La firma del decreto 695/2024, que dispone la privatización del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), no es un acto administrativo aislado. Se inscribe en un contexto geopolítico donde la administración de Donald Trump negocia un paquete de asistencia financiera para el gobierno de Javier Milei.

Esta sincronía transforma la medida en la contrapartida de un salvataje, una cesión de soberanía energética y tecnológica a cambio de oxígeno para un proyecto político que navega en aguas turbulentas.

La operación implica entregar a intereses privados, presumiblemente estadounidenses, el control de las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. Estas instalaciones no solo generan energía limpia y segura, sino que son la columna vertebral de un ecosistema científico y productivo que el país ha construido con décadas de inversión pública. Se desprende así un sector estratégico, superavitario y con autonomía tecnológica consolidada.

El impacto más severo recae sobre el futuro del desarrollo nuclear argentino. La medida conlleva la paralización deliberada del proyecto CAREM 25, el primer reactor modular de potencia íntegramente diseñado en el país.

Esta apuesta de vanguardia, clave en la transición energética global, es abandonada, sepultando la posibilidad de que la Argentina se posicione como líder en una tecnología del futuro.

Esta política de desmantelamiento no se limita a la NASA. Se refleja también en el desfinanciamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo pionero creado en 1950.

El conjunto de estas acciones promueve una fuga de cerebros irreversible, erosionando un capital humano altamente especializado y formado en universidades nacionales, en lo que constituye un vaciamiento sin precedentes.

La lógica de esta privatización es particularmente lesiva. Se transfiere una empresa que el año pasado batió récords históricos de generación, demostrando capacidad operativa bajo estándares internacionales. Su valor de venta, estimado en apenas entre 60 y 80 millones de dólares, representa un negocio extraordinario para los compradores y un pésimo acuerdo para el patrimonio de todos los argentinos.

Mientras esto ocurre en Buenos Aires, en Washington la estrategia de rescate comienza a enfrentar fuertes resistencias. Senadores demócratas, liderados por Elizabeth Warren, denuncian con dureza que Trump pretenda otorgarle miles de millones a un gobierno extranjero mientras se recortan servicios esenciales para los ciudadanos estadounidenses. La oposición cuestiona el favoritismo hacia un excéntrico aliado político.

Desde la Casa Blanca se argumenta que el auxilio busca evitar un colapso en Argentina que afectaría los precios agrícolas globales y contendría la influencia china en la región. Sin embargo, para los críticos, es una maniobra que prioriza agendas externas y beneficios estratégicos, dejando a Trump en una posición delicada frente a su propio Congreso.

Lejos de criterios de eficiencia, la privatización de NASA responde a este alineamiento geopolítico. Se debilita la posición internacional de la Argentina, se frena el desarrollo industrial y científico, y se vulnera el ejercicio de la soberanía. Cuando predomina la rentabilidad privada en un área de seguridad nacional, surgen tensiones con los estándares de mantenimiento y con las responsabilidades del Estado.

El trueque es claro: a cambio de un salvavidas financiero que evite el colapso inmediato, el gobierno de Milei negocia activos estratégicos que son el resultado de décadas de esfuerzo colectivo. Se canjea autonomía por dependencia, futuro por presente, y soberanía por subordinación, en un intercambio que compromete el destino de la nación para sostener un proyecto político en crisis.