En una asamblea pública de alta tensión celebrada en Puerto Argentino (Stanley), los integrantes del cuerpo legislativo de la administración británica de ocupación cerraron filas frente a los reclamos de los habitantes y del colectivo Salmon Free Falklands (SFF), rechazando de plano la realización de un referéndum sobre la instalación de la industria salmonera a gran escala.

La postura oficial quedó plasmada a través de varios legisladores coloniales (MLAs), quienes justificaron su negativa escudándose en la estructura institucional local y en la continuidad del cuestionado proceso de consulta técnica:

• Michael Goss: Sostuvo que no existe “requisito legal, constitucional o estatutario” que obligue a dirimir el conflicto mediante un referéndum, argumentando que una votación por sí sola “no resolvería cuestiones prácticas como reglamentos, licencias y monitoreo”.
• Dean Dent y Stacy Bragger: Rechazaron la consulta vinculante afirmando que “socavaría el sistema representativo” por el cual fueron electos, alegando que la comunidad “los eligió como representantes y no como delegados” y que los referéndums sólo corresponden a reformas de corte puramente constitucional.
• Jack Ford: Evitó responder a los cuestionamientos técnicos planteados por los vecinos, calificándolos de “escenarios hipotéticos”, y reiteró que el gobierno colonial “aún no ha tomado una decisión formal”.

Dudas en la fiscalización y un costo creciente de 390.000 dólares

El encuentro evidenció un marcado descontento vecinal, particularmente en torno a los mecanismos de validación y control de las respuestas enviadas al proceso de consulta (tanto en formato digital como en soporte papel).

Ante las sospechas de manipulación, la Directora de Políticas de la administración, Maeve Daly-Llamosa, intentó moderar las críticas afirmando que se harán chequeos de legitimidad, aunque admitió que se trata de “un equilibrio delicado”. En la misma línea, el legislador Roger Spink minimizó eventuales irregularidades al declarar públicamente: “Esto no es sobre un voto, esto es una consulta. Y si es que hay un par que se nos escapan por la red, no creo que resulten estadísticamente significativos”.

En la reunión se ratificó además que el costo total de esta etapa —sumando los viajes oficiales a países con industrias acuícolas y las contrataciones de consultoras externas— ascenderá a unas 285.000 libras esterlinas (más de 360.000 dólares) de fondos públicos.

Claves del escenario hacia el 30 de octubre

Al desestimar la vía democrática directa, los ocupantes británicos concentran en ocho personas una resolución de alto impacto ambiental y geopolítico, profundizando la distancia entre las pretensiones comerciales de los consorcios pesqueros y el reclamo de conservación en el ecosistema marino del Atlántico Sur.

Fuentes:

Mercopress con información de Penguin News