A escasas horas de que comiencen las exposiciones orales en la sede del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) en Hamburgo, la delegación nacional encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y el Agente diplomático Mario Oyarzábal, se alista para ratificar en el estrado los términos de la demanda interpuesta el 13 de octubre bajo el artículo 290, párrafo 5, de la CONVEMAR.

El reclamo persigue una orden cautelar urgente de no innovar antes de que comiencen las perforaciones de pozos submarinos previstas para inicios de 2027. Los pilares medulares que componen la presentación escrita del país son:

• Las cuatro medidas provisionales exigidas:
• La suspensión inmediata de toda actividad de exploración, explotación y tendido de infraestructura asociada a la Fase 1 del proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
• La prohibición de transferir, procesar, comercializar o utilizar cualquier dato geológico o sísmico obtenido sin habilitación oficial de la República Argentina.
• La restitución de las garantías de protección ambiental consagradas en los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR, impidiendo que el Reino Unido delegue de facto la supervisión ecológica en una administración subordinada e incompetente.
• La orden de abstención expresa a ambas partes de adoptar cualquier medida unilateral que modifique el estado de cosas o agrave la controversia antes de que se constituya y falle el tribunal arbitral del Anexo VII.
• Incompetencia del principio de autodeterminación:
• El escrito desmantela la coartada jurídica británica que pretende amparar las concesiones en los supuestos «deseos» de los habitantes de las islas.
• Remite a las resoluciones históricas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (en particular las de 1985 que rechazaron de plano la aplicación de la libre determinación en el litigio de Malvinas) y califica al referéndum unilateral británico de 2013 como un acto viciado y carente de todo efecto vinculante en el derecho internacional.
• Insolvencia técnica de las operadoras (Navitas y Rockhopper):
• La acusación incorporó los balances financieros y reportes bursátiles oficiales de las compañías licenciatarias.
• Demuestra que ni la británica Rockhopper Exploration ni la israelí Navitas Petroleum han operado jamás en su trayectoria corporativa un desarrollo hidrocarburífero offshore en fase de producción activa, lo que eleva exponencialmente el riesgo operativo en un área de condiciones climáticas y oceanográficas extremas.
• El peligro ambiental demostrado con datos de las propias petroleras:
• El expediente sumó el informe de impacto ambiental y los modelos de dispersión elaborados por las consultoras contratadas por las propias empresas.
• Las simulaciones hidrodinámicas admiten que, ante un escenario de descontrol de pozo (blowout), el crudo derramado ingresará y contaminará aguas bajo soberanía indiscutida de la Argentina continental en un plazo de entre 14 y 30 días, consumando un daño ecológico, pesquero y patrimonial de carácter irreparable.
• La urgencia procesal y el daño irreversible:
• Frente al cronograma industrial que fija el inicio de perforación de 23 pozos y el anclaje de un buque de almacenamiento y descarga (FPSO) durante 2027, la Argentina sostiene que la consolidación física de las obras alterará de modo permanente el lecho del mar territorial y la plataforma continental antes del dictado del laudo de fondo.

Con estos argumentos técnicos y de derecho internacional, la representación argentina buscará a partir de este martes convencer a los jueces de la corte marítima de que la paralización provisoria es el único mecanismo legal para evitar que el Reino Unido consume un hecho irreversible en las aguas del Atlántico Sur.