La reciente autorización y posterior retiro de solicitud, para que tres megayates -dos de ellos con bandera británica de las Islas Caiman- y dos helicópteros operen en Bahía Lapataia; destapó un mecanismo recurrente en la provincia de Tierra del Fuego: la utilización de agencias marítimas locales como pantalla legal para franquear el ingreso de capitales extranjeros y expediciones de ultralujo a ecosistemas de máxima intangibilidad. En el centro de esta matriz administrativa opera USHIP S.R.L. (Ushuaia Shipping), la firma que gestiona permisos a medida tanto ante el Estado provincial como ante la Administración de Parques Nacionales (APN), eludiendo leyes de fondo y advertencias técnicas de los propios organismos de control.

El esquema no se limita al fondeo de embarcaciones de recreo para multimillonarios globales, como Lorenzo Fertitta en Lapataia; abarca también el acceso de transnacionales que combinan el turismo exclusivo con la prospección, el relevamiento audiovisual y la investigación científica con proyección comercial, como ocurre con Lindblad Expeditions y la marca National Geographic en Isla de los Estados y Península Mitre.

Isla de los Estados y Península Mitre: el antecedente provincial

Este patrón no es patrimonio exclusivo de la administración nacional en Lapataia. En el ámbito fueguino, la Secretaría de Ambiente de la Provincia, conducida por Andrea Bianchi, formalizó un temperamento idéntico a través de la Resolución S.A. N.º 120/2024, publicada en el Boletín Oficial de Tierra del Fuego 2/12/2024.

En aquel acto administrativo, la autoridad ambiental provincial autorizó a USHIP S.R.L., y por su intermedio a la corporación estadounidense Lindblad Expeditions, a navegar en la Reserva Costera Natural Península Mitre y desembarcar contingentes turísticos en la Reserva Provincial Isla de los Estados con el buque National Geographic Explorer.

Los considerandos de la propia resolución provincial quedan expuestas las fisuras de la legalidad ambiental:

1.    Acceso sin Plan de Manejo: La Secretaría de Ambiente admitió que la navegación turística dentro de Península Mitre se otorga caso por caso "hasta tanto se defina el Plan de Manejo del área protegida" (Ley Provincial 1461), convirtiendo la ausencia de una reglamentación general en una vía libre para la discrecionalidad administrativa.

2.    Desembarcos en plena alerta biológica: El Estado provincial reconoció en el texto que la dispersión del virus de gripe aviar (H5N1) en aguas subantárticas constituía una "amenaza a las colonias presentes en la Reserva Provincial Isla de los Estados", pero resolvió autorizar el desembarco de hasta 150 pasajeros limitándose a exigir una ambigua "distancia prudente".

3.    El cerco sobre la investigación y el registro: El artículo 3º de la norma provincial estableció una llamativa salvedad: fijó que cualquier tarea con fin "científico, relevamientos y muestreos biológicos o fisicoquímicos, de exploración en zonas especiales, buceos, o de documentación audiovisual, deberá tramitarse por cuerdas separadas". Una fórmula que deja abierta la compuerta para convenios específicos que facultan a fundaciones y corporaciones foráneas a relevar recursos genéticos, paisajísticos y ecosistémicos de alto valor estratégico bajo el sello de National Geographic.

El negocio de la intermediación y la soberanía vulnerada

El rol que asume USHIP S.R.L. es el eslabón imprescindible para viabilizar este modelo extractivo y de servicios. Las grandes firmas navieras y los propietarios de megayates no litigan ni gestionan de forma directa ante los despachos oficiales: contratan agencias marítimas radicadas en Ushuaia con acceso directo a los despachos ministeriales e intendencias.

La connivencia estatal se traduce en un doble estándar flagrante:

• Para la comunidad local, la pesca artesanal, los navegantes deportivos y las regulaciones cotidianas, rige el rigor punitivo de las normas de conservación.
• Para los operadores transnacionales de expedición y los magnates extranjeros que contratan agencias influyentes, las prohibiciones legales se transforman en resoluciones de excepción.

Detrás del discurso de sustentabilidad, el cuidado ambiental y el marketing verde, tanto el Gobierno provincial como las autoridades de Parques Nacionales muestran un régimen a medida, donde la conservación deja de ser una política de Estado para transformarse en un catálogo de privilegios arancelados. Al amparo de agencias locales, las áreas de mayor valor biológico y geopolítico de Tierra del Fuego continúan abriéndose a la mercantilización sin control, convalidando banderas coloniales y sacrificando el patrimonio natural en función de negocios corporativos.