— La controversia internacional por la soberanía de los recursos en el Atlántico Sur entra este lunes en su cuenta regresiva más decisiva. A partir de mañana, martes 10 de noviembre, y durante dos jornadas consecutivas hasta el miércoles 11, la República Argentina expondrá sus alegatos orales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo, Alemania, en el marco del reclamo promovido contra el Reino Unido para ordenar la paralización provisional e inmediata de las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte.

La apertura formal de la instancia se materializó hoy a las 10:00 (hora local de Hamburgo) con la jura y declaración solemne del catedrático emérito de Oxford, Vaughan Lowe, quien asume como juez ad hoc propuesto por Gran Bretaña para sumarse al cuerpo de magistrados que ya integra la jurista argentina Frida Armas Pfirter. Cumplido ese paso reglamentario, solo restarán veinticuatro horas para que los micrófonos de la corte marítima se abran de par en par frente a ambos Estados.

La apuesta a la cautelar: frenar Sea Lion antes de 2027

El eje del litigio radica en la solicitud de medidas provisionales formulada por el Estado argentino el pasado 13 de octubre, al amparo del artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La presentación responde al arbitraje iniciado el 28 de septiembre bajo el Anexo VII de la misma Convención.

La premura del planteo descansa sobre el avance del consorcio que lideran la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en el yacimiento Sea Lion, situado a unos 300 kilómetros al norte del archipiélago sobre la plataforma continental. Con planes para iniciar perforaciones en 2027 y proyectar la extracción comercial para 2028, Balcarce 50 argumenta la inminencia de un daño grave e irreparable al medio marino y a los derechos soberanos del país sobre el lecho y subsuelo, exigiendo que se congele cualquier actividad física o regulatoria hasta tanto se resuelva la controversia de fondo.

En los despachos oficiales se respira una mezcla de optimismo cauteloso y expectativa procesal. Aunque desde el Ejecutivo deslizan un enérgico «vamos por todo», admiten que el Tribunal suele deliberar entre dos y cuatro semanas antes de emitir una orden. La mira está puesta en un espejo histórico: el caso de la Fragata ARA Libertad en 2012, cuando el país solicitó medidas el 14 de noviembre, las audiencias se celebraron el 29 y 30 de ese mes y la corte de Hamburgo ordenó la liberación del buque el 15 de diciembre, apenas quince días después. De repetirse ese compás, una resolución podría llegar entre fines de noviembre y comienzos de diciembre.

La delegación y el dispositivo jurídico

La delegación argentina que se encuentra en territorio alemán para litigar ante el estrado reúne a figuras centrales del esquema legal del Poder Ejecutivo y a reconocidos especialistas del foro internacional.

Estará encabezada técnicamente por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, secundada por el Agente argentino Mario Oyarzábal, el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Cancillería, Juan Ignacio Stampalija, y los letrados Santiago Castro Videla y Betina Pasquali de Fonseca. En el armado litigioso participan además académicos de renombre en litigación del Derecho del Mar, el controversial Marcelo Kohen (quien intervino en el precedente de la Fragata Libertad), el holandés Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.

El mandato de la corte no abordará la cuestión de fondo de la soberanía territorial —materia reservada a la resolución política e histórica de la cuestión colonial—, sino la legalidad de los actos unilaterales de explotación extractiva y la protección imperativa de los recursos vivos y no vivos frente a la falta de consentimiento del Estado ribereño.

El frente interno: sanciones paralizadas y roces por la ley de soberanía

Mientras en Alemania el Estado apela a la legalidad multilateral, la política doméstica expone inconsistencias que la Casa Rosada busca sortear.

Por un lado, el Gobierno anunció con bombos y platillos más de 180 notas de desaliento cursadas a empresas y proveedores extranjeros y la apertura de sumarios sancionatorios contra 60 personas humanas y jurídicas bajo la Ley 26.659. No obstante, en la práctica las penalidades definitivas continúan sin efectivizarse en los boletines oficiales, demoradas entre los despachos de Cancillería y Legal y Técnica.

Por el otro, la promocionada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (Mensaje 0010-PE-2026), que obtuvo dictamen de comisión, pero aún no baja al recinto de la Cámara de Diputados, enfrenta crecientes reparos de bloques aliados y de la oposición. La traba principal reside en el capítulo que crea un polémico Consejo de Seguridad Nacional, con facultades concentradas que generan rispideces por la ausencia de un control parlamentario riguroso y por el uso discrecional de recursos.

A esto se sumará el aterrizaje simultáneo de la princesa Ana en Malvinas, el bloqueo informativo del gobierno colonial que cerró sus actas aduciendo una “guerra económica” y el reciente dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que denunció penalmente a funcionarios de Energía por tolerar el desembarco de Harbour Energy en Vaca Muerta y el Golfo San Matías.

A horas de la primera palabra ante el Tribunal de Hamburgo, la diplomacia argentina afronta un examen de alta exigencia.