— La trama de complicidad estatal, negocios corporativos multimillonarios y vulneración sistemática de las leyes de soberanía sobre las Islas Malvinas quedó expuesta en los tribunales federales de Comodoro Py. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Leonardo Rodríguez, notificó formalmente a la legisladora provincial de Río Negro, María Magdalena Odarda, las conclusiones de una investigación (Expediente PIA n.º 660/2025) que derivó en una denuncia penal de 73 páginas contra altos funcionarios del Gobierno nacional y directivos petroleros.

El dictamen judicial desbarató la maniobra societaria mediante la cual la británica Harbour Energy plc desembarcó en el continente y en el mar austral argentino. La PIA comprobó de manera concluyente que dicha corporación británica es exactamente la misma persona jurídica que Premier Oil plc —sancionada e inhabilitada de forma firme por 15 años mediante la Resolución SE 481/2013 por saquear hidrocarburos en Malvinas al amparo de licencias coloniales—, por lo que se encuentra absolutamente impedida de operar en el país hasta el 9 de octubre de 2028.

Pese a ese impedimento legal insalvable y de orden público consagrado en la Ley 26.659, las autoridades energéticas de la gestión de Javier Milei habilitaron irregularmente a sus subsidiarias en el Registro de Empresas Petroleras, le otorgaron participaciones en concesiones de gas costa afuera en Tierra del Fuego (Cuenca Marina Austral 1), áreas clave no convencionales en Vaca Muerta (Neuquén) y dos autorizaciones de libre exportación a 30 años en el megaproyecto de Gas Natural Licuado (GNL) de Southern Energy S.A. (SESA) en el Golfo San Matías (Río Negro).

El origen: la denuncia de Odarda por el proyecto de GNL en Río Negro

La investigación judicial tuvo su punto de partida el 11 de septiembre de 2025, cuando la exsenadora nacional y hoy legisladora rionegrina; radicó una denuncia formal ante la PIA alertando que la Secretaría de Energía de la Nación había entregado certificados de libre exportación de GNL por tres décadas al consorcio Southern Energy S.A. para operar buques licuefactores frente al Golfo San Matías.

Odarda advirtió en su presentación que una de las accionistas del consorcio exportador era Harbour Energy, firma que ocultaba bajo su ropaje corporativo a Premier Oil plc, la petrolera pirata sancionada penal y administrativamente por los tribunales federales de Río Grande y por la Secretaría de Energía por haber perforado de forma clandestina el yacimiento Sea Lion en Malvinas. La legisladora denunció un presunto fraude a la ley y actos de corrupción, señalando con nombre y apellido a la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti.

A partir de esa presentación, la fiscalía especializada requirió expedientes bajo reserva a la Secretaría de Energía, cruzó información con la Inspección General de Justicia (IGJ), revisó contratos internacionales, requirió informes a los registros públicos del Reino Unido y apeló al cruce de datos financieros para reconstruir el andamiaje delictivo.

La prueba del engaño: cambio de nombre, mismo número societario y código LEI

El dictamen del fiscal general Sergio Rodríguez demolió el argumento defensivo ensayado por las empresas, que pretendían presentarse como firmas independientes tras la reestructuración corporativa de 2021.

La investigación de la PIA acreditó mediante documentación oficial que la fusión entre Premier Oil plc y Chrysaor Holdings Limited se estructuró a través de una adquisición inversa (reverse takeover). El objetivo expreso fue no disolver la sociedad inhabilitada por la Argentina para poder conservar su cotización bursátil en la Bolsa de Valores de Londres (London Stock Exchange).

Los registros mercantiles extranjeros y el sistema financiero internacional no dejan lugar a dudas:

1.    Mismo registro británico: Ante la Companies House de Escocia, Harbour Energy plc mantiene intacto el legajo de inscripción n.º SC234781, asignado originalmente a Premier Oil.

2.    Mismo código financiero internacional: La Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) certificó que el código LEI 213800YPC42DYBKVPF97 otorgado en 2016 a Premier Oil plc es idéntico y sigue perteneciendo a Harbour Energy plc.

3.    Continuidad de derechos y pasivos: Conforme a la sección 81 de la ley de sociedades británica (Companies Act 2006), el cambio de denominación social no extingue ni altera las obligaciones ni los procedimientos legales abiertos contra la firma.

La “Condición del Perdón Argentino”: la cláusula ilegal de USD 11.200 millones

Uno de los hallazgos más contundentes del fiscal Rodríguez surgió del análisis del Business Combination Agreement (BCA) firmado en diciembre de 2023, mediante el cual Harbour Energy adquirió por USD 11.200 millones los activos globales de exploración y producción de la petrolera alemana Wintershall Dea AG.

Las partes vendedoras (los gigantes BASF y LetterOne) y la compradora (Harbour) sabían perfectamente que la empresa británica estaba inhabilitada en la Argentina por la legislación Malvinas. Por tal motivo, insertaron en el contrato internacional una cláusula denominada con nombre propio: “Argentine Pardon Condition” («Condición del Perdón Argentino»).

En la cláusula 3.1.12 del acuerdo global, se supeditó el cierre de la transacción multimillonaria a que la sucursal local de Harbour obtuviera su inscripción en el Registro de Empresas Petroleras de la Secretaría de Energía de la Nación, bajo apercibimiento de que, de no lograrse dicho “perdón”, la venta se caía automáticamente en todo el mundo.

El dictamen de la PIA destaca que el ordenamiento jurídico argentino no contempla ningún indulto o excepción administrativa que permita a una empresa inhabilitada por violar la soberanía eludir su sanción mediante una simple declaración jurada reglamentaria. Por ende, la única manera en que la petrolera británica podía sortear semejante traba era mediante la connivencia de funcionarios públicos que omitieran deliberadamente aplicar la ley.

Y así sucedió:

• El 14 de febrero de 2024, el entonces secretario de Energía de Milei, Eduardo Rodríguez Chirillo, le otorgó la inscripción inicial bajo el n.º 515.
• El 26 de diciembre de 2024, el subsecretario Horacio Federico Veller firmó la reinscripción para el período 2024/2025, respaldado en un informe técnico exprés firmado el mismo día que omitió todo el historial de Malvinas.
• En ambos trámites, el apoderado legal de Harbour, Tomás Lanardonne, presentó declaraciones juradas falseando la realidad: reconoció que se fusionó con Chrysaor pero omitió informar que la persona jurídica controlante arrastraba la inhabilitación firme dictada en 2013.

Cursos de acción: denuncia penal, sumarios y pedido de anulación

Ante la gravedad del cuadro probatorio reunido, el fiscal Sergio Rodríguez formalizó un abanico de medidas directas comunicadas a la legisladora Magdalena Odarda:

1.    Denuncia Penal Federal: Radicada ante la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña para investigar por incumplimiento de deberes públicos, negociaciones incompatibles y posible cohecho a María del Carmen Tettamanti, Eduardo Rodríguez Chirillo, Horacio Veller y al apoderado Tomás Lanardonne.

2.    Revisión y nulidad de los actos administrativos: Se notificó formalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, para que proceda a revocar por nulidad absoluta e insanable todas las inscripciones registrales y los certificados de exportación de GNL otorgados a Southern Energy.

3.    Actualización del registro de infractores: Se ofició al canciller para que incorpore de inmediato en el registro público de la Ley 26.659 la denominación de Harbour Energy plc como continuadora de Premier Oil.

4.    Intimación a los Gobernadores: Se libraron oficios con carácter de intimación a los gobiernos de Río Negro (Alberto Weretilneck), Neuquén (Rolando Figueroa) y Tierra del Fuego (Gustavo Melella), así como a la Inspección General de Justicia, para que apliquen de inmediato las inhabilitaciones y el cese de concesiones que rigen por ley de orden público.

La investigación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas pone al descubierto el doble estándar estatal: mientras el discurso libertario declama la defensa de la soberanía, los despachos de la Secretaría de Energía funcionaron como ventanilla abierta para consagrar la impunidad de las corporaciones británicas que explotan ilegalmente los recursos en las Islas Malvinas. Junto a ellos, los propios gobernadores de Neuquen, Río Negro y Tierra del Fuego. 

EL EXPEDIENTE:

1.  DENUNCIA DE MAGDALENA ODARDA ANTE LA PROCURADURIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATICAS

2.- DENUNCIA DE LA PROCURADURIA A HARBOUR ENERGY Y FUNCIONARIOS NACIONALES

3.- OFICIO DE LA PROCURADURÍA A LA DENUNCIANTE MAGDALENA ODARDA