En un acto de flagrante desafío a la Constitución y al sentimiento popular, el gobierno de Javier Milei firmó un decreto que autoriza el ingreso de personal y medios de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a bases navales clave de Argentina, incluyendo Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano. Esta decisión, publicada hoy en el Boletín Oficial, se concretó precisamente mientras el presidente era rechazado en Tierra del Fuego por la sociedad que denuncia la entrega de soberanía a cambio de dólares que permitan llegar hasta las elecciones nacionales del domingo 26 de octubre.
El Decreto 697/2025 autoriza la participación de las fuerzas estadounidenses en el Ejercicio “TRIDENTE” entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025. La elección de las bases es altamente sensible:
Ushuaia: El punto logístico y geopolítico más cercano a la Antártida, y el lugar donde EE. UU. ha manifestado su interés en establecer una presencia militar, según las revelaciones sobre la "letra chica" del acuerdo financiero.
Puerto Belgrano: La principal base naval de la Armada Argentina.
Mar del Plata: Base clave para la flota de submarinos.
Este decreto ejecutivo se publica sin la necesaria autorización del Congreso de la Nación, violando el artículo 75, inciso 28 de la Constitución, que otorga al Poder Legislativo la potestad de "permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación". El texto del decreto solo menciona que se dará cuenta a la Comisión Bicameral Permanente, eludiendo la obligatoria aprobación parlamentaria.
El desafío a la Causa Malvinas
La acción del Poder Ejecutivo se alinea con la creciente evidencia de que el gobierno libertario está dispuesto a sacrificar pilares de la política exterior argentina. La presencia de tropas estadounidenses en Ushuaia no solo consolida la "letra chica" del acuerdo financiero a cambio de soberanía, sino que choca de frente con la posición histórica sobre Malvinas.
La decisión de Milei se contrapone directamente con la iniciativa de la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria), quien presentó un proyecto de ley para prohibir el ingreso de tropas e infraestructura militar de países aliados del Reino Unido. La legisladora busca blindar la soberanía, fundamentada en la Cláusula Transitoria Primera, ante la amenaza que implica la presencia de una potencia, miembro de la OTAN y aliado de Gran Bretaña, en bases estratégicas. La propia Propato advirtió que "la defensa de nuestra soberanía no puede flexibilizarse en función de las necesidades económicas".
El acto de Milei es una respuesta directa al repudio social que sufrió en Ushuaia, donde la población lo rechazó por su postura anti-soberanía y por el desastre industrial. Mientras la sociedad fueguina, históricamente sensible a la Causa Malvinas, manifestaba su furia por la potencial entrega del territorio a una potencia extranjera, el presidente utilizaba la herramienta del decreto para formalizar la intromisión militar de Estados Unidos.
Este nuevo episodio confirma la estrategia del gobierno de Milei: utilizar el auxilio financiero de Washington como pretexto para consolidar una alianza militar que facilita la intromisión de EE. UU. en zonas de alto valor geoestratégico. La publicación del decreto en el Boletín Oficial, en medio de la crisis de campaña y la controversia diplomática por el saludo a Kosovo (cuyas tropas entrenan en Malvinas), consuma el acto de cesión de soberanía y profundiza el conflicto con el Congreso y con la posición histórica de la República Argentina. La soberanía se canjea por decreto.