— La declamada ofensiva punitiva del Gobierno nacional contra el entramado corporativo que opera de forma clandestina en la Cuenca Malvinas Norte ingresó en un laberinto de postergaciones burocráticas y especulaciones políticas. Transcurridos casi dos meses desde que la Oficina del Presidente anunciara la apertura de sumarios contra 60 personas humanas y compañías —entre operadoras primarias, contratistas, directivos y entidades financieras ligadas al proyecto Sea Lion—, el Poder Ejecutivo aún no rubricó una sola resolución firme de inhabilitación o sanción efectiva.

La parálisis de los expedientes —tramitados con hermetismo bajo la órbita de la Secretaría de Malvinas de la Cancillería y la Secretaría de Legal y Técnica conducida por María Ibarzabal— coincide con el estancamiento parlamentario del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (Mensaje 0010-PE-2026). Mientras Balcarce 50 argumenta que aguarda la sanción del nuevo marco legal para aplicar castigos más duros, en los despachos de la Cámara de Diputados advierten que la iniciativa oficialista se encuentra virtualmente trabada por dos frentes cruzados: la resistencia de los bloques dialoguistas a concederle a Javier Milei un Consejo de Seguridad Nacional con facultades extraordinarias sin control del Congreso, y las explícitas advertencias del Departamento de Estado de los Estados Unidos para evitar penalidades sobre firmas y bancos de Wall Street.

Expedientes congelados y plazos vencidos

El contraste entre la retórica oficial y los actos administrativos es elocuente. El 4 de septiembre, el Gobierno publicó el Decreto 868/2026, una norma diseñada para acelerar las sanciones bajo la Ley 26.659 que fijó un plazo perentorio de apenas diez días hábiles administrativos para que los acusados presenten sus descargos. Aquel día se notificó la apertura de procesos contra 45 personas y empresas; cuatro días más tarde se sumaron otros 15 involucrados.

Pese a que los plazos procesales se encuentran largamente vencidos y la legislación vigente ya habilita inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para operar en la plataforma continental y en el continente (con impacto directo sobre el acceso a los beneficios fiscales del RIGI):

• Ninguna petrolera o prestadora de servicios recibió una sanción formal definitiva.
• En Cancillería argumentan que las actuaciones se manejan de «forma confidencial» con el área jurídica de Presidencia.
• En despachos oficiales reconocen por lo bajo que prefieren «no adelantar la jugada» y supeditan cualquier penalidad concreta a la suerte que corra el nuevo proyecto de ley en el Congreso.

La batalla por el Consejo de Seguridad Nacional

El nudo gordiano que paraliza la ley en la Cámara Baja poco tiene que ver con los recursos del Atlántico Sur y mucho con el diseño de poder institucional que Milei incluyó en el texto. Dentro del paquete de la “Ley Malvinas”, el Presidente introdujo la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo cupular integrado por la Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, Inteligencia y Legal y Técnica, encargado de coordinar de forma centralizada las políticas de defensa, inteligencia y relaciones exteriores.

Los bloques opositores dialoguistas y los aliados del PRO y la UCR pusieron un freno tajante:

• Exigencia de control bicameral: Diputados y senadores reclaman integrar formalmente el organismo y contar con facultades vinculantes de fiscalización sobre sus resoluciones.
• Manejo presupuestario: Los legisladores rechazan concederle a la Casa Rosada la “libre disponibilidad de recursos” sin autorización presupuestaria previa ante emergencias declaradas por dicho consejo.
• Negativa a dividir el texto: La Secretaría de Legal y Técnica ofreció retoques cosméticos que fueron rechazados de plano en comisiones. En la Casa Rosada se niegan a desgajar la ley: Milei insiste en no separar las penalidades a las petroleras del andamiaje de seguridad e inteligencia, considerando al organismo como una pieza clave acordada en su agenda estratégica con Washington.

“Así como está, la ley no sale. Las últimas modificaciones se las rechazaron; si quieren la ley de soberanía, deberían ceder con lo del Consejo y aceptar el control parlamentario”, confió a los pasillos del Congreso una fuente involucrada en la negociación.

El factor Washington: la poda a medida de Wall Street

A la puja de poder en el Congreso se suma el torniquete geopolítico impuesto por la administración de Donald Trump. La semana pasada, la visita a Buenos Aires del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, y del subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, dejó en claro las líneas rojas trazadas por la Casa Blanca.

Landau admitió en el Palacio San Martín que Estados Unidos “sigue con interés los intereses de sus empresas”, en alusión a las penalidades indirectas que el proyecto prevé aplicar sobre bancos, proveedores y fondos de inversión norteamericanos asociados al financiamiento de firmas como Navitas Petroleum. Ante la promesa de Washington de aportar financiamiento para el Corredor Andes-Atlántico por hasta USD 7.000 millones vía el Exim Bank y desembolsos para seguridad, la Casa Rosada ya analiza cómo redactar excepciones para que el régimen de sanciones no golpee a los capitales de Wall Street, lo que significaría desarmar el núcleo disuasivo de la normativa.

La paradoja frente al Tribunal de Hamburgo

Esta postergación interna deja a la diplomacia argentina en una posición ambivalente. Mientras el próximo 10 y 11 de noviembre el Estado argentino deberá comparecer ante los 21 jueces del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Alemania para exigir medidas cautelares urgentes contra el Reino Unido argumentando el inminente daño irreversible del proyecto Sea Lion, en el plano doméstico el Gobierno congela los sumarios administrativos y dilata la publicación de las sanciones contra los mismos empresarios a los que denuncia internacionalmente.

Entre los recelos parlamentarios por la concentración de poder en el Ejecutivo y la subordinación a los intereses económicos de los Estados Unidos, el torniquete administrativo contra las multinacionales en Malvinas quedó en suspenso. Mientras la Casa Rosada demora la firma de las resoluciones para no romper equilibrios políticos externos, la maquinaria petrolera británica sigue ganando tiempo de cara a las perforaciones previstas para 2027.

Fuente:

TN