseen con el Reino Unido de Gran Bretaña y Canadá que tiene por objetivo compartir datos de inteligencia.”[5]

Y es que para el Tte. Gral. Juan Martín Paleo “la instalación de la base de radar de la firma de capitales británicos LEOLABS resulta totalmente incompatible con la misión militar impartida por el Presidente de la Nación a las FF.AA a través de la Directiva Política de Defensa Nacional” ya que para él “sería de una inocencia inaceptable en este nivel de Conducción considerar lo acontecido (la instalación del radar de LEOLABS en Tolhuin) como una mera casualidad”. [6]

En este punto, coincido con el Tte. Gral. Paleo, es inaceptable considerar lo ocurrido como un repertorio de hechos casuales y aislados.

Porque involucró muchas instancias, tanto nacionales como provinciales.

Porque al menos desde abril de 2020 ya se venía trabajando para la instalación del radar.

Porque en tres años lograron hacerlo.

Porque necesitamos saber quiénes, cómo y por qué permitieron semejante atropello a la soberanía, promoviendo, colaborando y permitiendo que una empresa británica colocara un radar que vulnera nuestra propia Directiva Política de Defensa Nacional.

Para poder dilucidar el “misterio” ya se han radicado dos denuncias.

La primera denuncia fue presentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 el 28/09/23. Los denunciantes son Martín Miguel Ortiz Ayerbe y Graciela Norma Casco, ambos pertenecientes al Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Los denunciados son Gustavo Melella, Mariano Lombardi y Micaela Sánchez Malcolm. La denuncia, realizada en el marco de los delitos de traición a la patria, asociación ilícita e incumplimiento de los deberes del funcionario público, se sustenta en los artículos 236 y 240 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), junto con el artículo 119 de la Constitución Nacional y otros artículos relacionados, señalando a Gustavo Melella, en su calidad de Gobernador de Tierra del Fuego; a Mariano Lombardi, Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad, y a Micaela Sánchez Malcolm, Secretaria de Innovación Pública, ambos funcionarios nombrados por decretos presidenciales y dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. [7]

El objeto de esta denuncia es hacer que se investigue la participación de los funcionarios públicos mencionados en la instalación y funcionamiento del mencionado radar espía, en aparente violación de disposiciones legales y de defensa nacional. La denuncia alega que esto pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la soberanía del país. El objeto de esta denuncia es hacer que se investigue la participación de los funcionarios públicos mencionados en la instalación y funcionamiento del mencionado radar espía, en aparente violación de disposiciones legales y de defensa nacional. La denuncia alega que esto pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la soberanía del país. [8]

La segunda denuncia la presentó el senador nacional perteneciente a la Unión Cívica Radical, Pablo Daniel Blanco, un día después ante la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego y la tiene el fiscal Virgilio Martínez de Sucre. En su denuncia, el senador Blanco “enumera y presenta como pruebas para el análisis jurídico; un total de 13 actos administrativos, hechos, notas, informes y exposiciones llevadas a cabo a través de reparticiones de la Provincia y de la Nación, desde el 4 de marzo de 2022 a la fecha (de la denuncia); incluidas las declaraciones del Canciller Cafiero en el Senado”.[9]

Para el senador radical Pablo Daniel Blanco la denuncia se fundamenta “en razón de los hechos y antecedentes expuestos, y teniendo en consideración incluso las consecuencias negativas y / o dañinas que esta instalación podría causar o haber causado ya en términos de seguridad nacional y defensa, de acuerdo a los objetivos de reclamación en los foros internacionales de nuestra soberanía sobre Malvinas y el acceso directo a la Antártida como objetivo geopolítico, así como en términos económicos ante el eventual reclamo patrimonial que pudiere tener que enfrentar la provincia por parte de la empresa” y solicita “se disponga por Vtro. intermedio la investigación pertinente de la conducta administrativa de los funcionarios y agentes involucrados y que tomaron parte del proceso (por acción u omisión) y consecuente control de legalidad de la actividad del Estado y sus funcionarios en torno a la instalación del radar referida, la delimitación de responsabilidades y, de corresponder, se formulen las denuncias que correspondieren en razón de la investigación practicada”.[10]

Cabe destacar que ante las declaraciones realizadas por el actual Presidente de la Nación, Alberto Fernández, sería oportuno que fuera citado en el marco de alguna de las dos causas que se están tramitando, ya que admitió su intención de salir del país una vez finalizado su mandato para dedicarse a la docencia: "Probablemente viaje a España, porque tengo algunas ofertas de universidades allá. Posiblemente aproveche para tomar distancia y dejar que el nuevo presidente trabaje".[11]

Nos cuesta creer que en un país como el nuestro, con un sistema presidencialista, donde quién ejerce el Poder Ejecutivo es además el Comandante en Jefe de las FF.AA. no tenga algo para aportar en el marco de las dos investigaciones que se vienen realizando.

También sería importante saber qué es lo que piensa hacer, al respecto, el gobierno electo de Javier Milei. Porque esa herida clavada en el corazón de Tierra del Fuego, a partir del 10 de diciembre será un problema de su gobierno.

Y los argentinos ya estamos cansados de las recurrentes e interminables referencias a las “pesadas herencias recibidas”.

Porque ya no queda tiempo para excusas, mucho menos en un país y ante una ciudadanía que no tuvo la oportunidad de escuchar, en los debates presidenciales, el punto de vista con respecto a tan grave tema.

Es una verdadera pena, que todos los candidatos a presidentes y vice “olvidaran” mencionar en la campaña el tema del radar inglés instalado en Tolhuin.

No queremos pecar de inocentes ni de ingenuos, tan solo queremos saber cómo fue que el enemigo invasor británico logró instalar un radar en nuestra Isla Grande de Tierra del Fuego.

Porque si así no lo hiciéramos, Dios y la Patria nos lo demandarán a todos nosotros y no solamente a ellos, los funcionarios que permitieron semejante ultraje.