Luego que el ilegítimo gobierno británico instalado en Malvinas resolviera prohibir el acceso de personas a las Islas Sándwich del Sur, camuflado detrás de una supuesta búsqueda de la conservación de los ecosistemas, bajo la consideración de “áreas especialmente protegidas” definidas unilateralmente, la Cancillería argentina “rechazó categóricamente todos y cada uno de los términos del mencionado anuncio, así como toda pretensión del Reino Unido de adoptar o aplicar normas en relación con territorios y espacios marítimos argentinos, lo que incluye a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes” según un comunicado firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero.
La gestión tanto de Sándwich como de Georgias del Sur, responde a las ilegales autoridades británicas con asiento en Malvinas, quienes arbitrariamente establecieron la protección total de un área que supera los 3.800 km2 de superficie. Anteriormente, también en forma unilateral designaron como Área Marina Protegida a 1,24 millones de km2 de la zona marítima circundante.
Así, el gobierno argentino protestó ante el Reino Unido ante tal designación de la totalidad del territorio de las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur como áreas especialmente protegidas.
La República Argentina le recordó al Gobierno británico “que la pretendida extensión del Convenio sobre la Diversidad Biológica formulada por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur ha sido oportunamente protestada por nuestro país, por ser dichos territorios parte integrante del territorio nacional de la República Argentina”, según se remarca en el documento oficial.
Es que claramente, y una vez más, el Reino Unido incurre en una acción además de unilateral, incompatible con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a ambas naciones a “abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación, mientras las Islas estén sujetas al proceso recomendado por dicho Organismo”.
En el comunicado se subraya que el Gobierno argentino “reafirmó una vez más su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que forman parte integrante del territorio nacional”, al tiempo que insiste en denunciar que los territorios “ilegítimamente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas mediante la resolución 2065 (XX) y posteriores de la Asamblea General así como de otras organizaciones y foros internacionales”.
Es prácticamente una burla que la orden para establecer esa protección haya sido probablemente el último documento que firmó el ahora ex gobernador -ilegítimo- británico de Malvinas, el militar Nigel Phillips, quien desde ahora ocupará un cargo similar en otra colonia, la isla Ascensión.
El Área Protegida Terrestre que impulsó Phillips, cubre más de 3.800 km2. Si se suma el Área Protegida Marina, de 1,24 m km2, todo Georgias y Sandwich del Sur se encuentra clausurado a la presencia humana que no pase por el filtro de las propias autoridades ilegítimas.
Bajo premisas supuestamente virtuosas tales como “conservar, proteger y preservar el ecosistema y restaurar la biodiversidad nativa”, o “garantizar que las actividades se gestionen de manera sostenible”, o la más concreta “ayudar a crear una industria turística sostenible”, los ocupantes maquillan el verdadero sentido de tan irracionales decisiones, el de proteger irracionalmente territorios usurpados a granel, con el objeto de evitar intromisiones y sustentar su ocupación en el tiempo.
Fuentes:
Merco Press
Télam
Perfil
Por Agenda Malvinas
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