La ficción del "manejo pesquero sustentable" en las Islas Malvinas terminó de desmoronarse. Tras una pausa forzada de dos semanas y un intento desesperado de reanudar las operaciones el 24 de agosto, la administración británica de ocupación debió ordenar el cierre total y definitivo de la pesquería de calamar Loligo (Loligo gahi) hasta 2027. Los muestreos científicos arrojaron niveles críticos de biomasa comercializable, desatando una crisis sin precedentes para el complejo pesquero de capitales gallegos y asestando un golpe directo a las finanzas del enclave colonial.

La prensa española no anduvo con eufemismos. El periódico Faro de Vigo calificó la situación como “un desastre” ante la desaparición del recurso, mientras que El Atlántico advirtió el impacto que el parate se genera sobre un negocio estimado en 300 millones de euros anuales. Acorraladas por la evidencia biológica de tres años consecutivos de zafras frustradas, las autoridades coloniales intentan justificar el colapso apuntando contra la conservación argentina y apelando a una insólita narrativa: culpar a la "merluza depredadora".

La caída del botín de los 300 millones

El cierre anticipado paraliza una flota de 16 grandes buques arrastreros congeladores pertenecientes a sociedades mixtas integradas por armadoras de Vigo y Marín (como Pescapuerta, Chymar, Pereira, Lanzal, Copemar, Wofco y Marfrío) en alianza con operadores locales. La magnitud de la crisis expone la extrema dependencia mutua entre las empresas ibéricas y la administración usurpadora:

• Impacto comercial en Europa: El calamar Loligo capturado en Malvinas representa cerca del 50% de los calamares comercializados en el sur de Europa. En 2022 —último ejercicio sin clausuras prematuras— las exportaciones superaron los 343 millones de dólares, con más del 80% del producto desembarcado directamente en el puerto de Vigo.
• Asfixia fiscal kelper: La venta de licencias de pesca aporta más de 36 millones de libras esterlinas al año a las arcas coloniales (prácticamente la totalidad de sus ingresos públicos pesqueros) y la actividad sustenta cerca del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) de las islas.
• Costos millonarios sin captura: Pese a la ausencia de pesca, las empresas están atadas al acuerdo de licencias firmado en 2022 por 25 años (con vigencia hasta 2047), lo que las obliga a seguir abonando los cánones a la colonia mientras asumen la amortización de buques recientemente construidos con inversiones que alcanzaron hasta 50 millones de euros por unidad.

Tres años de agotamiento sistemático

El actual cierre no es un evento aislado, sino la culminación de un proceso de depredación continua que el propio secretario interino del Grupo de Productores de Loligo (LPG), John Barton, definió como un “vaivén de arranque y cierre”:

• 2024: Cancelación absoluta de la temporada estival debido a estimaciones nulas de biomasa.
• 2025: Inicio demorado, cierres alternados y clausura prematura de la segunda zafra con capturas mínimas.
• 2026: Paralización preventiva a principios de agosto, reapertura fallida el día 24 con rendimientos “de mediocres a muy pobres”, y clausura definitiva de la pesquería pocos días después.

La insólita coartada británica: Culpar a la merluza argentina

Frente a la evidencia de una sobreexplotación desmedida, el Director de Recursos Naturales de la colonia implantada, James Wilson, ensayó ante los medios una serie de justificaciones técnicas. Tras admitir que la presión pesquera sobre el Loligo creció de forma desmedida —con buques más potentes, redes de mayor porte e incremento en las horas de arrastre—, Wilson responsabilizó a supuestas corrientes que “barrieron el calamar en 2024” y señaló el incremento de bancos de "merluza depredadora".

Según la hipótesis colonial reflejada por Mercopress, la presencia masiva de merluza en la zona sería una consecuencia directa del cierre y las vedas protectoras aplicadas en aguas bajo jurisdicción argentina. Como respuesta de emergencia, la administración británica incrementó el permiso de captura incidental de merluza del 10% al 50% y evalúa autorizar el ingreso de buques en el período de veda biológica (entre zafras) para "remover depredadores", una maniobra que el propio Wilson admitió que podría generar consecuencias ecosistémicas graves e impredecibles.

La inviabilidad del modelo extractivo

La crisis desatada en torno a Malvinas confirma lo que Agenda Malvinas ha venido documentando: el esquema de concesión unilateral de licencias británicas es biológicamente insostenible y carece de legitimidad. Mientras los armadores gallegos intentan minimizar la catástrofe apelando a que “el mar es cíclico” para sostener el valor de sus inversiones hacia 2047, la realidad del caladero ha puesto en jaque el principal motor económico que financia la ocupación militar y civil británica en el Atlántico Sur.

Fuentes:

El Atlántico

Faro de Vigo

El Economista